Locura, sólo pensar en desalojar los plantones, advierte el priísta Arroyo Vieyra Reprimir las protestas de la coalición agravaría la crisis, señalan diputados ROBERTO GARDUÑO "La Jornada" Cualquier salida represiva contra Andrés Manuel López Obrador y los miles de mexicanos que lo respaldan en el centro del Distrito Federal constituiría una locura, una inmoralidad que profundizaría como nunca la crisis política en el país, coincidieron los diputados priístas Alberto Aguilar Iñárritu y Francisco Arroyo Vieyra, así como los perredistas Miguel Alonso Raya y Gerardo Ulloa. Señalaron que el presidente Vicente Fox muestra incapacidad y escasez de cultura política, porque "descaradamente ha atendido los intereses de la cúpula gobernante, de los empresarios y de su partido, desatendiendo lo más importante: el bienestar de la República". Para el priísta Aguilar Iñárritu, "el único camino en estas horas aciagas es hacer política, la cual el Ejecutivo federal ha hecho a un lado"; en cambio, señaló, "alienta a los sectores radicales para asumir preocupantes acciones violentas, como la que se refiere a un posible desalojo de las miles de personas desplegadas" del Zócalo a la fuente de Petróleos. En medio de la controversia que desata la posibilidad del uso de la fuerza, el legislador advirtió que es difícil en estos momentos el inicio del diálogo, cuando el bienestar de la República se ha instalado en dos escenarios convergentes que tienen que ver con la legitimidad del triunfo electoral de cualquiera de los principales candidatos presidenciales y la legalidad imperante en todos los rincones del país. "Una salida legal no basta para resolver el gran problema de legitimidad que se cierne en el terreno político. "Resulta lamentable que no se hable de los intereses de la República, sino que únicamente imperen los intereses de grupo o de partido. "En estos momentos lo que más conviene al país es un interinato (presidencial), destinado a resolver en 18 o 24 meses los problemas que han propiciado las reglas arcaicas que fluctúan en el ámbito político." El presente conflicto, abundó, no es producto de la espontaneidad, sino "la crónica de un desastre anunciado; tiene un origen estructural, y se remonta a que las elites en el poder no se han hecho cargo de los problemas nacionales y han omitido reglas de entendimiento". Derivado de todo eso, agregó el diputado priísta, hablar de una salida distinta a la política no conviene a nadie. "El país está en riesgo de entrar en un tobogán político porque no se ha hecho imperar el acuerdo y la negociación; quienes encabezan el actual gobierno creen que están manejando un asuntito tipo 1988 y no se dan cuenta de que esto es verdaderamente complicado." A su vez, el perredista Miguel Alonso Raya manifestó que cualquier acción represiva anularía la política como vía de solución y desenmascararía el autoritarismo del gobierno foxista y su partido. "Esto complicaría muchísimo la convivencia y vida política en México; es un riesgo para la estabilidad de la República y preocupa porque se pretende restaurar el viejo régimen autoritario." Obstinación foxista Señaló que el foxismo está obstinado en imponer su voluntad, porque "hay escasez de responsabilidad al no existir ningún resquicio que legitime las amenazas de uso de la fuerza; la única decisión que han tomado es imponer a un presidente espurio". Mientras, el priísta Arroyo Vieyra calificó de "irracional" y de "locura la sola posibilidad de pensar en el desalojo de los plantones". Descartó que la Policía Federal Preventiva pudiese actuar contra los manifestantes, aunque Fox tiene atribuciones para ordenar al secretario de Seguridad Pública del Distrito Federal, Joel Ortega -vía el jefe de Gobierno del Distrito Federal, Alejandro Encinas-, que desaloje los plantones. "De cualquier forma sería inmoral, sería irracional, una locura y no existiría ninguna ganancia política sobre el caso." Con mayor dureza, el perredista Gerardo Ulloa Pérez advirtió que "cualquier decisión irracional del foxismo en torno a la libre manifestación de los ciudadanos significaría, sin lugar a dudas, la mayor provocación de la historia contemporánea al pueblo de México. "Creo que no tienen conciencia de lo que generarían. La descomposición, que ya se halla a galope, se aceleraría, y convertirían al país en un desastre. Tan sólo observemos lo que ha sucedido en Colombia, donde han pasado más de 10 años y no se prevé la posibilidad de una resolución a las graves contradicciones que ahí se alimentaron. "Igual que en ese país, en el nuestro tenemos un feroz narcotráfico que está más activo que