El artículo 97 debe reformarse: ministro Faculta a la Corte para indagar violación de garantías o al voto; el ministro asegura que, "en su defecto, o se hace una reforma o se suprime del texto constitucional" esta facultad Carlos Avilés Allende El Universal Ciudad de México Miércoles 18 de octubre de 2006 Sergio Valls Hernández, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consideró necesario que se establezca una ley reglamentaria que regule las facultades que le otorga el artículo 97 de la Constitución para investigar violaciones graves a garantías individuales o al voto público. Durante su participación en las Terceras Jornadas Jurídicas Motolinia 2006, el ministro aseguró que, "en su defecto, o se hace una reforma o se suprime del texto constitucional" esta facultad. Sergio Valls participó en este evento que inauguró ayer la rectora de la Universidad Motolinia del Pedregal, Leticia Rodríguez López. Después de su intervención, algunos de los asistentes le expresaron su desacuerdo e inconformidad por el hecho de que las investigaciones que realiza la Suprema Corte a violaciones de garantías no tienen el peso de una sentencia ni son obligatorias. En respuesta a estas inquietudes, y en referencia a los dos párrafos del artículo 97 constitucional que le otorgan esa facultad a la Corte, Sergio Valls dijo: "Si lo vemos con frialdad, son un pegote". El ministro aseguró que estas facultades de investigación ya las llevan a cabo la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Procuraduría General de la República y recordó que en este tipo de investigaciones la Corte no actúa como tribunal ni emite sentencias, porque no se trata de un proceso jurisdiccional y tampoco se realiza una investigación ministerial. Esta facultad, dijo, sólo sirve para esclarecer la verdad en torno a unos hechos, y su peso es el respaldo moral de la Corte. ------------------> Quieren ´blindar´ Escudo Nacional La propuesta priísta presentada incluye sanciones a quienes decidan adecuar los símbolos patrios a los gustos de uno u otro presidente de la República Andrea Merlos El Universal Ciudad de México Miércoles 18 de octubre de 2006 La fracción parlamentaria del PRI presentó una iniciativa que prohíbe por ley modificar el Escudo Nacional so pena de sancionar a las áreas, dependencias u organizaciones sociales que alteren su diseño. En la actual administración se decidió que el Escudo Nacional se dividiera en dos, para lo que algunos se llamó "el águila mocha", como parte de las acciones del gobierno foxista para distinguirse del PRI. La propuesta priísta presentada a un mes y medio de que se renueve el Poder Ejecutivo incluye sanciones en la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, para que se impongan multas a quienes decidan adecuar los símbolos patrios a los gustos de uno u otro presidente de la República. El diputado del PRI Héctor Hugo Olivares presentó el proyecto de reformas a los artículos 5, 6 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, que se turnó a comisiones, y por la cual se ratifica la obligatoriedad de los funcionarios de respetar los símbolos patrios. "Que toda reproducción del Escudo Nacional deberá corresponder fielmente al modelo. y su diseño e imagen no podrán variarse o alterarse bajo ninguna circunstancia o en cualquier medio de uso oficial", propone. En el 2000 se generó una controversia por la decisión del presidente Vicente Fox de partir en dos el Escudo Nacional y usarlo así. Olivares Ventura recordó en su iniciativa los cambios realizados al Escudo Nacional desde el tiempo del porfiriato y cómo fue que se tuvo que decretar un solo modelo a fin de conservar el contenido histórico del águila, la serpiente y el nopal. De ahí que los priístas propusieran que, además de la modificación a la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacional, se agregaran sanciones en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, y se facultara a la Secretaría de Gobernación para tomar cartas en el asunto. "Si la contravención es cometida por un servidor público, se instrumentará el procedimiento y se aplicarán las sanciones previstas en la Ley de Responsabilidades, sin perjuicio de que Gobernación imponga multas a quien no cumpla con esta obligación", se propone como redacción en el artículo 56 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos. ------------------> La turbia transparencia miércoles, 18 