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* Hoy es domingo, septiembre 24, 2006

Artículo en el Los Angeles Times, traducido al español

3:35 p. m.

El siguiente es un artículo publicado en el L.A. Times el pasado 22 de septiembre, en el que hablan de las sospechas que se tienen de una complicidad de las autoridades electorales con Calderón para permitir su llegada al poder.

Artículo traducido por HoyPG.

¿Qué esconde México?

La negativa del Instituto Federal Electoral de permitir el acceso de las boletas de la reñida elección presidencial mancha la marcha hacia la democrácia del país.

Por: Irma Sandoval y John M. Ackerman
Septiembre 22, 2006
"L.A. Times"

Mexico ahora tiene dos presidentes electos. Uno oficialmente reconocido por las autoridades electorales (Felipe Calderón) y el otro proclamado "presidente legítimo" por millones de seguidores (Andrés Manuel López Obrador). Solo existe una forma de superar esta crisis. Al igual que en la contienda de Bush contra Gore en la elección presidencial estadounidense del 2000, a un grupo de periódicos mexicanos debería permitírsele llevar a cabo su propio sondeo de las boletas.

Desafortunadamente, el Instituto Federal Electoral, el cual organiza las elecciones presidenciales, ha anunciado que no abrirá las boletas al escrutinio público. El instituto parece inclinado a repetir el desempeño gubernamental posterior a la elección presidencial de 1988, en la cual las computadoras "se cayeron". Es ampliamente creido que un fraude masivo permitió a Carlos Salinas de Gortari, el candidato del Partido Revolucionario Institucional, o PRI, misteriosamente sobrepasar la inicial ventaja del candidato de la izquierda, Cuauhtemoc Cárdenas. Para cubrir los rastros, el gobierno rápidamente quemó la evidencia.

La ley de acceso a la información de México, decretada en 2002, es una de las mejores en el mundo. Le da la prioridad a la transparencia, indicando que todo debe ser hecho público excepto cuando el acceso a ella pueda dañar la estabilidad económica o la seguridad nacional. Pero incluso esta información "reservada" debe hacerse disponible después de haber pasado 12 años.

La ley mexicana mantiene confidencial la información personal, incluyendo nombres, fotografías y orientaciones sexuales de individuos particulares. Pero, por supuesto, las boletas secretas no contienen ninguno de éstos datos. A pesar de que al instituto se le pide por ley destruir las boletas eventualmente, no hay necesidad de hacerlo inmediatamente. Y sería ilegal llevarlo a cabo prematuramente con el propósito de evitar las peticiones de libertad de información.

Calderón, para crédito suyo, ha pedido al instituto que "preserve las boletas el mayor tiempo posible" con el interés de asegurar "certeza" a los resultados electorales. Esto es un paso positivo, pero no va a la centro del problema. Preservar las boletas no ayuda a nadie si no se permite que nadia las examine.

Aún peor, el Partido de Calderón, Acción Nacional, votó el martes contra la formación de una comisión especial del congreso para mantener las boletas electorales, colocando la duda en el compromiso del PAN a la transparencia. Calderón y su partido deberían declarar explícitamente que las boletas deben ser abiertas al escrutinio público y tomar medidas para asegurar que se lleve a cabo.

Hay un problema mayor. Al Instituto Federal Electoral se le permite ocultar y prematuramente destruir las boletas, esto abriría la puerta a propiciar que otras agencias gubernamentales se burlaran de la ley de acceso a la información. El instituto ha argumentado que las boletas no son "documentos" sino únicamente la "expresión material de las preferencias electorales" y por tanto, no son sujetas a la ley de información. Dicha recategorización ad hoc (a modo)* con el propósito de evitar el acceso es castigable por la ley, y permitirlo en este caso sentaría un peligroso precedente en esta naciente democracia.
El Instituto de Acceso a la Información Pública de México, el cual tiene el mandato de promover conformidad por todas las agencias gubernamentales al la ley de acceso a la información, también ha mantenido un preocupante silencio a este problema crucial. Está en tiempo extra para un pronunciamiento por parte de sus comisionados respaldando la lay de información. Tal declaración tamién ayudaría a disipar preocupaciones sobre ataduras personales y cualquier conficto de intereses entre el comisionado en jefe y Calderón.

En general, las autoridades electorales han innecesariamente motivado sospechas sobre la "victoria" de Carlderón. El Tribunal Electoral, que certifica los resultados de la elección, anunció que Calderón ganó. Pero falló en divulgar detalles de su recuento parcial, el cual mostró extensas irregularidades en el cómputo de los votos. Y a pesar de que condenó la campaña ilegal de comerciales y la intervención del presidente Vicente Fox, fallaron en determinar su impacto general. En una elección decidida por solo 2300,000 votos de un total de 41 millones emitidos, incluso las más pequeñas discrepancias podrían haber hecho una gran diferencia.

Las boletas de Florida en la elección presidencial norteamericana en el 2000 no fueron destruidas. Están disponibles para consulta y observación de las generaciones venideras. Recientemente, Ohio retrasó la destrucción de sus boletas presidenciales del 2004 para permitir el futuro estudio de irregularidades.

Los mexicanos no merecen menos. Tienen el derecho de saber lo que realmente ocurrió el día de la elección. Estamos en un momento crucial en la transición de México a la democracia. Después de 70 años de fraude electoral bajo el PRI, el gobierno panista de Fox debe asegurar absoluta integridad en el proceso por el cual le pasó el poder a Calderón, su sucesor del PAN. Quemar las boletas significaría un retroceso de 20 años de la democracia Mexicana. El acceso total a las boletas (y luego a un recuento, si se juzga autorizado) por organizaciones civiles de buena reputación en la misma forma de la de Bush contra Gore, restauraría la credibilidad de las dañadas instituciones electorales de México.

IRMA SANDOVAL y JOHN M. ACKERMAN son profesores del Instituto de Investigaciones Sociales y del Instituto de Investigaciones Jurídicas, respectivamente, de la Universidad Nacional Autónima de México. Ellos asesoran a la revista Proceso, cuya petición al acceso a las boletas fue rechazada este mes.


Por : trueeyes




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