nunca, existen grupos guerrilleros y, sobre todo, la pobreza se incrementa como nunca. ¿Qué pretenden Fox, su partido y su candidato espurio?" Insistió en que hoy como nunca la única herramienta que hará posible la solución de la crisis actual es la política. "Pero no la seudopolítica implementada por Vicente Fox y su camarilla, (sino) la política más seria y profunda que dé visos de solución a los grandes problemas nacionales, y sobre todo que en ningún momento atente contra el pueblo y su soberanía." --------------------> Plantean ONG conteo ciudadano Georgina Saldierna y Gabriel León "La Jornada" Unas 100 organizaciones se sumaron ayer a la solicitud de diversos intelectuales para tener acceso a la información de los paquetes electorales, a fin de realizar un recuento ciudadano que aclare quién ganó las elecciones presidenciales del 2 de julio. El argumento es que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) "no está procediendo con transparencia". Entre las organizaciones que respaldan la demanda para realizar el recuento destacan la Academia Mexicana de Derechos Humanos, la Asociación Mundial de Radios Comunitarias México, Católicas por el Derecho a Decidir, el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, Paz con Democracia y Alianza Cívica. Para conocer esos datos se presentará la solicitud ante el Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI). Rafael Reygadas, de Alianza Cívica, reconoció que el resultado no tendrá efectos legales, pero sí dejaría en claro quién ganó la elección presidencial. En el IFAI informaron que la solicitud tiene que hacerse ante el TEPJF, ya que el instituto no tiene competencia en asuntos relacionados con el IFE, universidades, CNDH, Banco de México y los poderes Legislativo y Judicial. ----------------------> Responsabilizará PGJDF penalmente a funcionarios federales por videos Señala el procurador capitalino, Bernardo Bátiz, que aparte de lo expresado por Ahumada en los videos presentados recientemente existen evidencias de que la PGR trato de evitar la entrega del argentino a las autoridades locales Rubelio Fernández El Universal Ciudad de México Domingo 20 de agosto de 2006 10:10 La Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) responsabilizará penalmente a funcionarios federales que protegieron o ayudaron a Carlos Ahumada cuando era investigado por los fraudes cometidos en contra del gobierno de la ciudad. Bernardo Bátiz, procurador de Justicia en la capital del país, dijo que aparte de lo expresado por Ahumada en los videos presentados recientemente por la XEW existen evidencias de que la Procuraduría General de República (PGR) trato de evitar la entrega del argentino a las autoridades locales que lo requerían cuando fue deportado de Cuba. "Aunque los videos no son prueba plena sino indicios, existen otro tipo de evidencias de la protección que recibió al llegar al hangar de la PGR". El fuero con que cuenta el senador Diego Fernández de Cevallos, quien expresó públicamente que defendería a Carlos Ahumada y con el que contará próximamente Santiago Creel serían algunos impedimentos, pero en el caso de Rafael Macedo de la Concha sí se podría proceder penalmente legalmente. La Procuraduría ya hizo la petición formal al gobierno cubano para que entregue copia de las entrevistas hechas a Carlos Ahumada en la isla y anunció que pedirán a la XEW el video presentado para determinar qué elementos podrían ser integrados para iniciar una averiguación. Respecto a los videoescándalo dados a conocer dijo que próximamente el juez resolverá en contra de René Bejarano por el uso de recursos ilícitos. Y Gustavo Ponce, ex secretario Finanzas local, de ya esta procesado también, en cambio, los Amigos de Fox, los involucrados en el Pemexgate y Oscar Espinosa Villarreal, a quien se investiga por 420 millones de pesos y no por 4 como es el caso de René Bejarano, quien en ese momento no era funcionario público, siguen libres. El video dado a conocer hace tres días confirma lo que sucedió en 2004 y que ya había sido señalado. Hubo una reunión con gente del Cisen, Secretaría de Seguridad Pública Federal, Secretaría de Gobernación , el delegado metropolitano de la PGR, el senador Diego Fernández de Cevallos, Carlos Ahumada y sus abogados, con el fin de impedir el ascenso político de Andrés Manuel López Obrador y encubrir a una persona que cometió fraude en contra del Gobierno del Distrito Federal. grg --------------> Chiapas, estratégico para PAN y PRD: especialistas Advierten que no habrá pazen los próximos seis años Jorge Octavio Ochoa, Óscar Gutiérrez y Fredy Martín Pérez El Universal Domingo 20 de agosto de 2006 TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis.