Lucha de poderes Gerardo Albarrán de Alba * APRO Este lunes 20 de noviembre, el país tendrá tres presidentes: el constitucional, presuntamente en funciones, aunque haya bajado la cortina y aproveche su tiempo en decir -y todavía hacer- tonterías; el formalmente electo, con una carga de ilegitimidad no vista desde 1988, y el que se autoproclamará ese día como el realmente "legítimo". Andrés Manuel López Obrador (el presidente legítimo) cerrará así el largo proceso de crisis poselectoral con un acto público en el que reivindicará su derecho a ejercer la resistencia a la administración de Felipe Calderón (el presidente electo), quien -menos de dos semanas después, el 1 de diciembre- debería recibir la banda presidencial de manos del presidente del Congreso, luego que Vicente Fox (el presidente disfuncional) se despoje de ella, cumpliendo así el ritual político de transmisión de poderes. Sobra repetir aquí que López Obrador no contará con ninguna atribución legal ni administrativa para ejercer un cargo que obviamente no existe, pero sí cabe recordar que tendrá la autoridad moral que le dan los 15 millones de votos recibidos el 2 de julio para defender un proyecto de nación que fue impedido a llegar al poder no sólo mediante el sufragio de otro tanto de la ciudadanía, sino mediante el uso indiscriminado de recursos públicos desde el Ejecutivo, vacíos jurídicos que alentaron una ofensiva concertada entre gobierno y empresarios, la parcialidad de las autoridades electorales a favor de un partido y su candidato, y las triquiñuelas legaloides en la instancia de apelación institucional que -sin rubor alguno- dio fe del cúmulo de irregularidades registradas antes y durante los comicios federales, pero prefirió avalar un resultado controvertible antes que encontrar una fórmula que permitiera despejar cualquier asomo de duda. Podría alegarse que Felipe Calderón cuenta con la misma catadura moral para ejercer el poder que le fue entregado por una diferencia a favor de poco más de 200 mil votos, pero es precisamente todo lo anterior lo que merma su legitimidad y le da un peso distinto al aval ciudadano recibido en las urnas. Lo que a partir de este 20 de noviembre estará abiertamente enfrentado no es un país de pobres contra un puñado de ricos -por más que en los hechos estos últimos operen en esa lógica hacia los primeros-, sino algo más de fondo: se trata de la defensa del derecho a un contrato social que recupere los derechos del pueblo frente al autoritarismo y enajenación del poder en manos de un grupo privilegiado que se ha apropiado del presente y del futuro de todos. Felipe Calderón vivirá en Los Pinos y desde ahí intentará despachar como presidente, eso es algo que ni la anunciada amenaza de impedir su toma de posesión impedirá. Pero de eso a gobernar este país hay un largo trecho por el que no podrá transitar ya no digamos sin el acompañamiento de dos terceras partes de la ciudadanía que no votó por él, sino que deberá empeñar el esfuerzo inicial de su gestión en impulsar y consensuar las reformas de Estado pospuestas por la administración foxista que permitan construir el entramado jurídico y político de una democracia incluyente. Para eso estará López Obrador, con su gabinete alterno y su brazo institucional autónomo (el Frente Amplio Progresista, integrado por PRD, PT y Convergencia), para ejercer la resistencia crítica, activa y pacífica en los asuntos torales de la nación mediante una red nacional de activistas dispuesta a movilizarse por todo el país cuando la defensa de los intereses de la mayoría lo exija. Eso es lo que ser oposición significa y requiere. Calderón no tendrá mucho espacio de maniobra ni tiempo para demostrar que -a diferencia de su antecesor- él sí entiende lo que significa y se necesita en este país para ser gobierno, y lo pone en práctica, o se pliega a los intereses que lo instalaron ahí para que nada cambie. --- * Gerardo Albarrán de Alba es coordinador de proyectos académicos de la revista Proceso. [+/-] muestra/oculta esta entrada

Por : trueeyes