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Andrés Manuel
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Profirio Muñoz Ledo

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* Hoy es domingo, septiembre 24, 2006

Editoriales del 24 de septiembre

12:25 p. m.

Reconstituirnos

José Agustín Ortiz Pinchetti
Diario de Guerra (electoral)
"La Jornada"


La crisis política ha producido, por lo menos, dos certezas: el gran problema del país está en la desigualdad y en la pobreza. Esta es la causa eficiente de la imposibilidad de desarrollo económico auténtico y la convicción de que las instituciones son en su mayoría inoperantes, corruptas o caducas, por lo que se requiere su reforma profunda.

Como lo señala Guillermo Knochenhauer, las instituciones están organizadas para favorecer sistemáticamente los intereses de los más influyentes. Están diseñadas para perpetuar la desigualdad y el estancamiento económico. La vinculación entre la estructura política y la desigualdad es obvia. Los grupos de poder económico controlan a los poderes políticos, eliminan la competencia y distorsionan el funcionamiento sano del mercado. Calderón no sólo fue el candidato del PAN, sino de la alta burocracia, del poder sindical más corrupto, de los grupos de interés que se comportan como si fueran los propietarios del país. Estas mismas formas perversas de monopolios son las que han atrapado a Fox y atraparán también a Felipe.

A pesar de la conciencia de que se necesita una reforma de las instituciones mexicanas que llevaría a una revisión de la Constitución de 1917, ésta no se dará sin una gran presión, porque justamente los intereses que se oponen al cambio son los que dominan a la mayoría de la clase política.

La convención nacional democrática, aliada al Frente Amplio Progresista, es decir, el movimiento social de resistencia que encabezan Andrés Manuel López Obrador y los partidos de la coalición que apoyaron su candidatura, deberán encabezar la demanda popular de reconstitución de la República.

El fundamento de este impulso se encuentra en el artículo 39 de la Constitución, que reconoce en el pueblo la soberanía nacional y el derecho de éste para alterar o modificar su forma de gobierno.

La convención ha establecido un plazo de un año para iniciar el proceso convocando a un plebiscito compatible con el espíritu y la letra del artículo 39. Los temas son múltiples: ¿cómo acreditar la participación activa de los ciudadanos? ¿Cuál será el órgano responsable de la consulta y con qué medios técnicos y humanos se implementaría? ¿Cómo formular la consulta plebiscitaria? ¿A qué temas concretos de la estructura jurídico-política y de los derechos sociales deberá concentrarse? ¿Cómo difundir la convocatoria y los resultados? ¿Cómo ejercer una presión eficaz para que con base en lo decidido en el plebiscito se pueda desencadenar un proceso constituyente?

Todo esto empezará a definirse y a programarse, cuando en las próximas semanas la comisión del proceso constituyente creada por la convención nacional democrática empiece sus trabajos.

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Rehenes del PRI

Jorge Zepeda Patterson
"El Universal"


E l gobierno federal está a punto de cometer un error descomunal. El presidente Fox ha prometido que "resolverá" el problema de Oaxaca antes de que termine su gestión, lo cual no estaría nada mal. Pero también ha dado claras muestras de que apoyará contra viento y marea al gobernador Ulises Ruiz, bajo el principio de que los gobernadores no deben caer por la presión popular.

En plata pura lo anterior sólo significa una cosa: reprimir por la fuerza pública al movimiento de la APPO. No sólo se trata de una interpretación a partir de las actitudes de Los Pinos y de Bucareli; se observan además síntomas inequívocos de que se ha puesto en marcha una estrategia mediática para generar un clima favorable a una intervención armada.

La opinión pública ha sido bombardeada con noticias e insertos sobre "la irresponsabilidad e intolerancia de los revoltosos" y el daño económico que han provocado a la región. Se ha propiciado una percepción de hartazgo en círculos políticos que favorecería la interrupción del conflicto mediante la aplicación de mano dura.

Seguramente en Los Pinos están esperando que las encuestas arrojen un margen suficiente de "aprobación" para golpear al movimiento. El problema es que las rupturas sociales no se resuelven por encuestas o por mayoría de votos. Lo que sucedió en Atenco, originalmente provocado por una docena de vendedores de flores desalojados, es asunto de niños comparado con lo que puede pasar con la represión de la APPO. No sólo por la magnitud del movimiento y por la legitimidad de sus causas, sino por la situación del país en plena crisis postelectoral.

