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* Hoy es domingo, octubre 01, 2006

Columnas del 1 de octubre

11:57 a. m.

La paradoja de la privatización energética

José Antonio Rojas Nieto
"La Jornada"


No se necesita privatizar el sector energía para privatizar el sector energía. Unas cuentas sencillas lo demuestran. Veámoslas. En el año 2005, los casi 26 millones de hogares mexicanos que tienen los poco más de 103 millones de habitantes, recibieron un ingreso total equivalente a un monto cercano a 300 mil millones de dólares. Este ingreso representó cerca del 40 por ciento del Producto Interno Bruto que, a decir de nuestras cuentas tradicionales, se compone de las remuneraciones a los asalariados y de los beneficios de empresarios de todo tipo (industriales, comerciales, bancarios y financieros) y de propietarios de recursos naturales y otros activos. Es conveniente notar que estos ingresos pueden ser corrientes (94 por ciento del total) -tanto monetarios (76 por ciento del total) como no monetarios (18 por ciento del total)- pero también "no corrientes", derivados de percepciones financieras y de capital ocasionales (6 por ciento del total). De los ingresos corrientes, los monetarios son los que soportan de manera básica el gasto de los 25 millones 700 mil hogares mexicanos. El año pasado estos ingresos monetarios representaron un monto aproximado de 234 mil millones de dólares. Bueno, pues todo este pequeño enredo de números para decir, por una parte, que el 90 por ciento de los hogares en este país recibe el 63.5 por ciento de los ingresos totales (38.2 de los ingresos monetarios). Y, por otra, que el 10 por ciento de los hogares restantes recibe el 36.5 (38.2 por ciento del ingreso monetario).

¿Qué significa todo esto? Que México sigue teniendo una altísima concentración del ingreso. El ejemplo más crudo de ello es que solamente tres millones de hogares disponen de más de la tercera parte del ingreso nacional disponible por los hogares mexicanos. Y que esto les permite no sólo gastar en los diversos elementos de su sustento básico -incluso más que lo básico, en su sustento suntuario-, sino ser el grupo social en el que se concentran las mayores -acaso únicas posibilidades- de ahorro.

¿Qué significa esto? Si la Encuesta de Ingreso y Gasto de los Hogares del 2005 que acaba de dar a conocer INEGI no miente, que la inversión -variable esencial y determinante en el desenvolvimiento económico- descansa en el grupo social de altos ingresos ( a través de las sociedades financiera y no financieras y del ahorro de estas familias, siempre vinculado dichas sociedades) y en las posibilidades de inversión del gobierno, sustentadas en lo fundamental en la captación tributaria o -en nuestro caso- en la captación no tributaria, la de la renta petrolera primordialmente. (El asunto de las pensiones, por cierto controladas por las sociedades financieras, exige reflexión especial.)

Pero -lástima, dice un amigo- ni ese grupo social de mayores ingresos, ni las sociedades financieras con las que se vinculan, han sido capaces de soportar de forma constante y firme la dinámica de la inversión en México. Pero tampoco el gobierno, no sólo por la lamentablemente baja tasa tributaria de México, sino por la utilización básicamente improductiva de la renta petrolera.