- Las elecciones de gobernador en Chiapas adquirieron un carácter estratégico para la recomposición política del país, según analistas que prevén que se registre una elección cerradaque colocaría el estado en una dinámica de profunda tensión política debido al entorno nacional. Carlos Navarrete, senador electo del PRD, y Enoc Araujo Sánchez, líder histórico del PAN en Chiapas, coicidieron en admitir que PAN, PRI y PRD se juegan en los comicios de este domingo parte del control político del territorio nacional, contando la elección del 15 de octubre próximo en Tabasco para gobernador, alcaldes y diputados locales. Observadores locales también coincidieron con el contralor de la Legalidad Electoral, Oswaldo Chacón, en expresar su preocupación de que la disputa electoral en Chiapas se dé en un entorno en el que persiste la existencia de grupos guerrilleros y en las zonas fronterizas se ha detectado el fenómeno del narcotráfico. El analista Ernesto Ledesma del Centro de Análisis Político e Investigaciones Sociales y Económicas (CAPISE), señala que "gane quien gane este domingo para las aldeas en resistencia prácticamente es lo mismo, nadie ha hecho nada por ellos". Para el investigador que en los últimos 12 años ha documentado la militarización en Chiapas, no habrá paz en la entidad en los próximos seis años; incluso augura un escenario mucho peor para las comunidades indígenas de aquí hasta 2012. Disputa entre partidos Según el panista Araujo Sánchez, la llamada "izquierda mexicana", encabezada por el PRD, busca asumir el control mayoritario del sureste del país con enclaves en Guerrero, Chiapas y Tabasco, donde "existen los mayores focos de rebelión armada". Por su parte, el perredista Carlos Navarrete consideró que el gobierno de Fox es el que busca, a toda costa, contener ese avance ante el temor de que todo el país se sume a la protesta en contra de la posible asunción de Felipe Calderón a la Presidencia. La muestra más evidente del nerviosismo panista por el carácter estratégico de estas elecciones -dice Navarrete-, fue la alianza acordada con el PRI, aun con los riesgos de que votar en masa a favor del candidato del PRI los llevaría a perder su registro o disminuir sus prerrogativas de cara a las elecciones de diputados y alcaldes en Chiapas en octubre del año próximo. Para el PRD, la contienda de este domingo es estratégica porque un triunfo sería una "bocanada de oxígeno" al movimiento lopezobradorista luego de casi un mes de movilizaciones, según Navarrete, quien indicó que el nivel de aceptación de la coalición en Chiapas en la pasada elección presidencial era de 43% y según datos recientes pasaron a 52%. Pero también el calderonismo incrementó su posicionamiento en el estado al pasar de 17% el pasado 2 de julio a 25% en los últimos días, mientras que el madracismo que se quedó en 15%. En general, los analistas locales advierten que en Chiapas se registrará una elección sumamente cerrada, lo que colocaría al estado en una dinámica de profunda tensión política, debido al entorno nacional. "Un escenario de décimas de punto vendría a contaminar más el ambiente político del país", indicaron. ----------------> Mariano Azuela Güitrón, indiscreto Jorge Carrasco Araizaga "Por Esto" Contra la discreción que caracteriza a los integrantes del pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en asuntos que están por resolverse, su presidente, Mariano Azuela Güitrón, expresó públicamente el miércoles 16 su rechazo a que la Corte haga una investigación del proceso electoral. Sin embargo, dentro de la SCJN se sabe que algunos ministros están abiertos para darle entrada a una solicitud hecha en ese sentido, el pasado jueves, por más de 16 mil ciudadanos a cada uno de los 11 ministros que integran el pleno de la máxima instancia judicial. Así, esta semana la Corte podría decidir si ejerce su facultad de investigación prevista en el artículo 97 de la Constitución. La prisa por resolver al respecto radica en que quedan poco más de dos semanas del plazo constitucional establecido para que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) califique la elección presidencial y, en su caso, declare al presidente electo. Apenas se enteró de que integrantes del Consejo Consultivo para un Proyecto Alternativo de Nación --promotores de la candidatura de López Obrador-- iban a hacer la masiva solicitud de investigación a la Corte, Azuela reaccionó en contra de esa posibilidad. De esa forma, Azuela concluirá en diciembre próximo su período de cuatro años como