Peor aún, recordemos que justamente fue un intento de desalojo violento de los maestros por parte del gobernador, lo que provocó que el movimiento se radicalizara y tomara más fuerza, pasando de un conflicto magisterial de reivindicaciones económicas, a un movimiento social de exigencias políticas.

Sostener a Ulises Ruiz y reprimir al movimiento es una decisión equivocada por varias razones. Los gobiernos priístas lograron décadas de estabilidad porque entendían que la gobernabilidad estaba por encima de las lealtades de grupo. Los presidentes solían "tumbar" a los gobernadores que rompían las reglas del juego, lo cual permitía salir al paso de conflictos sociales de envergadura. Ulises Ruiz rompió todas esas reglas. Para empezar, fue impuesto por Roberto Madrazo a contracorriente de las fuerzas políticas locales. Tan pronto como llegó al poder, Ulises Ruiz se dedicó a golpear a sus adversarios en la peor de las tradiciones caciquiles.

La ola de represión que desató apenas es conocida en el resto del país. Pero podemos imaginarla si recordamos los ataques que perpetró en contra del principal diario de la entidad, Noticias de Oaxaca, a pesar de la exhibición y el repudio de los medios nacionales y las agencias de prensa extranjera. Los disidentes que mandó golpear o desaparecer en las comunidades oaxaqueñas nunca alcanzaron los titulares, pero los hubo.

Antes de descalificar a la APPO por su intransigencia para exigir la renuncia de Ulises Ruiz, habría que recordar que hasta ahora los muertos han caído del lado de los presuntos "violentos". Cinco manifestantes han muerto hasta hoy, la mayoría en operativos realizados por comandos clandestinos enviados a balacear los retenes a la media noche. Desde luego, los manifestantes han cometido errores y excesos que son reprobables. Pero nada comparable a los de los esbirros del gobernador.

Se me dirá que aun cuando tengan motivos válidos para protestar, tendrían que encontrar otros medios para expresarse y no afectar a terceros o a la economía de la región. ¿Pero de veras podemos creer que tienen otras vías? Noticias de Oaxaca fue agredido físicamente por atreverse a publicar notas contrarias al gobernador. Por desgracia los grupos más desprotegidos sólo tienen la calle para dar a conocer sus agravios. Kamel Nacif, ya lo oímos, levanta el teléfono para movilizar a gobernadores. Los grandes empresarios contratan abogados como Diego Fernández de Cevallos, lo cual prácticamente equivale a comprar un pedazo de administración pública. Los banqueros no necesitan tomar Reforma para obtener un Fobaproa a la medida de sus intereses. Ni las televisoras tienen dificultades para obtener una ley favorable a sus chequeras. ¿A quién pueden recurrir los movimientos populares para protestar contra un gobernador que actúa como reyezuelo despótico?

Es absurdo que el gobierno federal haya "comprado" la noción de que la caída de Ulises Ruiz provocará un efecto dominó sobre otros gobernadores o el mismo Calderón, como resultado de la presión de la calle.

Por el contrario, en lugar de salir a defender a rajatabla a los funcionarios que son cuestionados por los sectores populares, Fox mostraría que gobierna para todos en la medida en que sea capaz de dar la espalda a gobernadores como Ulises Ruiz o Mario Marín, contrarios a los intereses del pueblo. Ciertamente fueron elegidos "legalmente", pero han cometido violaciones que en cualquier país democrático habrían provocado su renuncia.

O quizá no "compró" nada y simplemente el gobierno está siendo rehén del PRI. El jueves una diputada panista, Rocío del Carmen Morgan, dijo en la tribuna que el PRI era un partido podrido, entre otras cosas. Minutos más tarde, Emilio Gamboa amenazó a Héctor Larios, coordinador de los panistas, con romper su alianza, juntarse con el PRD y boicotear la sesión del 1 de diciembre para impedir el quórum en la toma de posesión de Calderón. Resultado: la diputada ofreció disculpas y sus palabras fueron retiradas del Diario de Debates.

En cualquiera de las dos hipótesis, sea por convicción propia, o porque fue obligado por el PRI, es lamentable que al final del sexenio el gobierno de Fox se tiña de sangre por la defensa de un miserable.


Por : trueeyes




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