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“Sufragio efectivo, no imposición"

Andrés Manuel
López Obrador


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Profirio Muñoz Ledo

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El programa "La verdad sea dicha" de la semana se encuentra al final del blog.

* Hoy es miércoles, agosto 30, 2006

Prensa del 30 de agosto

11:47 a. m.

El que sigue es un artículo que nos manda Chris:

México: El pueblo ante el fraude

"Adital"
29.08.06 - MÉXICO


Edgar González Ruiz *

No hay democracia en México, contrariamente a lo que el gobierno foxista pretende hacer creer al mundo, sino un manejo político para garantizar a toda costa la continuidad de la derecha en el poder.Por ello, el Tribunal Electoral del Poder Judicial rechazó un recuento total, voto por voto y casilla por casilla, aceptando hacerlo sólo en un diez por ciento de ellas, para luego desdeñar las numerosas evidencias de irregularidades que arrojó ese procedimiento.

Los sofismas a los que han recurrido los defensores del fraude son pueriles, al estilo de: "la duda ofende", "los votos ya se contaron", "las autoridades electorales son incorruptibles", "hay que respetar las instituciones", "no hubo trampas, sólo errores humanos", "no se presentaron las quejas en la forma debida", "los magistrados no pueden investigar si hubo trampas o no, porque no les corresponde", etc.

Los mencionados jueces, al igual que muchos comunicadores y personajes de la esfera política, han sido sumisos a los dictados de la derecha, pues obviamente ellos tienen sus propios y muy concretos intereses y privilegios que desean mantener.

Dichos magistrados ganan hasta 40 mil dólares mensuales, pero su ambición y su cobardía van mucho más lejos, como suele suceder en la historia humana. Ellos no viven como la inmensa mayoría de los mexicanos, y no quieren perder las ventajas de su posición, así como la seguridad y posibilidades de ascenso político y social que les proporciona, al grado de que en las últimas semanas se han denunciado intentos, evidentemente fructíferos, de la derecha para sobornar o presionar a tales personajes.

Ese tipo de negociaciones, que apelan a la bajeza y a la ambición son, al lado de la manipulación mediática de teleadictos y radioescuchas, una de las principales armas con que el oficialismo está enfrentando el movimiento social a raíz del fraude electoral pero que tiene raíces ideológicas más profundas.

Los grandes dirigentes lo son porque encarnan ideas y valores compartidos por su pueblo, como sucede con AMLO, quien ha sustentado un proyecto de nación que enfatiza la justicia social, la defensa de la soberanía y del estado laico, así como un estilo de gobierno republicano y austero, ideas estas últimas que sin duda detestan muchos altos funcionarios y miembros de la clase política.

Ante la inminente imposición derechista, Obrador ha convocado a una Convención Democrática, el próximo 16 de septiembre, donde, entre otras cosas, se analizará la forma que tomará el naciente movimiento social: si la promulgación de AMLO como mandatario reconocido por el pueblo, pero no obviamente por el poder oficial, o el nombramiento de un coordinador de la resistencia civil para una lucha que sin duda será larga y difícil.

En realidad, llevar a AMLO a la silla presidencial es la voluntad mayoritaria del pueblo de México, a la vez que prolongar la resistencia es el imperativo práctico que impone la pretensión dictatorial de la derecha.
Por su parte, la derecha se prepara para responder con los medios a su alcance, que pueden incluir la represión luego de la farsa legaloide que ha protagonizado el Tribunal. Fecal es un personaje proclive a las soluciones autoritarias, policíacas, pero hay que considerar también el alto costo político que su partido pagaría por tratar de enfrentar así las secuelas del fraude así como la falta de liderazgo y carisma de su propio candidato, quien no se atreve a dar un paso sin el cobijo del ejército presidencial, ni puede asistir casi a ningún evento público por temor a las protestas populares.

El gobierno foxista ya ha puesto en marcha esa estrategia a lo largo de este año, al reprimir en forma sangrienta a los habitantes de Atenco y a los mineros, y ha dado señales intimidatorias contra quienes apoyamos el movimiento de resistencia civil.