presidente no sólo de la Corte, sino del Poder Judicial de la Federación, y lo hará marcado por sus desavenencias públicas con el tabasqueño, quien lo responsabiliza de haberse sumado a los planes de Vicente Fox para impedir su llegada a la Presidencia de la República. El encono La primera evidencia pública de la discordia fue en mayo de 2004, cuando se reveló que un mes antes Azuela había participado en una reunión convocada por Fox en Los Pinos para analizar el desafuero del entonces jefe de Gobierno del Distrito Federal (Proceso 1456). En ese encuentro participaron también el entonces secretario de Gobernación y ahora senador Santiago Creel, el ex procurador General de la República, Rafael Macedo de la Concha, y la entonces asesora jurídica de la Presidencia, María Teresa Herrera, ahora consejera de la Judicatura Federal, que también preside Azuela. Tanto Azuela como Herrera participaron, el pasado lunes 7 de agosto, en la designación de los jueces de distrito y magistrados de circuito responsables del recuento parcial de casillas ordenado por el TEPJF ante los "errores aritméticos" detectados en casi 12 mil casillas. Entre quienes asistieron a aquella reunión en la residencia oficial se encuentran algunos de los que, de acuerdo con el empresario de origen argentino Carlos Ahumada, se confabularon para promover el desafuero y con ello sacar al perredista de la contienda electoral por la Presidencia. López Obrador acusó a Azuela de haberse sumado a esa conspiración política luego de que se hiciera público que, tan sólo en el curso de 2004, el presidente de la SCJN tuvo dos reuniones con Vicente Fox, en las que se trató la viabilidad del desafuero. Azuela trató de aclarar públicamente su participación en esas reuniones, pero su independencia como cabeza del Poder Judicial quedó en entredicho. La semana pasada se colocó de nuevo en una posición vulnerable al adelantarse a sus colegas y desacreditar públicamente la intención de los seguidores de López Obrador de pedir que la Corte investigue si hubo violación al voto público en las elecciones presidenciales. En un encuentro con estudiantes de la Universidad Anáhuac, Azuela aprovechó una pregunta para arremeter contra el artículo 97 de la Constitución, al que calificó de "anacrónico", "obsoleto" y "escrito con los pies". Aseguró que, si la Corte interviniera en materia electoral, "estaría metiéndose en algo que no le toca", puesto el TEPJF es un "órgano terminal" y no hay ninguna instancia por encima de él. El artículo 97, explicó, fue redactado cuando no existía el Tribunal Electoral; además de que la facultad de investigación que le da a la Corte "está muy mal redactada", puesto que "ni siquiera indica qué se hace" con esas indagatorias, aunque señala que se deben entregar a las autoridades competentes. "Pero para que la Corte haga esta investigación necesita tener datos de que hubo violación generalizada al voto público, que es a lo que podría llegar". Y en todo caso, agregó, aun cuando se hiciera la investigación y se enviara al TEPJF, "no tendría fuerza vinculatoria porque esta es una facultad que no está dentro del derecho electoral". Azuela dijo también que había rechazado, "por ser notoriamente improcedentes", varias solicitudes de ciudadanos para que la SCJN ejerza esa facultad, toda vez que personas en lo individual "no están legitimadas" para hacer esa petición. "La Corte no actúa oficiosamente, sino cuando ella lo decide. En este caso, lo que yo les puedo decir es que no ha habido nadie que dentro de la Corte pida que (la SCJN) intervenga". El llamado La petición de investigación presentada el jueves 17 lleva la firma de 16 mil 806 personas y se entregó en la SCJN con una carta dirigida a cada uno de los ministros, más un anexo con datos sobre la denunciada violación al voto público. Como responsables de la petición firmaron el empresario Francisco de Paula, los embajadores Jorge Eduardo Navarrete y Gustavo Iruegas, el ex fiscal de delitos electorales Javier Patiño Camarena, el ex consejero del IFE Jaime Cárdenas y los asesores económico y jurídico de López Obrador, Rogelio Ramírez de la O y Álvaro Arceo Corcuera, respectivamente. También, la perredista Ifigenia Martínez, el diputado de Convergencia por la Democracia Jesús González Schmal, el empresario inmobiliario Fernando Schütte, los escritores Guadalupe Loaeza y Víctor Hugo Rascón Banda, y el investigador del Colegio de México y saliente diputado federal del PRD Julio Boltvinik, entre otros. La argumentación jurídica estuvo a cargo del abogado constitucionalista y profesor de la Universidad Autónoma Metropolitana Elisur