¿Cómo demostrarlo? Un poco más de enredo de datos, los de la evolución reciente (1990 en adelante) del ahorro interno. Pues bien, desde 1990 éste no es mayor al 22.5 del PIB registrado en 1997. Y en ocasiones ha sido de apenas 14.7 del mismo PIB, como aconteció en 1994 (¿Acaso hizo falta la terrible devaluación del "error de diciembre" para que en 1995 y 1996 se elevara al 17.4 y 20.2 respectivamente y llegara a ese máximo de 22.5 en 1997?) ¿Qué dato más nos puede confirmar la pobreza de este ahorro? El peso del ahorro externo, vinculado en lo fundamental a la inversión extranjera. Un ahorro externo que en el 2001 fue de 23 mil millones de dólares y que -a decir de los especialistas en inversión extranjera- disminuyó desde entonces por la falta de las llamadas "reformas estructurales": energética y laboral, primordialmente. No obstante -conviene decirlo una vez más- en el sector energía ha crecido. Y sin privatización. Si los datos del VI Informe presidencial no mienten, la inversión total en energía -presupuestal y financiada- acumulará en el sexenio poco más de 100 mil millones de dólares constantes del 2005. Y de estos, el 62 por ciento ha sido privado; 51 mil millones de dólares en Pemex (49 mil en producción primaria) y 13 mil millones de en el Sector Eléctrico Nacional. En total 52 mil millones. ¿Cree usted que la mejor solución para el país es alentar el crecimiento del ahorro externo, es decir, de la inversión extranjera y -como se demuestra- concentrar esa inversión en petróleo y electricidad? Bueno, pues el señor Felipe Calderón sí lo cree. Y lo defiende. Y lo propone. Sí, y ya sin cambiar la Constitución. Ni privatizar Pemex. Ni privatizar el Sector Eléctrico. Ni un tornillo. Ni una tuerca. Así lo asegura. No se necesita. Ya lo demostraron. ¡Vaya que demostraron la paradoja: privatizar sin privatizar!

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La Constitución, ¿qué hay que cambiar?

Diario de Guerra (poselectoral)
José Agustín Ortiz Pinchetti


Es cierto: parece haber llegado el momento de una revisión a fondo de la Constitución, que cumplirá el próximo 5 de febrero 90 años de haber sido expedida. Ha sido acribillada por centenares de reformas imperfectas y contradictorias. Además estamos ante la mayor crisis política en una generación.

Me parece ilusorio que la reforma viniera desde la derecha o fuera apoyada por ella. El triunfalismo de Felipe, el PAN, Elba y los priístas asociados, los va a llevar a apostar a que se consolide el nuevo régimen por inercia. Carecen de ética, visión y grandeza. Por más que anuncien diálogo y apertura, no creo que vayan a renunciar ni a la composición del IFE o del Trife, ni a promover reformas importantes en el Cofipe. El dinero y la televisión seguirán siendo garantías para su proyecto reaccionario. El problema para ellos es que ni el Estado mexicano ni el pueblo son los mismos que en 1989.

El cambio debe darse desde el ala liberal y reformista. Será impulsado a escala institucional por el Frente Amplio Progresista, y a nivel extraparlamentario por el movimiento que surja de la convención nacional democrática. La presión que ejerzan simultáneamente estas fuerzas podría llevar a un cambio profundo.

La convención en uno de sus resolutivos propuso convocar a un plebiscito para impulsar a un "proceso constituyente". El objetivo sería lograr que la Constitución redefina el Estado mexicano como un estado social y plural de derecho para fortalecer a nuestra democracia y crear un sistema de vida basado en el mejoramiento constante de la población, como lo prevé nuestra Carta Magna.

La otra vertiente es la que tiene que ver con la estructura del poder. Se integrarían reformas: para modernizar el sistema electoral; el modelo de gobierno, incluyendo las relaciones entre los poderes Legislativo y Ejecutivo; para fortalecer el sistema de rendición de cuentas y combatir la mala administración y la corrupción; para hacer efectivo el derecho a la información y reorganizar el sistema judicial de modo de garantizar que la justicia y la seguridad jurídica no queden confinados al beneficio de una parte insignificante de la población. También para revisar a fondo el federalismo, sobre todo en sus aspectos fiscales.

Por supuesto que muchos de los contenidos de la Constitución del 17 deberían quedar intactos o incluso reforzarse en el tema de las garantías individuales, donde todavía existen aberraciones como la inexistencia de la presunción de inocencia.

Estas reformas no podrán darse como un ejercicio académico. Tendrán que ser impulsadas por una fuerza política cada vez más articulada, novedosa y pujante. Eso es exactamente el mandato que ha dado la convención a un grupo de juristas, sociólogos, politólogos e historiadores que han integrado la comisión cuya misión es convocar al plebiscito y organizar su ejercicio.


Por : trueeyes




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