Desde luego, juega a disfrazar esas brutales amenazas con apelaciones a las "instituciones" y a las "leyes" que no llegan al corazón de nadie, pues en el fondo se traducen en el respeto a los privilegios que ofrece el poder. De acuerdo con el escenario que la derecha y sus medios pretenden inculcar a los mexicanos, AMLO se quedará sólo y nunca tendrá autoridad real, pero en la realidad, quien está solo es el gobierno de Fox y su candidato Fecal, que disponen de la fuerza, pero pueden comprar cómplices, pero no tienen autoridad moral ni siquiera, quizás, en su propio partido.

Los medios oficialistas, con sus triquiñuelas cotidianas, han tratado de crearles una base social constituida por simpatizantes mediáticos, ganados mediante la repetición cotidiana de consignas y de una propaganda de odio contra AMLO, pero esa supuesta simpatía es tan artificial como efímera, y hay que alimentarla con mucho dinero todos los días, a costa de la credibilidad de los propios medios.

El escenario real que se presenta al pueblo de México es la disyuntiva entre ceder a las presiones de la derecha y aceptar el fraude, o bien defender hasta las últimas consecuencias su voluntad y proyectos, sin otro límite que el carácter pacífico de la resistencia.

En ese marco, caben todavía muchos hechos insólitos, desde las formas nuevas de resistencia, que han surgido ya en el Plantón, con su atmósfera de escuela política y fiesta popular, hasta la redefinición del prestigio que luego de años el pueblo ha otorgado a personajes de los medios y de la vida cultural y política, que en estos momentos históricos a veces han actuado de manera oportunista o traicionera.

La participación en las protestas contra el fraude y el gobierno derechista, al igual que el boicot a productos comerciales de empresarios que colaboran con la imposición, y el empoderamiento de nuevos medios de comunicación son, entre otras, estrategias que pueden tener efectos decisivos y que dependen sólo de decisiones individuales que sumadas expresan la voluntad mayoritaria de la nación.

Es clara la derrota moral e histórica de la derecha mexicana, pero falta que la lucha del pueblo la haga posible también en el terreno político.

* Maestro en filosofía. Autor de Los Abascal

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El líder agrario Ventura Gutiérrez da a Gobernación documento para su análisis

Fox violó requisito de nacionalidad para ser Presidente, sospecha denunciante

El padre del mandatario dijo ser americano al registrar un hijo Solecito Su madre era española

JULIO HERNANDEZ LOPEZ


La Secretaría de Gobernación recibió el pasado martes una solicitud ciudadana para que investigue una prueba documental de carácter oficial de que Vicente Fox Quesada (Fox y Quezada, originalmente) es hijo de padres extranjeros y, por tanto, no cumplió con los requisitos para ser Presidente de la República que establece el artículo 82 de la Constitución.

Bajo su firma, el finado José Luis Fox Pont -padre del actual mandatario federal- declaró ser de nacionalidad "americana", según el acta de nacimiento de José Luis Fox y Quesada -hermano mayor de Vicente- levantada el 13 de febrero de 1941 en la ciudad de México ante Próspero Olivares Sosa, oficial del Registro Civil. El documento está asentado en la partida 368 de ese registro, juzgado 4, libro 1, foja 369, año 1941. Dado que la madre de Fox era de nacionalidad española, y su padre "americano", el ex gobernador de Guanajuato no habría satisfecho las exigencias del artículo 82 que establece que para ser Presidente se requiere, entre otras cosas, ser "hijo de padre o madre mexicanos". La opción "padre o madre" fue establecida durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari (1988-1994) mediante una reforma legislativa que abrió las puertas electorales a Vicente Fox, pues anteriormente los candidatos debían ser hijos de "padre y madre" mexicanos.

La confesión de nacionalidad "americana" es la única prueba conseguida hasta ahora por Ventura Gutiérrez, coordinador binacional de la Alianza Braceroproa 4264, quien durante dos años y medio ha hecho trámites ante autoridades civiles y eclesiásticas para conseguir documentos relacionados con la nacionalidad del padre del actual Presidente de la República. Esos trámites, según señala Gutiérrez, han sido permanentemente obstruidos y desatendidos, cual si fuesen una especie de secreto de Estado.

