Aprendices de brujos Serpientes y Escaleras Salvador García Soto El golpe asestado a la APPO, con la detención sorpresiva de su principal dirigente Flavio Sosa , horas antes del diálogo programado para ayer en la Secretaría de Gobernación, confirma que el gobierno calderonista pretende ganar legitimidad dando golpes de fuerza que lo distingan de su timorato antecesor, y envíen el mensaje de que está decidido a aplicar la ley por encima de consideraciones políticas. Sin embargo, la forma en que se envió ese mensaje, con una "traición" de por medio, representa también el uso de una estrategia propia de los regímenes del PRI y de secretarios de Gobernación de aquella época, a los que el panista Francisco Ramírez Acuña intenta emular para tratar de despejar las dudas y cuestionamientos que generó su nombramiento. Hay algunos casos que documentan que el actual inquilino de Bucareli recurrió a una práctica netamente priísta, lo cual confirma además que la formación y el perfil de Ramírez Acuña son mucho más cercanos al viejo PRI que al panismo histórico. En las semanas que siguieron a la detención y encarcelamiento de Joaquín Hernández Galicia, La Quina, en enero de 1989, el gobierno de Carlos Salinas inició una cacería contra todos los dirigentes de la Sección 1 del sindicato petrolero, con sede en Ciudad Madero. Era el principal bastión de La Quina y la instrucción fue acabar con todos los cuadros del líder petrolero caído en desgracia. Los dirigentes se escondieron para evitar ser detenidos e iniciaron un movimiento de resistencia contra Sebastián Guzmán Cabrera, el sucesor de Hernández Galicia, impuesto por Salinas. Narciso Villaseñor , líder de la Sección 1, encabezaba a los disidentes. Un día, Narciso recibió un mensaje: "Don Fernando (Gutiérrez Barrios) quiere llegar a un acuerdo con ustedes. Los invita a dialogar a Bucareli". La oferta de diálogo llegó con una cita formal para acudir a Gobernación donde el secretario en persona los recibiría. Narciso mandó mensajes a Poza Rica y a Minatitlán donde estaban ocultos la mayoría de los dirigentes. El día y la hora acordados, llegaron muy puntuales a Bucareli los líderes quinistas. Eran las seis de la tarde y siete de ellos se presentaron en el despacho del secretario. "Don Fernando tuvo un problema de última hora -les dijo amable la secretaria. Lo mandó llamar el Presidente a Los Pinos. Pero los va a recibir el subsecretario". Manlio Fabio Beltrones, el brazo operador de Gutiérrez Barrios, los recibió con una enorme sonrisa en su oficina. A las 8 de la noche, Narciso y los demás líderes petroleros salieron de lo más contentos del despacho de Manlio. Les hablaron de un acuerdo, de cancelar órdenes de aprehensión y de gestionar el pago de varios millones de pesos que reclamaba la Sección 1 a Guzmán Cabrera. Tan contentos salieron que de Bucareli se fueron al hotel Madrid, por el Monumento a la Revolución y ahí se hospedaron. Cada uno subió a su cuarto y quedaron de verse en el lobby a las 9:30 para salir a cenar y celebrar el buen acuerdo que habían logrado con el gobierno. Poco antes de las 9, cuando varios de ellos se bañaban o acicalaban en sus cuartos, las puertas se abrieron con violencia. Judiciales y policías llegaron a detenerlos a todos con órdenes de aprehensión en las manos. Fueron enviados a un penal federal, y de su acuerdo y su diálogo sólo les quedaron varios meses en la sombra. Esa parece ser la escuela que intenta imitar Francisco Ramírez Acuña, asesorado tal vez por algún "cerebro" mucho más político que el suyo. Sólo hay dos pequeños detalles: para imitar a Gutiérrez Barrios le falta, y la sociedad mexicana no es la misma en 2006 que en 1989. Si el gobierno calderonista y su flamante secretario de Gobernación no demuestran pronto todo el sustento legal de la detención de los dirigentes de la APPO, y si la aplicación de la ley no llega también hasta el cínico gobernador Ulises Ruiz, más que fuerza o legalidad se verá como venganza y represión contra un movimiento social. Y Calderón quedará como el que le hace el trabajo sucio a Ulises, y como un gobernante que puede aplastar a los disidentes, pero solapa a los poderosos. ¿Eso quiere el "Presidente"? --------------------> Oaxaca: Estado de excepción Plaza Pública Miguel A. Granados Chapa La destrucción de varios inmuebles, entre ellos el edificio del Tribunal Superior de Justicia y la sede del Poder Judicial federal en Oaxaca, que los dirigentes de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) niegan haber realizado, parece haber sido cuidadosamente planeada para asestar el golpe final a esa organización, y con eso consolidar al gobernador Ulises Ruiz. Después del citado vandalismo del 25 de noviembre (que recuerda, toda proporción guardada, el incendio del Reichstag de Berlín por los nazis, para culpar a los comunistas y lanzar sobre ellos la represión), la Policía Federal Preventiva