El drama panista Sergio Aguayo Quezada La condición humana se manifiesta en la reacción desencadenada por el contacto con, y el ejercicio del, poder. Es frecuente que se desafinen las fibras éticas tal y como ha sucedido con el Partido Acción Nacional (PAN). El 17 de diciembre del 2006, el PAN instaló 120 casillas en Yucatán para que los 12 mil y pico de sus militantes en esa entidad pudieran seleccionar a su candidato a gobernador para los comicios del próximo abril. Hubo un trío del cual escoger: Luis Correa Mena, Xavier Abreu Sierra y Ana Rosa Payán y de los 10 mil 748 militantes que se acercaron a las urnas, el 52 por ciento votó por Abreu (cercano a Felipe Calderón), el 38 por ciento por Payán y el resto por Correa Mena. Aunque los catorce puntos de diferencia entre primero y segundo son una pesada e inapelable losa, Ana Rosa desafió los pronósticos y la lógica al exigir la anulación de las primarias. Ana Rosa es panista desde hace 23 años y durante ese tiempo aprendió a perder y ganar elecciones. Es una política veterana con tan sólida trayectoria de compromiso cívico y social, que cuesta trabajo colgarle el sambenito de "berrinchuda". El tamaño de su perfil impone la pregunta: ¿Qué está pasando dentro de un partido cuyos militantes se enorgullecían de ser tachados como los "místicos" del voto y la limpieza electoral? En entrevista telefónica, Ana Rosa Payán detalla la evidencia sobre la "intimidación, las amenazas y la compra de votos" empleados por al menos una parte de la pesada estructura gubernamental panista para favorecer a Xavier Abreu. Si el Estado no hubiera intervenido, dice Payán, ella hubiera ganado la elección. Una y otra vez insiste en lo irritante y doloroso que le resultó constatar que el PAN repitió las actitudes y políticas propias de los fraudes priístas. Las frases que mejor capturan la esencia de su opinión y estado de ánimo, aparecen en un par de columnas publicadas por El Diario de Yucatán el 28 y 29 de diciembre del 2006: En lugar de deslumbrar por el "blanco maravilloso" y el "azul profundo" se presentó en el escenario un "PAN desteñido y tricolor" con olor a "despensa, a dádiva, a presión o amenaza". Payán presentó sus quejas ante las instancias partidistas locales que las desecharon, lo que en opinión de Payán "era predecible? Porque en todo el proceso [el PAN estatal] actúo de manera parcial a favor de Xavier Abreu". Esta semana, se reunirá en el Distrito Federal con el Comité Ejecutivo Nacional de 42 integrantes ante el cual presentará sus argumentos. Fuentes panistas cercanas al caso, me confirman la preocupación existente porque sí hubo irregularidades en Yucatán, porque el asunto se imbrica con la fractura entre Calderón y Espino y por el riesgo de una ruptura en uno de los principales bastiones panistas. El asunto trasciende Yucatán porque según Ana Rosa las "prácticas observadas en Yucatán se reproducen en diversos estados y municipios". Es tan grave su diagnóstico que la yucateca decidió romper con la costumbre panista de lavar lo percudido dentro de casa y, amparándose en la "verdad" y la "transparencia", está dando una pelea por su causa y porque piensa que su partido "está en un punto de quiebre y debe rectificar y corregir ese tipo de prácticas". Desde esa perspectiva, el PAN estaría pagando las consecuencias de una crisis iniciada hace casi dos décadas. Para Ana Rosa, los primeros 50 años de su partido fueron de un "romanticismo extraordinario". En 1989, y en plena celebración del 50 aniversario, "ganamos en Baja California y a partir de ahí siguieron los triunfos en todo el país. En 1990, el PAN empezó a recibir dinero público (enormes cantidades añade el columnista) y llegaron militantes interesados, sobre todo, en cargos, negocios y dinero. La combinación de dinero, poder y triunfos (remata), fue distorsionando la ética pública" de un sector de la militancia que abandonó principios mientras repetía una y otra vez, cual monjes tibetanos, el mantra de que "el fin justifica los medios". El