Arteaga Nava, quien además consideró que Azuela se debe excusar de intervenir en la eventual discusión del caso en el pleno de la SCJN. "El presidente de la Corte debe excusarse porque ya prejuzgó; además de que un juez sólo puede hablar a través de sus sentencias y no le es dable hablar de sus asuntos fuera del expediente procesal. Si intenta participar en ese debate lo vamos a recusar", declaró a Proceso. Porfirio Muñoz Ledo, presidente del Consejo Consultivo para un Proyecto Alternativo de Nación, le declaró al periodista Jenaro Villamil que Azuela "se está valiendo de su cargo para promoverse como presidente interino. Quiere ser el presidente de la Corte a modo del presidente. Se está apuntando, de no llegarle el interinato, para ser funcional a cualquier gobierno espurio". En respuesta a la posición pública de Azuela, el empresario De Paula consideró que el artículo 97 "en modo alguno contradice la facultad exclusiva del TEPJF de juzgar la materia electoral como instancia última. Son atribuciones que no se superponen o contradicen". En su carta a los ministros, los firmantes aseguran que preocupados por "los vientos que soplan de inestabilidad política", demandan a la Corte que en su carácter de "fiduciaria del estado de derecho" del país, intervenga para investigar "los hechos graves" que "amenazan seriamente la paz social". Conscientes de que la SCJN no puede calificar las elecciones, les explican a los magistrados que la petición se limita a considerar "la vinculación que existe entre la inconstitucionalidad del proceso (electoral) y la paz social". No hay en nuestro sistema republicano, aseguran, un órgano más alto al cual apelar "para prevenir un estallido social". Consideraron también que "una sentencia equivocada" del Tribunal Electoral puede ser "un detonador de la violencia y la ruptura de la eficacia de las instituciones". El escrito de la solicitud, de más de 70 fojas, tiene el propósito de que la SCJN haga una declaración que permita a los solicitantes acudir a la justicia internacional en caso de que consideren que se les negó la justicia en el país. Pero en lo inmediato buscan una resolución de la Corte para que el Tribunal Electoral suspenda el actual proceso jurídico de la elección. "No es válido que, teniendo conocimiento del ejercicio de facultad por parte del pleno (de la Corte), siga actuando el Tribunal Electoral. Éste, en respeto de la relación de jerarquía que los une, debe suspender su actuación... y si bien debe seguir ejerciendo sus funciones (de calificación de la elección presidencial), debe abstenerse de dictar la resolución definitiva". Aseguran que de no disponerse la suspensión del ejercicio de la función jurisdiccional por parte del TEPJF, puesto que "ello implicaría hacer nugatorio el ejercicio de la facultad que para la Suprema Corte se deriva del artículo 97 constitucional". "Para ningún mexicano son desconocidas las graves irregularidades que se dieron en el proceso que se siguió para elegir presidente de México. Pasar por alto esos vicios -les dicen a los ministros- implicará que es válido el juego sucio en los procesos electorales, que a cualquiera le es dable violar las leyes y que en última instancia seguirá siendo válido el principio de Eurípides de que 'siempre es bueno respetar las leyes, salvo para alcanzar el poder'." ---------------> Estado policial Alejandro Gutiérrez/APRO domingo, 20 de agosto de 2006 "Por Esto" La primera muestra del endurecimiento del foxigobierno se produjo con el desalojo violento de 13 legisladores del PRD y simpatizantes de López Obrador de las inmediaciones de la Cámara de Diputados. (AFP) Los abusos y "exceso de fuerza" en que incurrieron elementos de la PFP y del EMP para desalojar las protestas poselectorales de San Lázaro, que incluyeron golpes a legisladores, son sólo parte de un endurecimiento programado que, de acuerdo con funcionarios del sector, incluye un posible desalojo por la fuerza de Paseo de la Reforma. Los especialistas dicen que los estrategas de seguridad han diseñado "un estado policial" Con los preparativos para usar la fuerza policiaca y militar ante acciones de protesta del movimiento de Andrés Manuel López Obrador, los órganos de seguridad del Gobierno Federal se alejan cada vez más de la promesa del presidente Vicente Fox de entregar un "país en paz". Funcionarios de las secretarías de Seguridad Pública Federal y del Distrito Federal, así como un agente del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), coinciden en que los estrategas del sector han diseñado prácticamente un "estado policial" que pretenden sostener hasta