concentró su esfuerzo en la detención de decenas de personas. Muchos de ellos no tienen nada que ver con el conflicto iniciado hace más de seis meses y no fueron detenidos en flagrancia y, sin embargo, quedaron incluidos en el grupo de 141 personas, capturados por la PFP entre el sábado de marras y el lunes siguiente y deportados al Penal de San José del Rincón, en el lejano Nayarit, como si fueran reos de alta peligrosidad. No se les había dictado orden de aprehensión y menos aún se había iniciado proceso en su contra y, sin embargo, se les aplicó bajo el disfraz de una mera operación administrativa solicitada por la Secretaría de Protección Civil oaxaqueña, una pena que equivale a un secuestro. Al día siguiente de la deportación masiva, aplicada sin considerar en lo absoluto los derechos humanos de los detenidos, fue capturado Erick Sosa, hermano menor de Flavio Sosa, uno de los más conspicuos dirigentes de la APPO. Aunque quizá se le confundió con otro miembro de la familia, pues él es ajeno a las movilizaciones, también se le asestó trato de peligroso delincuente y se le remitió al Penal de alta seguridad de Matamoros. Esas operaciones policiacas obligaron a varios dirigentes de la APPO a guarecerse en un anexo del templo de la virgen de los pobres, y el jueves salieron subrepticiamente de Oaxaca, rumbo a la Ciudad de México. Flavio Sosa y Marcelino Coache, que han figurado entre los líderes más presentes, así como otro hermano de Sosa, Horacio, y Juan García Maldonado, fueron detenidos por la PFP en la Ciudad de México anteanoche, y de inmediato los Sosa fueron trasladados a la cárcel federal de Almoloya. Para que nadie piense que no ha habido reforma penitenciaria en México, el Penal donde quedaron recluidos, que antaño era identificado con el nombre del municipio mexiquense donde fue construido, se llamó después ?La Palma?, pero ahora deber mencionado como Altiplano. Hay una desproporción entre las conductas que se atribuyen a Flavio Sosa y su actual situación. Previamente se desató en su contra una campaña de linchamiento moral, con base en la versatilidad de sus opiniones políticas, pues ha pasado de ser promotor del voto útil favorable a Fox, partidario de la candidatura presidencial del Dr. Simi en el partido Alternativa (por lo que Patricia Mercado, a quien se la debía, se ha encargado de cobrársela ahora) y luego militante de la corriente de los Chuchos en el PRD, Nueva Izquierda. Por deleznable que parezcan esas y otras veleidades, es claro que se las hizo públicas para preparar su detención pues, juez anticipado, el jefe del Estado Mayor de la PFP, general Ardelio Vargas Fosado, ¡Se acabó la tolerancia!. Es posible que haya quién suponga que el conflicto oaxaqueño está liquidado. Y hasta es posible que en efecto haya concluido con una victoria de Ulises Ruiz, cuya deposición es reclamada desde poco después del 14 de junio, cuando su policía asaltó el plantón magisterial erigido en el centro oaxaqueño desde el 22 de mayo anterior. Los miembros de la Sección 22 retornaron a las aulas, en parte fatigados por la prolongada movilización, en parte amenazados desde el comité nacional del SNTE por la creación de otra sección sindical y en parte por un genuino compromiso con la educación expresado en acuerdos con los padres de familia. La PFP, a lo largo de los 35 días en que ha permanecido en la capital del Estado, se convirtió en autoridad única (que luego se dio el lujo de delegar sus funciones en las desconfiables y peligrosas policías locales) y eliminó ya hasta la última barricada y ha detenido y maltratado a innumerables personas como si se hubiesen allí suspendido las garantías individuales. Al calor de esa restauración crece el terrorismo patrocinado por el gobierno local. Ya circulan con toda arrogancia, sin disimulo alguno las brigadas de civiles armados que en meses anteriores del conflicto realizaron varias graves agresiones. Ya se permiten atentados contra personas significativas: Fue baleada la casa del pintor Francisco Toledo y un vehículo del sacerdote Carlos Franco Pérez Méndez fue también tiroteado a las afueras del templo donde el párroco oficiaba misa. El motivo de la agresión es la solidaridad de uno y otro con personas vejadas y aún heridas por las autoridades. El clérigo, vicario de pastoral social de la arquidiócesis, fue amenazado por dos peligrosos locutores de una clandestina Radio Ciudadana que propone nombres de personas que deben ser castigadas. Además de pretender escapar de las órdenes de aprehensión en su contra, Sosa esperaba participar en una mesa de diálogo con Gobernación que se aplazó durante una semana. O sea que la novedad en el trato de la APPO con los representantes de Gobernación es que los citan para ubicarlos y poder cumplir las órdenes de captura, en el afán por descabezar el movimiento y ponerle punto final. [+/-] muestra/oculta esta entrada

Por : trueeyes