Gutiérrez tomó contacto con el tema en febrero de 2004, cuando encabezó la toma del rancho familiar de los Fox en San Cristóbal por parte de familiares de braceros que exigían la devolución de parte del salario que les fue descontado en Estados Unidos de 1942 a 1967. En aquella ocasión, viejos pobladores del dominio rural de los Fox aseguraron al dirigente de braceros que el padre de Vicente había nacido en Estados Unidos, al igual que su propio hijo. Algunos ancianos daban como verdad que el padre de Vicente había llegado a San Cristóbal a los 17 años, "hablando puro inglés", y que "antes de morir lo habían bautizado católico y registrado como mexicano". Vicente, también decían, había nacido en Cleveland, Ohio.

A partir de entonces, Gutiérrez comenzó a solicitar información oficial sobre Fox Pont. En el Registro Civil de Guanajuato se le entregó el 29 de septiembre de 2005 una copia certificada en la que se establece que nació el 11 de mayo de 1912 en Irapuato, Guanajuato. Sin embargo, no se ha respondido a la solicitud de conocer un apéndice de esa acta en la que según información dada a Gutiérrez habría otros datos. En la diócesis correspondiente a León tampoco se han extendido copias de las actas de matrimonio y de bautizo de Fox Pont.

El acta de nacimiento del actual Presidente de la República menciona que su padre sería de nacionalidad "mexicana" (contra lo que el propio padre había declarado dos años antes, al registrar a su primogénito, José Luis). Con una acotación en la partida 207, juzgado 8, libro 3, foja 207, año 1943, pues el señor Vicente Fox y Quezada consiguió el 9 de noviembre de 1995 que "el apellido materno del registrado debe ser 'Quesada'" y "deberá suprimirse la conjunción copulativa, quedando su nombre correcto como 'Vicente Fox Quesada'".

El dirigente de braceros, Ventura Gutiérrez, puso a consideración de la Secretaría de Gobernación los documentos oficiales que señalan la nacionalidad "americana" de José Luis Fox Pont para que se investiguen las consecuencias de que el actual Presidente de la República sea hijo de extranjeros. La información fue recibida el pasado martes, a las 11 horas con dos minutos, en la Unidad de Enlace General de la secretaría a cargo de Carlos Abascal.



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La calificación y el tribunal

Carlos Montemayor
"La Jornada"

Antes de la creación del Instituto Federal Electoral (IFE) y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), durante numerosas décadas los nuevos legisladores se erigían en colegio electoral para calificar las elecciones organizadas por el propio gobierno federal, en las que ellos habían resultado ganadores. Al finalizar el siglo XX la sociedad mexicana se propuso crear dos instituciones que de manera independiente y autónoma se ocuparan, una de ellas, de la organización de los comicios y, la otra, de la calificación de éstos, con el fin de terminar con la inercia de las elecciones de Estado, manipuladas o sometidas al control de los intereses del poder en turno.

Era necesario que los magistrados del tribunal electoral recordaran ese propósito básico de su origen, para que después tomaran en cuenta dos principios más de la historia propia del derecho: el bien común y la ahora cada vez más remota noción de justicia. No olvidemos que antes de la creación del IFE y del TEPJF se afirmaba siempre que las elecciones eran legales. Y en efecto eran legales, pero no legítimas; eran legales, pero no justas; eran legales, pero no equitativas. Regresar ahora al concepto de lo legal, que haga a un lado el propósito original de las nuevas instituciones electorales, empobrece la visión de la legalidad y oscurece la noción de legitimidad. Apegarse a la ley sin los propósitos que sustentan o deben sustentar en sus fundamentos a la ley misma y a la acción de los jueces mismos no puede consolidar la naturaleza esencial para las que fue creado el tribunal. Es decir, los magistrados tuvieron en sus manos no solamente la posibilidad de legitimar las elecciones presidenciales (no legalizarlas, que no es igual), sino legitimar la acción y sentido del tribunal mismo.

El IFE y el TEPJF debían asegurar que los procesos electorales no gravitaran ya en función del poder político en turno, decíamos. Pero los consejeros actuales del IFE demostraron con creces su parcialidad. Cuadros del viejo sistema político mexicano demostraron, también con creces, su disposición renovada a seguir confundiendo la democracia electoral con el control de los procesos electorales.