drama del PAN, es parte de una crisis sistémica de la política mexicana que tiene entre su principales causas el exceso de dinero público entregado a los partidos, los ríos de recursos privados que fluyen a los comicios y el deseo de triunfar a cualquier costo. Prosperan los decididos a jugársela con todo por el candidato. La legalidad existe para sacarle la vuelta y buscar sus puntos débiles. Todo se racionaliza diciendo que es la única forma de ganar en la política o inventando sofismas como el asegurar que lo normal en el mundo son las campañas negativas en televisión que vimos en la presidencial del año pasado (son comunes en algunos países y están prohibidas en otros). Lo anterior es en buena medida posible, porque los árbitros se contentan con la aplicación laxa de la norma y porque les importan poco virtudes tan etéreas ?y al mismo tiempo tan indispensables- como la justicia o la democracia. Sigue entonces que el partido gobernante está poniendo todo su peso y recursos para que su favorito se alce con la victoria. Lo sucedido en Yucatán ya pasó en otras elecciones locales, ya lo vimos en las presidenciales del 2006. Quienes pierden tienen la opción de quedarse callados y prepararse para la próxima o protestar como pueden. Sea cual sea el desenlace del caso Payán, lo más probable es que en Yucatán veremos una campaña y elección de baja calidad democrática. El PRI husmea la posibilidad del triunfo y se lanzará por él; el PAN ya demostró de lo que es capaz para mantener el poder. Así terminó el tan temido choque de trenes. Eso es sólo el comienzo; en el 2007 tendremos 14 elecciones locales y en Oaxaca, Veracruz y Baja California, entre otras, reviviremos variaciones de la misma tonada. El año pasado recibí centenares de cartas criticándome o injuriándome porque ponía en duda la pureza virginal de las elecciones presidenciales. Yucatán me reivindica más pronto de lo esperado porque lo que sostuve entonces, y sostengo ahora, es que la calidad de la democracia mexicana ha sufrido un grave retroceso porque se perdió la certidumbre en los resultados y eso lleva a la inconformidad de los derrotados. Eso le pasó a Andrés Manuel López Obrador, eso le está pasando a Ana Rosa Payán, eso le seguirá pasando a muchos y muchas más. Yucatán es otra puesta en escena del drama popularizado en el último sexenio: Del Olimpo al arrabal. La triste historia de una democracia de ínfima calidad. --------------> Gil Díaz en HSBC Miguel A. Granados Chapa Plaza Pública El presidente Vicente Fox --en cuya administración Francisco Gil Díaz fue secretario de Hacienda y Crédito Público-- hizo publicar el trece de marzo de 2002, en el Diario Oficial de la Federación, la Ley federal de responsabilidades administrativas de los servidores públicos, cuyo artículo 9 reza inequívocamente que "el servidor público que deje de desempeñar un empleo, cargo o comisión deberá observar, hasta un año después de haber concluido sus funciones, lo siguiente:" a) En ningún caso aprovechará su influencia u obtendrá alguna ventaja derivada de la función que desempeñaba... b) No usar en provecho propio o de terceros la información o documentación a la que haya tenido acceso en su empleo, cargo o comisión y que no sea del dominio público..." El dos de enero de este año, la oficina principal del banco HSBC informó que Gil Díaz, que apenas un mes atrás, el 30 de noviembre, concluyó sus funciones al frente de las finanzas nacionales, había aceptado actuar como consejero independiente. Ese poderoso consorcio no sólo fichó --como se dice en la jerga futbolística, no en la de la vida nocturna-- al ex secretario de Hacienda mexicano sino también, para una posición similar, a Simón Robertson, que había encabezado la firma Goldman Sachs, centro de referencia de la vida financiera internacional. El 8 de enero, ante las reacciones adversas suscitadas por su incorporación al consejo de ese banco británico, Gil Díaz emitió un comunicado en el que asegura haber consultado los aspectos legales de su