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* Hoy es viernes, noviembre 10, 2006

Columnas de Opinión del 10 de Noviembre

11:51 a. m.

Sosa fatigosa

Plaza Pública
Miguel A. Granados Chapa


Hace ya más de cinco meses, que se despenalizó la difamación en la Ciudad de México, al emitirse una nueva Ley Civil, para defender el buen nombre de las personas, que de paso derogó la respectiva tipificación penal. Pero subsiste un eficaz modo de inhibir las libertades de comunicación (libre expresión y libre información), consistente en agrandar un efecto lateral del legítimo derecho de limpiar su honor, que asiste a aquellos que lo repuntan como lastimado. Ese efecto es la fatiga procesal, y su costo en dinero, que puede dejar exhaustos a los demandados por reparación de daño moral, o denunciados por difamación, independientemente de si reciben o no sentencia adversa.
Maritza Aguilar y Santiago Pando, fueron condenados a pagar al subprocurador de la República, José Luis Santiago Vasconcelos, más de 350 mil pesos (129 mil ella, 218 mil el antiguo publicista de Fox).

De ese lamentable modo, terminó una fase más de la prolongada batalla judicial, iniciada a mediados de 2004 por el alto funcionario de la PGR, que generó varias ramificaciones, reveladoras todas de la incongruente conducta de un funcionario, que provocó severo daño al honor de la señora Artemisa Aguilar, al presentarla, cuando apenas comenzaba su proceso, como traficante de personas (delito del que ha sido exonerada) y en cambio se sintió lastimado en el suyo, porque Pando y su esposa Maritza, lo exhibieron como fabricante de indicios para inculpar a la madre y suegra de los ahora sentenciados, a lavar con dinero el rostro del subprocurador. Este demandaba el pago de más de seis millones de pesos, como indemnización a su honra lastimada, y al final recibirá una importante suma, pues no obstante haber perdido el caso en la vía civil inicial, terminó ganándolo en los tribunales de amparo, aunque allí los afectados continúan su defensa.

El largo litigio a que fue arrastrado el matrimonio Pando Aguilar, implica un alto costo por asistencia jurídica, seguramente superior a la indemnización finalmente acordada. A su turno Lydia Cacho, acusada por difamación por el impresentable Kamel Nacif, había gastado, hasta hace dos meses (en procedimientos que se iniciaron en diciembre pasado), más de ochocientos mil pesos. Aunque debiera ser inminente su puesta en libertad, (hay que recordar que ha estado sometida a proceso y formalmente presa) los gastos en que incurrió significan una suerte de sanción pecuniaria en su contra. Hace ya más de un mes que ganó el lance, de que el juicio se ventile en el Distrito Federal, (y no en Puebla o Quintana Roo, como ha ocurrido), y las autoridades judiciales quintanarroenses demoran el envío del expediente al Distrito Federal.

Tal vez el mismo efecto de cansancio, ha querido provocar Gerardo Sosa, ex rector de la Universidad de Hidalgo, y diputado federal priísta, sobre Alfredo Rivera y otros demandados, a raíz de la publicación del libro La Sosa Nostra. Feroz enemigo de la libertad de expresión en su feudo universitario (del que es inveterado cacique), Sosa inició en el Distrito Federal, en agosto de 2004, un juicio civil no sólo contra el autor de esa obra que documenta sus correrías, sino también contra el autor del prólogo (que lo es también de estas líneas), la casa editorial, la empresa que realizó la composición tipográfica, el artista que confeccionó la portada ¡y hasta el fotógrafo que retrató al autor de la obra!

Más de dos años han transcurrido desde la presentación de la demanda, y el juicio propiamente hablando no se inicia todavía, porque no han sido notificadas todas las partes. Eso no obstante, el expediente se compone ya de cientos de fojas, derivadas de incidentes procesales en que parecen engolosinarse el acto y sus abogados, incapaces por otro lado de ofrecer el domicilio correcto de los demandados, a los que todavía no se notifica. Entre broma y veras, los demandados hemos calculado que tal vez los abogados de Sosa, cobran honorarios por tiempo, y por eso han dilatado tanto esta suerte de etapa prejudicial. Pero, ya en serio, lo que quizá han buscado es fatigar a tales demandados, sujetándolos a la tensión y a los costos procesales, que impone una demanda de esta naturaleza.

Si hubiéramos tenido que cubrir honorarios profesionales durante más de dos años, a abogados que atendieran el expediente, los demandados habríamos quedado exhaustos.

Pero hemos contado con la asistencia gratuita, y eficaz, de la maestra Perla Gómez, comisionada al efecto, por Libertad de información, AC, que también me representa en el proceso que inició en mi contra, Regino Díaz Redondo, que cursa actualmente su segunda instancia, y en que también se manifestó la solidaridad profesional de Humberto Lira Mora. En otros casos en que he debido acudir a tribunales, por episodios relacionados con mi actividad profesional, he contado con el apoyo incondicional de los abogados del Diario Reforma (a todos los cuales manifiesto mi agradecimiento).

El juez que conoce de la demanda de Sosa, ya hubiera debido obsequiar nuestra petición de declarar la caducidad del juicio, o iniciarlo para que se compruebe que no ha habido daño a la reputación del demandado. Si lo hubiere, su carrera política se hubiera frenado, y al contrario, marcha viento en popa. Si bien no fue candidato a gobernador (condición en que presentó la demanda) sí ha sido después presidente del Comité Estatal del PRI, y ahora diputado federal, líder de la ya no tan numerosa como antaño diputación de Hidalgo. Salvo que se diga que en la política tricolor, la honra no cuenta.