la toma de protesta del nuevo presidente, en diciembre de este año. De hecho, prevén "que la violencia escale uno o dos peldaños" y que se produzca el desalojo de las avenidas bloqueadas por el plantón del candidato presidencial. "Se considera un posible desalojo de Paseo de la Reforma", dice uno de los consultados. La primera muestra de este endurecimiento se produjo al verificarse el desalojo violento de 13 legisladores del PRD y simpatizantes de López Obrador de las inmediaciones de la Cámara de Diputados, lo que crispó más los ánimos y desmintió la supuesta "disposición" presidencial "al diálogo y la unidad nacional". De acuerdo con un análisis técnico del doctor Ernesto Mendieta, especialista en temas de seguridad pública, la Policía Federal Preventiva (PFP) y el Estado Mayor Presidencial (EMP) ("hombres vestidos con overol negro", dice) incurrieron en un "exceso de fuerza" y en actos "violatorios" de las disposiciones nacionales e internacionales en este tipo de operativos. Pero a esto se suma la reciente transferencia de alrededor de 2 mil 400 elementos de la recién creada Sexta Brigada de Infantería Ligera del Ejército, así como de oficiales de la Policía Militar, a las filas de las Fuerzas Federales de Apoyo de la PFP, subrayan dos de los funcionarios que aceptaron ser entrevistados a condición de reservar su identidad. "En este momento, en el Distrito Federal tienen concentrados 3 mil 600 elementos en la PFP, 2 mil 400 de los cuales son militares, listos para cualquier operativo", dice uno de ellos. El otro, perteneciente a la SSP desde la época del extinto secretario Ramón Martín Huerta, explica que "no se trata de una transferencia de militares a la PFP", como se ha hecho desde su creación, sino que "son los militares de la Sexta Brigada, la que llaman '2 de Julio', que fueron abanderados por Fox hace unas semanas, pero vestidos de gris (color del uniforme de la PFP)". Desde su formación en 1999, la PFP ha tenido presencia militar, y durante el mandato de Vicente Fox ésta "se fortaleció con la transferencia de varios batallones de Infantería de Marina. Con la formalización de la transferencia de la Tercera Brigada de Policía Militar y la inclusión posterior del Décimo Batallón de Policía Militar, ya sumaban ocho unidades del Ejército", advierte a su vez Jorge Luis Sierra en un ensayo titulado Las Fuerzas Armadas Mexicanas en la Guerra Antinarcóticos. De hecho, la Secretaría de Gobernación dio a conocer que el plan de seguridad para el Sexto Informe del presidente Fox, el próximo 1 de septiembre, está a cargo del Estado Mayor, bajo el mando del general brigadier Diplomado del Estado Mayor Jorge Cuevas Martínez, subjefe operativo del EMP, muy cercano al jefe de esa entidad militar, Armando Tamayo. Y la seguridad para la instalación de la LX Legislatura -el 29 de agosto- a petición de la Cámara de Diputados, quedó asignada a la PFP, cuyas Fuerzas Federales de Apoyo se hallan bajo el mando de su titular, el general retirado Héctor Sánchez Gutiérrez, un militar considerado como un hombre con alta preparación académica y militar que es bien visto por el secretario de la Defensa, Clemente Vega García. En los hechos, ambos operativos están ligados. Por ello, desde el lunes 14, el "resguardo" del Palacio Legislativo de San Lázaro incluye un cerco de seguridad con alrededor de 20 retenes, barreras de acero y al menos 850 elementos. Sin notificar a la policía capitalina -lo que tensó más la relación institucional entre corporaciones federales y capitalinas- la PFP apostó 14 vehículos hidrantes Pantera que el vocero presidencial Rubén Aguilar Valenzuela dijo que no eran tanquetas antimotines, sino "camiones para echar agua". Aguilar Valenzuela justificó la presencia militar en la Cámara de Diputados, ya que es una señal de aplicación de la ley. "Se mandaría un mensaje muy negativo al exterior si el recinto legislativo fuera ocupado por gente que no quiere que se desarrollen los eventos programados", dijo. El elemento de inteligencia del Cisen explicó que "de aquí al Informe habrá mucha presencia pública de las fuerzas uniformadas, despliegue en la ciudad, mucho manejo de medios, para ir generando un impacto psicológico. De hecho, el tema de las tanquetas, pues todo mundo lo identifica de inmediato con las dictaduras latinoamericanas, que usaban chorros de agua con sustancias picantes o pintura". En un creciente ambiente de desconfianza entre las autoridades federales y capitalinas, el jueves 17, en Gobernación, el subsecretario de Gobierno, Arturo Chávez Chávez, encabezó una reunión con el secretario de Gobierno del Distrito