Faltaba sólo conocer el desempeño del tribunal como última instancia. El recuento de más de 11 mil casillas planteó al TEPJF dos posibles caminos, ambos legales pero de diferente profundidad y perspectiva. Uno, que al parecer prefirieron asumir los magistrados como único, reducir su valoración al ajuste aritmético del recuento de votos. Desde esta perspectiva, todas las alteraciones posibles, intencionales o no, se reducirían al ajuste aritmético de los errores detectados. La suma y la resta aritmética como medida de valoración es un camino legal, cierto, pero no el único. Sobre todo cuando el magistrado presidente expresó que "si no se invocan hechos para configurar una hipótesis de la ley, el juzgador no es investigador, no es fiscal que deba estar investigando hechos en la calle o con la gente. Tiene que partir sobre la base de los hechos que invocan las partes, el actor especialmente".

Cierto, no le faltó razón al magistrado presidente. Sobre todo con la explicación que agregó el magistrado José de Jesús Orozco: "los justiciables saben que sus pronunciamientos de carácter político, por legítimos que sean, deben traducirse en términos legales y probatorios para que sean viables. Ese es el sentido de la judicialización de la política: resolver conforme lo dispone el derecho".

De acuerdo. Otra vez de acuerdo. Sin embargo, llama la atención que en la resolución hayan insistido en adjudicar las inconsistencias en las actas al error aritmético y explicar que "el dolo es una conducta activa que lleva implícito el fraude o el engaño. El dolo no se puede presumir, sino acreditar (...) Existe presunción de que la actuación de funcionarios de casilla es de buena fe y conforme a derecho".

Precisamente en ese particular sentido fueron insuficientes las exposiciones doctrinales y procesales del tribunal. Porque, en efecto, la otra opción, también legal, era la valoración del tipo de errores aritméticos detectados que pudieran sugerir o revelar un error sistemático.

La posibilidad de un error sistemático puede comprobarse más efectivamente que la actitud subjetiva del dolo. Un error sistemático es susceptible de asimilarse al dolo, por supuesto, pero también a otros conceptos: fraude, control estadístico, manipulación estadística, programas estadísticos selectivos, mecanismos todos que no tienen que ver con "el dolo" de los funcionarios de casillas, sino con la organización del conteo de los comicios donde los ciudadanos no participan. Los magistrados, como no son investigadores en la calle ni fiscales, prefirieron reprobar en derecho a los abogados del PRD y argumentar, como los apologistas del IFE, que el cómputo oficial es resultado de la buena fe de los ciudadanos que participaron en las casillas y que por tanto ese cómputo no debía calificarse desde una perspectiva que no fuera aritmética.

La estadística es una herramienta muy importante para que cualquier gobernante tenga acceso a la información detallada de las variables sobre economía, demografía y de cualquier tipo que le permita tomar decisiones en bien de sus gobernados. También es útil para empresarios y científicos. Pero los datos estadísticos pueden ser mal interpretados o utilizarse tendenciosamente para sustentar conclusiones falsas. En ese sentido, el análisis de una muestra es fundamental para la obtención de resultados válidos, y generalmente el problema se centra en calcular el menor tamaño posible de la muestra para obtener resultados significativos dentro de un intervalo de confianza. En el caso de la muestra de más de 11 mil casillas, hubo más de 60 por ciento de errores de conteo e imprecisiones. Por extrapolación, la gran mayoría de las casillas se encontrarán en las mismas condiciones.

Lo grave de este asunto no son los errores propiamente aritméticos, sino la reiteración sistemática de casillas donde hay más boletas de las que se dispuso para ellas o más votos de los ciudadanos empadronados, o menos sufragios pero sin boletas no usadas. La incidencia de ese tipo de errores no son aritméticos, insisto; son señales de errores en el sistema. No haber tomado en cuenta esos "errores", no valorarlos como errores sistemáticos, es un grave error jurídico del TEPJF. No sólo histórico o político, sino de valoración jurídica. Debemos aceptar, sin embargo, que ese grave error no podemos aducirlo como prueba del dolo de los magistrados, sino, por decir lo menos, sólo de su candidez. Candidez legal, por supuesto, pero candidez sobre todo. Justo lo que en el pasado electoral de México, a lo largo de numerosas décadas, se pedía a los ciudadanos en cada jornada electoral manipulada: candidez.