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Los recursos federales, también para la APPO

Razones
Jorge Fernández Menéndez


Los recursos públicos destinados supuestamente al gasto social de los oaxaqueños han servido para muchas cosas, entre ellas para financiar aliados políticos e incluso adversarios a modo del Gobierno del Estado. La cooptación, el establecimiento de acuerdos políticos con base en el dinero, y su ruptura cuando éste debe redistribuirse, está en el corazón del conflicto que actualmente sufre el estado de Oaxaca.

Flavio Sosa, por ejemplo, dirigente de la Nueva Izquierda Oaxaqueña; la COCEI que escribió en el pasado muchas páginas de luchas políticas en el istmo; la llamada Organización Democrática Insurgente, dirigida por el ex diputado perredista Manuel Pérez Morales; la RED, una organización dirigida por el profesor Humberto Alcalá Betanzos, ex dirigente de la sección 22 y ex secretario general del PRD local, son parte de los grupos que fueron financiados, partiendo de posiciones supuestamente opositoras, con recursos de Coplade y el Ramo XXXIII y se aliaron con el Gobierno de Murat y algunos con Ulises Ruiz. Pero hay muchos más.

Entre los grupos que hoy son parte directa o indirecta de la APPO y que han sido financiados, también, con los recursos públicos federales se encuentran, en forma muy destacada, las llamadas Organizaciones Indias por los Derechos Humanos en Oaxaca (OIDHO), que está encabezada por Alejandro Cruz López y Crisolo Calleja Hernández.
Tienen presencia y trabajo político en la Costa, en la Mixteca y en la Sierra Sur, donde han surgido la mayoría de los grupos armados en Oaxaca. Esta organización fomenta la autodefensa armada de los pueblos indígenas y colabora, públicamente, con el EZLN. Ha recibido recursos públicos de todo tipo del Gobierno del Estado, lo que le ha permitido ampliar significativamente su cobertura y financiar sus actividades y la de sus dirigentes.

Otra organización de la llamada izquierda independiente, clave en todo este entramado, es el Frente Amplio de Lucha Popular (FALP), que encabeza el ex dirigente del PRD, Carlos Ramírez. Es parte de la llamada Alianza Magonista Zapatista y tiene fuerte presencia entre los grupos indígenas, particularmente en los Valles Centrales y Nochixtlán en la mixteca. Se ha especializado en la invasión de predios urbanos y suburbanos para la creación de viviendas populares: a partir de allí reciben apoyos gubernamentales para la construcción de viviendas, lo que le otorga una base de movilización clientelar, al mismo tiempo que un fuerte financiamiento para la organización y sus dirigentes.

El Comité de Defensa de los Derechos del Pueblo (CODEP) está encabezada por Alejandro Juárez Cruz, Jacqueline López Almazán y Guadalupe Ortiz Cruz. Tiene un trabajo político sólido, sobre todo con las mujeres, y muchas de las organizaciones de izquierda independiente han nacido de desprendimientos de la CODEP. Su labor es esencialmente política, de asesoría y apoyo legal para las comunidades, se ha posicionado sobre todo en la mixteca y en la zona triqui.

Una de las organizaciones con mayor capacidad de captación de recursos en los últimos años es la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos (CIOAC), dirigida por el profesor Mario Rafael, con su centro de operaciones en el municipio de Zimatlán de Alvarez, en los Valles Centrales, donde su líder ha sido Presidente municipal. Para sus distintas políticas de gestoría y apoyo a las comunidades, ha conseguido fuerte financiamiento de los programas de Empleo Temporal y Opciones Productivas.

Otros dos maestros, miembros también de la sección 22 y con influencia en ésta son los líderes de la Unión de Campesinos Pobres (UCP). Se trata de Lázaro García Barrera y Gustavo Adolfo Ortega. La UCP es una organización en extremo radical, miembro de COMPAS y adherente de la llamada Alianza Magonista. Se han especializado en la toma de oficinas, cierre de carreteras y movilizaciones. A partir de allí presionan para obtener todo tipo de apoyos públicos. Su ámbito de influencia se ubica en las zonas de los Valles Centrales, la mixteca y otra zona con altos índices de violencia, el sector Rincón de la Sierra Juárez.

La Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo (UCIZONI) es parte del Congreso Nacional Indígena y está dirigida por el agrónomo Carlos Beas y trabaja en San Juan Guichicovi, en Matías Romero, los Chimalapas y Santa María Petapa con las comunidades indígenas, sobre todo en el apoyo legal y la defensa de los recursos naturales. Es parte de las corrientes que se integran al EZLN y tiene muy buenas relaciones internacionales, derivadas de esa adscripción, también, con organizaciones católicas de izquierda. Se ha significado en los últimos años por una decidida oposición al Plan Puebla Panamá y en la actualidad, del corredor Transístmico entre Salina Cruz y Coatzacoalcos. En los últimos años ha comenzado a presentar candidatos a algunas presidencias municipales, luego de que siempre había rechazado las opciones electorales. Obtiene recursos públicos destinados para proyectos productivos, asesoría, capacitación y defensa de derechos humanos. Con base en ello financia la organización y a sus principales dirigentes, además de distintos movimientos aliados.

Lo perverso de este proceso no es que distintas organizaciones sociales reciban apoyo presupuestal, sino que se utilice el mismo para financiar sus operaciones políticas y mantener un control clientelar de los sectores más pobres del estado. Y para colmo, convertirse en objeto de manipulación de grupos de poder que los utilizan para operar en su beneficio, incluso cuando parecen ser enemigos del sistema. Lo que sucede es que, en ocasiones, como ocurre ahora con la APPO, sus patrocinadores se han convertido en aprendices de brujos, que liberaron fuerzas que ahora ya no pueden controlar.


Por : trueeyes




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