Federal, Ricardo Ruiz, y con funcionarios de la SSP, la SSP-DF, el Cisen, la Secretaría de la Defensa y el Estado Mayor Presidencial, donde acordaron garantizar la seguridad para el informe presidencial. Uno de los acuerdos fue instalar una barrera de la policía capitalina entre el "blindaje" de la PFP y los seguidores de López Obrador, que han programado actos de protesta para ese día. El jueves 17, mientras se desarrollaba la reunión en la sede de Gobernación, en el Zócalo capitalino López Obrador manifestó que el Ejército no puede ser utilizado "para suplir la incapacidad de los gobiernos civiles, y mucho menos para reprimir al pueblo ni al movimiento de resistencia civil pacífica". Dijo que hay "rumores que circulan desde el poder" en el sentido de que serían desalojados el sábado 19 o el domingo 20 de agosto. "No les vamos a dar el gusto de que utilicen las tanquetas", apuntó y aseguró: "¡Aquí nos vamos a quedar!". Para en seguida rematar: "Si (Vicente) Fox y quienes lo rodean creen que van a sentar en la Presidencia de la República a un pelele con la ayuda del Ejército, se equivocan". Brigada "2 de Julio" El 31 de julio, el presidente Vicente Fox encabezó en el Campo Militar Número Uno el abanderamiento de la unidad de infantería ligera Brigada "2 de Julio", con una capacidad de casi mil 700 hombres dedicados a actuar en Conflictos de Baja Intensidad (CBI), esto es, disturbios sociales, principalmente en el Valle de México. De acuerdo con dos de los funcionarios consultados, parte de esta unidad es la que está siendo "disfrazada" como si se tratara de elementos de la PFP. A fines del año pasado, la Sedena solicitó 3 mil 300 millones de pesos para impulsar 70 acciones, una de las cuales consistía en equipar una brigada de la policía militar "en funciones de seguridad pública". A diferencia de las otras unidades militares, ésta tiene gran capacidad de movilidad en zonas urbanas y dispone de artillería ligera, metralletas, granadas e incluso de armas de calibres menores a los utilizados por la milicia. Cuenta con un grupo entrenado para el manejo y control de masas, otro de Reacción Inmediata, uno más de rastreo y un área de inteligencia militar, explicó uno de los funcionarios consultados. En el abanderamiento de esta unidad, el presidente Fox expresó: "México cuenta y contará siempre con su Ejército para defender las instituciones, la soberanía, la democracia, la legalidad y la justicia", en tanto que el secretario de la Defensa, Ricardo Clemente Vega, enfatizó en su turno que "México es un país de instituciones sólidas, serenas y fuertes". Al frente de este cuerpo militar estará el general Rubén Venzor Arellano, agregado militar en Cuba durante el mandato de Carlos Salinas. Los abusos de San Lázaro En su asamblea informativa del domingo 13, López Obrador anunció cuatro acciones: una movilización en la entrega de la constancia de presidente, una protesta en el informe presidencial de Fox, su propia celebración del Grito de Independencia en el Zócalo y lo que llamó una Convención Nacional Democrática el 16 de septiembre que, al parecer, bloquearía el tradicional desfile militar. El lunes 14, un grupo de simpatizantes, encabezados por diputados y senadores, fracasaron en su intento por establecer un plantón en los accesos a la Cámara de Diputados, ya que fueron desalojados. La agresión -que presenció el general Cuevas Martínez, del EMP- fue captada con toda claridad por videocámaras que registraron golpes contra legisladores. Miembros del PRD y del PRI que forman parte de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados condenaron los hechos, pero el titular de la SSP federal, Eduardo Medina Mora, la justificó arguyendo que en el "desbloqueo" se aplicó "a cabalidad el Procedimiento Sistemático de Operación", y que en el acto sólo hubo "roces, empujones y escarceos". Sin embargo, un análisis técnico de los videos elaborado por Ernesto Mendieta concluye que la PFP y el Estado Mayor incurrieron en "exceso de fuerza", en un acto "violatorio" de las disposiciones legales nacionales e internacionales. Ex funcionario de la PGR, doctorado en seguridad pública en la Atlantic International University, y con estudios sobre el tema en Alemania, España, Estados Unidos e Italia, entre otros países, Mendieta precisa que personal de la PFP estuvo "dotado de arma de fuego" para controlar a un grupo de 13 "personas desarmadas y pacíficas". Advierte que hubo una "falta de técnica" en la operación de la "barrera" que intentó conformar la PFP, cuyo objetivo era "mover a las 13 personas vestidas de civil aproximadamente cinco metros sobre la vía