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Fox: bombardero imparable


Luis Linares Zapata
"La Jornada"

Los enconos que Vicente Fox fue sembrando con su alocada predicación a lo largo del sexenio terminan en un berenjenal político, económico y social. Calles alumbradas con hogueras por vigilantes furtivos en Oaxaca, plantones de opositores en el mero Paseo de la Reforma de la capital, rasposa división clasista de los mexicanos con ribetes de enfrentamiento inevitable y una fábrica nacional exhausta y desmembrada son derivadas directas de sus provocaciones compulsivas. El crecimiento económico más ralo de toda la era neoliberal, la mayor deuda interna de la época posrevolucionaria, la menor tasa de empleo efectivo atada con una cauda, calculada en millones de hombres, mujeres, niños y hasta ancianos expulsados al exterior, todo ello como subproducto colateral de su desgobierno. Sin caer en la exageración: la peor administración del país desde el finiquito de la bola allá por los años veinte del siglo pasado.

Un saldo poco halagador para aquel que se erigió vencedor de los priístas y que inició su periodo dando alegres vueltas por el ancho mundo arropado por el famoso bono democrático. Mismo pergamino que derrochó en menos de un semestre de dislates diplomáticos y promesas de entregar el sector energético a cualquier fenicio interesado. Fox fue y sigue siendo, un real, efectivo, contundente bombardero de sí mismo. Un destructor de la esperanza de muchos millones de mexicanos que lo vieron como emisario de la eficiencia, como un hombre bueno y sin rencores que aliviaría la corrupción y el intenso, grotesco tráfico de influencias del viejo régimen. Un ensayo que, con datos duros a disposición de cualquiera, resultó por demás frustráneo, pero que, al parecer, el electorado no le cargó tan burdos pasivos -tampoco al raquítico balance de los panistas- en las pasadas elecciones del 2 de julio.

Este viernes Fox intentará presentarse ante el Congreso para entregar su último informe. Lo preceden sus alardes que chicotean, casi a diario, a una ciudadanía ya bastante enardecida por la derrota que le infligieron los magistrados del tribunal. Valentía que suena más bien a capricho aderezada con toletes de la fuerza pública. Las bravuconadas de Fox se apoyan en miles de policías y soldados apostados en el vecindario que miran atónitos a los abucheadores como sospechosos enemigos. Están decididos a contener las protestas de una población iracunda, alebrestada por los infatigables cuan ilegales intervenciones sin recato de Fox a favor del candidato de su partido. Sus cotidianas peroratas, revestidas con mustios argumentos legaloides, no pueden ocultar la identidad del odiado personaje esencial en que trasmutó a López Obrador, el anverso de su medalla, el político al que nuca quiso ni entendió, el catalogado como peligro mexicano.

El Palacio Legislativo será, sin duda, el lugar apropiado para que Fox reciba, frente a la mirada de la nación, el reclamo por sus bocanadas sin riendas, el rechazo a sus devaneos por erigirse en flamígero dedo supremo. Dedo que se posó, según los tiempos y las circunstancias, intereses y sentires, primero en su esposa, después en el preferido ex secretario -todo Palacio- hasta asentarlo, a regañadientes, en un correligionario al que había despedido de manera irreverente. La condena por su entreguismo ante los poderosos, sobre todo a los dueños del capital globalizado, se ha ido generalizando en la medida en que se incrementa la desigualdad. El aberrante reparto de la riqueza que se multiplica sin control y donde los poderosos del país encuentran su correlato obligado de pobreza apabullante.

Fox no puede irse canturreando al rancho a disfrutar de un retiro indecoroso, salir indemne con su legado de bravatas, de insultos y provocaciones al por mayor, a pesar de su confianza en la protección del próximo presidente. Los disfraces conceptuales, las maromas legales con las que intenta recubrir sus fobias hacia López Obrador no podrán abandonarlo. Un país agraviado se lo habrá de impedir. En el norte, los vecinos han erigido una muralla para contener el flujo de inmigrantes, fruto de su irresponsabilidad laboral. La zona de desastre en que convirtió a la política exterior de México tardará varios años en ser reparada. Un movimiento social y político, inédito en la reciente memoria de México, toma cuerpo y está a punto de arrancar su peregrinaje por todo el territorio nacional como derivada de su manoseo antidemocrático, su maridaje con los poderes fácticos y el ninguneo clasista para con los de abajo. La pequeña historia de su mandato no escatimará condenas para este desfalleciente sexenio y su personaje estelar.


Por : trueeyes




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