de octubre de 2006 Raúl Moreno Wonchee "Por Esto!" Mirador En el desolado desierto político del sexenio, la llamada ley de transparencia y su traducción burocrática en el Instituto Federal de Acceso a la Información Gubernamental --el todavía no tan famoso IFAI-- fueron las excepciones de la férrea convicción inmovilista que llevó al de la alternancia a significarse como el único de los gobiernos que en los ochenta y tantos años de régimen constitucional no dio un solo paso en dirección de democratizar el sistema electoral. De la gravedad de esa omisión dan cuenta no tanto los berrinches del Peje como el ese sí famoso dictamen del Tribunal Electoral que dio por buena una elección que él mismo se encargó de cuestionar, lo que más nos valdría tener muy en cuenta a la hora de discurrir la obligada reforma electoral. En el entendible afán de disculpar tan mayúscula e imperdonable pifia, los voceros oficiales y oficiosos esgrimieron la reforma que da acceso a parte de la información gubernamental como un gran paso en la medida en que obliga a la administración pública a la transparencia, un atributo considerado esencial de la democracia posmoderna. Que se sepa qué, quién, cómo, cuándo y cuánto de casi todo aquello que haga el gobierno fue el propósito implícito de la única reforma del sexenio. La única aceptada como positiva por todos los partidos y las más diversas fuentes de opinión. Había entonces que cuidar la vigencia cabal de la Ley y el buen funcionamiento del Instituto. Pero algo falló y la transparencia se fue al diablo. Y conste que no fue el arcángel de Macuspana con su espada flamígera quien mandó al infierno la transparencia institucional, sino que fue su propio creador, el demiurgo del Bajío el que con un dedazo equivocado enturbió al transparente instituto y puso en riesgo la única realización política de su gobierno. En mayo del año pasado designó a Alonso Lujambio como consejero del IFAI no obstante que la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas establece, en su artículo 9, que "Los servidores públicos que se hayan desempeñado en cargos de Dirección en el Instituto Federal Electoral, sus Consejeros, y los Magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, se abstendrán de participar en cualquier encargo público de la administración encabezada por quien haya ganado la elección que ellos organizaron o calificaron". Y el señor Lujambio fue consejero del IFE durante el proceso electoral en el que resultó electo Vicente Fox, es decir participó en la organización de los comicios presidenciales del 2000 por lo que está legalmente impedido para ocupar el cargo de consejero del IFAI que desempeña desde hace año y medio así como el de presidente de ese instituto en el que fue designado en julio de este año. La violación a la Ley es flagrante y constituye un grave atentado a la vida institucional que de vez en cuando el Presidente Fox dice defender. El filo más grave de la cuestión es que compromete nada más y nada menos que la autonomía del IFE. No veo la necesidad de semejante despropósito a no ser que se trate de un agradecimiento a los dos actos que le dieron significado al paso de Lujambio por el IFE: la multa de mil millones que al puro tanteo y sin respaldo probatorio alguno se le impuso al PRI por el Pemexgate y que sin duda representa el más brutal atentado contra el sistema de partidos, y la benevolencia rayana en complicidad con la que se trató el caso de los "Amigos de Fox". A estas alturas carece de sentido seguirle cargando la mano a quien en estos años demostró que la verdadera culpa del desastre nacional la tienen quienes lo hicieron compadre, y no me refiero a los que por convicción o ingenuidad votaron por él. Desde hace no poco tiempo el presidente Fox luce abrumado y nadie le ayuda, ni siquiera los que están obligados a resistir sus pifias y apoyarlo por esa vía. En el nombramiento de Lujambio el Senado fue omiso al ratificarlo ¡por unanimidad! Hoy, el Presidente parece estar en manos de ambiciosos sin escrúpulos que en Oaxaca, en los conflictos sindicales y en otros casos como éste buscan medrar no sólo para obtener ventajas personales sino sobre todo para ganarle terreno al Presidente electo. Me refiero a la falange ultraderechista a la que por desgracia el Presidente Fox dio cabida en su gobierno y que aviesamente intenta copar a Calderón. [+/-] muestra/oculta esta entrada

Por : trueeyes