pública para que la grúa efectuara el movimiento de retiro del camión referido, lo que nunca logró". Y, para rematar, hubo "falta de proporcionalidad" en la reacción de los agentes de la PFP y de los individuos de "overol negro" (EMP). Puntualiza que en las imágenes se ve a un elemento de la PFP utilizando un arma larga de fuego, "contra toda técnica y con uso de fuerza en exceso (ante resistencia pasiva del sujeto, utiliza arma de fuego para golpear con una técnica dura, debiendo usar técnica de manos vacías y técnica suave perfectamente efectiva para el objetivo perseguido)". Explica que es "contraindicado técnicamente el uso de arma de fuego para golpear al sujeto resistente", ya que puede propiciar el escape de un disparo accidentalmente, o que al acortar la distancia le sea arrebatada el arma y la utilicen en su contra. Otra falta consiste en que una persona vestida de "overol negro" patea en la cabeza a un "sujeto resistente pasivo", en lo que se denomina acto "punitivo", pues ya había sido controlado. "Se trata de una técnica dura dirigida a la cabeza", la cual "es contraindicada porque puede causar lesiones graves". Del mismo modo, en el video se observan "golpes con bastón de un agente de la Policía Federal Preventiva al mismo sujeto resistente que viene cayendo de la plataforma de la grúa, sin que eso sea necesario". Y luego de que son bajados los dos manifestantes de la grúa, un tercer individuo de overol negro asume una "actitud retadora" para continuar el enfrentamiento en "contraposición a lo indicado", que es intentar hacer deponer la actitud de los manifestantes. Por otra parte, expone, es muy reprobable que "en ningún momento se aprecia la intervención de algún mando de campo" para frenar las violaciones cometidas por la PFP y el EMP. En suma, los hechos de San Lázaro y el "estado policiaco" impuesto por el gobierno foxista contravienen la recomendación general 12/2006 que emitió la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) el 12 de febrero de 2006, relativa al "uso ilegítimo de la fuerza y de las armas de fuego por los funcionarios o servidores públicos encargados de hacer cumplir la ley". Signada por su presidente José Luis Soberanes, la recomendación pide al titular de la SSP federal, a los procuradores general de la República y de Justicia Militar, a los gobernadores, al jefe de Gobierno del DF, a los procuradores y secretarios de Seguridad Pública de las entidades, que "se incorporen a las leyes y los reglamentos, el código de conducta y los principios básicos sobre el uso de la fuerza y de armas de fuego, ambos para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley". La CNDH hace hincapié en la "capacitación y evaluación periódica" sobre dichos servidores públicos, que les "proporcionen el equipo adecuado de acuerdo a la naturaleza del cuerpo policiaco" y a las funciones que realicen, de modo que "ello les permita hacer un uso escalonado o gradual de la fuerza y de las armas de fuego...". Les demanda que cuando las personas sean lesionadas o pierdan la vida como consecuencia del uso de la fuerza y de las armas por los policías, "se investigue y se determinen las responsabilidades legales que resulten procedentes y (...) se reparen los daños causados". Y es que la CNDH "ha observado con suma preocupación que algunos funcionarios o servidores públicos hacen uso ilegítimo de la fuerza y de las armas de fuego en perjuicio de las personas a las que pretende detener, someter o asegurar". De junio de 1990 al 31 de diciembre de 2005, la CNDH recibió 3 mil 928 quejas relacionadas con el uso ilegítimo de la fuerza y de las armas de fuego, y emitió 42 recomendaciones, varias relacionadas con el derecho a la libertad de reunión y asociación. Por su parte, las comisiones estatales de derechos humanos y la del Distrito Federal han recibido 26 mil 563 quejas y emitido 2 mil 124 recomendaciones sobre el tema. La CNDH se refiere a disposiciones legales del país y a tratados internacionales (el Código de Conducta para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley; los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley, de la ONU), según los cuales "no se respeta la dignidad humana cuando se emplea la fuerza contra personas que no oponen resistencia alguna...". Por último, la CNDH dice que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA -a la que México pertenece- advierte que las fuerzas policiacas sólo pueden aplicar la fuerza "cuando sea estrictamente necesario" y "en la justa medida, para el efectivo cumplimento de sus legítimos deberes". [+/-] muestra/oculta esta entrada

Por : trueeyes