contratación. Y la excusa pretendiendo que la ley citada "se refiere explícita y claramente a instituciones reguladas por las autoridades mexicanas", por lo que no es aplicable a la bancaria, que tiene nacionalidad y sede británicas. Si la fórmula entre comillas, tomada de su nota de prensa, derivó del consejo de los abogados consultados, Gil Díaz fue engañado, ya que la legislación que se ha citado se refiere, tan explícitamente que tal es su título, no a instituciones sino a personas, es decir a servidores públicos mexicanos y a quienes dejan de serlo. El ex secretario, o sus consejeros, prefirieron citar a su vez una porción de la ley que en efecto no le es aplicable, para exonerarse de cualquier violación, ya que se refiere a los funcionarios en ejercicio y no es ese el caso. Tal como está redactada la norma mexicana que sí puede serle aplicada --redactada en la oficina encabezada entonces por el secretario de la contraloría Francisco Barrio, con quien su tocayo Gil tuvo varios desencuentros--, la aceptación de un nombramiento no implica por sí misma violación a los deberes de los ex servidores, pero sí coloca a Gil en situación de infringir la obligación que claramente impone la ley. La norma es defectuosa y difícilmente sería aplicable en la segunda hipótesis, la de usar en provecho de terceros información o documentación a que tuviera acceso por su cargo, porque se trata de una conducta personalísima, no sujeta a escrutinio público en sí misma sino acaso por sus resultados. Se ha sugerido, en cambio, que Gil Díaz fue incorporado al banco británico por favores que habría hecho, es decir, por quedar en la primera hipótesis del artículo 9, la de obtener ventaja en función del cargo que desempeñaba. En su última comparecencia ante los diputados, en septiembre pasado Gil Díaz aseguró no poseer intereses en ninguna sociedad mercantil, a propósito de la creación de Isosa, la singular compañía pública privadísima que organizó en 1993, cuando fue subsecretario de ingresos de Hacienda. Tal aseveración es comprobable documentalmente pues los servidores públicos están obligados a manifestar su patrimonio. Lo que no puede verificarse es si un acto administrativo, legalmente fundado, puede ser compensado inmediatamente o tras un lapso, al cabo de la gestión de quien lo realiza. Por ello debe atribuirse peso a la afirmación de Gil Díaz sobre su honestidad personal. Lo cierto es que HSBC llegó al mercado bancario mexicano en noviembre de 2002, cuando conforme a reglas que Hacienda (y la Comisión nacional bancaria y de valores, Conbava) tenían la responsabilidad de aplicar. El consorcio británico (nacido en Hong Kong y Shangai en 1865) habría identificado en América del norte una región promisoria para su expansión y desde 1980 se había instalado en Estados Unidos, y en Canadá al año siguiente. En 2000 se interesó en adquirir un banco mexicano, y el grupo español SCH lo superó en la compra de Serfín. Dos años más tarde el desenlace fue inverso: el consorcio español tenía una porción relevante del grupo Bital pero no pudo pagar el precio, un mil doscientos nueve millones de pesos que la firma británica erogó entonces. Con esa venta se consolidó el proceso de extranjerización de la banca que opera en México. Bital, antiguamente Banco internacional, que después adquirió al del Atlántico, había cruzado épocas críticas por diferencias entre sus principales accionistas, Antonio del Valle y Luis Berrondo, al cabo de las cuales prevalecieron los intereses de este último, que después de la transmisión de Bital a HSBC concentra su energía al frente de industrias Mabe, mientras que Del Valle ha reincidido en la intermediación financiera en un banco boutique. La adquisición de acciones de mexicanos por bancos extranjeros fue autorizada por Hacienda y Conbava sin reparar en que la salud institucional que la hacía apetecible derivaba del apoyo gubernamental, con cargo a los contribuyentes, a través del Fobaproa. [+/-] muestra/oculta esta entrada

Por : trueeyes