Calderón doble Plaza Pública Miguel A. Granados Chapa Para denostar a su principal antagonista durante la campaña electoral, el candidato del PAN, Felipe Calderón y su partido, difundieron un spot en que lo comparaban con el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, a quien en ese mensaje, y en cuanto oportunidad había, descalificaban con extrema dureza. Manuel Espino, el dirigente panista, expresó por su parte, apoyo pleno al candidato opositor, al comandante de paracaidistas que el 3 de diciembre pasado, fue elegido por tercera vez primer mandatario de su país. Como si nada de eso hubiera ocurrido, como si Chávez se hubiera sumado complaciente y pronto, a los prematuros reconocimientos a la victoria, ilegalmente dictaminada por el IFE antes de que concluyera el proceso electoral (de hecho nunca lo hizo el venezolano, quien en cambio sospechó de la elección), Calderón hizo carantoñas a quien fue la estrella en la toma de posesión de Daniel Ortega, que asumió una vez la Presidencia de Nicaragua. Chávez hizo lo propio horas antes en Caracas, por lo que fue necesario, que la ceremonia en Managua se demorara en espera del huésped principal. Esa doblez del presidente mexicano puede ser comprensible y necesaria. Su antecesor, tan desaprensivo en su conducta, y habla como su homólogo venezolano, participó en un proceso de deterioro, que puso a la relación entre los dos países al borde de la ruptura. Los embajadores respectivos, volvieron a sus capitales en el momento más agudo de la crisis. Por lo tanto, es sano y útil que no se prolongue una actitud errónea y estéril. Antes que Calderón se encontrara con Chávez, al pasar, la Cancillería anunció que se buscaría mejorar el nexo con Venezuela. Por lo tanto, no objeto que Calderón, elija un camino distinto al marcado por Fox. Lo que señalo es sólo la doblez, la práctica de dos modos de ser encontrados, en que uno pretende encubrir al otro, cuando no se sostiene un dicho previamente proferido. Es la doblez del sapo, que en un mitin en la selva cuestiona el autoritarismo del rey, el león que se hallaba ausente en el momento de la diatriba del batracio, pero que algo percibió de lo dicho. Por ello preguntó al sapo, cómo estaba, a lo que su interlocutor contestó, "aquí nomás, de bocón". La dualidad presidencial presidencial en ese caso, que puede ser en realidad un ejercicio de sensatez, y acaso genere efectos positivos para la política exterior mexicana, es de naturaleza distinta, a la que el propio Calderón practicó el martes, cuando viajó a Puebla y saludó al gobernador Mario Marín. Su índole diversa radica, en que el encuentro fue utilizado por el Ejecutivo local, como un espaldarazo. En los hechos, además, puede tener consecuencias nocivas, pues Marín es objeto de averiguaciones previas en el Ministerio Público Federal, cuya cabeza, el procurador general de la República, es un dependiente de la Presidencia, susceptible de influencia política en el ejercicio de sus funciones. En febrero pasado, Calderón estaba en campaña, había revisado su estilo original (cuando confesó que había sido infiel a su modo real de ser), en el momento en que se dieron a conocer las conversaciones telefónicas entre Kamel Nacif y el gober precioso, llamado así en el ameno coloquio que fue grabado, y difundido para conocimiento general. Por convicción o por conveniencia, o por ambas, el candidato panista se lanzó contra Marín. No se limitó a descalificar su conducta, como el caso ameritaba sino que se sumó explícitamente a la iniciativa de someterlo a juicio político. De corta memoria, el presidente olvidó su dicho. O, habilidoso, aunque eso suponga dejar de lado los escrúpulos, no rehusó recibir el uncioso saludo de Marín, que si llega al extremo de hacerse propaganda cuando es visitado por un falso rey, un charlatán, con mucha mayor razón, lo hizo aprovechando la visita presidencial. Calderón viajó a Hueytlalpan, en la Sierra norte de Puebla, uno de los municipios de mayor pobreza en el país, para echar a andar La estrategia integral para el desarrollo social de los municipios marginados. Dado que la penuria municipal no es dolencia exclusiva de Puebla, el lanzamiento de esa iniciativa pudo haberse hecho en otra entidad, cuyo mandatario no esté sometido a indagaciones ministeriales y hasta a una de carácter peculiar, a cargo de la Suprema Corte de Justicia, y al que Calderón no se hubiera referido peyorativamente. Al proceder como lo hizo, el presidente cohonestó a quien había criticado, sin que hubieran cambiado las circunstancias que dieron lugar a su descalificación. Por eso la doblez de Calderón, explicable como la conducta federal, que ha consolidado en Oaxaca a Ulises Ruiz, para bienquistarse con el PRI, va más allá de un acto de hipocresía o, si se quiere ver su cara positiva, de un gesto de buenas maneras políticas. Han transcurrido ya muchos meses, desde que Lydia Cacho denunció al gober precioso, ante las dos fiscalías federales que le conciernen, como mujer y periodista que es, y no ha habido avance en la averiguación. La relación entre Calderón y Marín puede influir en el resultado de ese procedimiento, salvo que fuera sólo un gesto impertinente por impensado. Podría no serlo y, al contrario, indicar que se ha tomado la decisión de dejar a salvo a Marín, si tampoco lo fue la cordialísima y risueña visita de ministros de la Corte a Puebla, hace un mes. Al saludar satisfechos como lo hicieron al gobernador, los ministros parecieron ignorantes de que, en cierto modo, Marín está sujeto si no a su jurisdicción, sí a su competencia. -----------------> La justicia imperial Bitácoroa republicana Porfirio Muñoz Ledo La primicia política del año fue la elección del presidente de la Suprema Corte. Los pronósticos se confirmaron y fue escogido el ministro Guillermo Ortiz Mayagoitia, eminencia gris del bloque dominante, quien -tras de escarceos menores- obtuvo en primera vuelta la mayoría suficiente de siete votos. El humo blanco que anunció la culminación del cónclave en nuestro palacio vaticano selló en este caso, como en del cardenal Ratzinger, la consolidación de una tendencia que es menester analizar. Significa la continuidad de una tradición conservadora en lo ideológico y caciquil en el ejercicio de la autoridad, esto es, obsecuente hacia el Ejecutivo en lo exterior y verticalista hacia al interior de la judicatura. Un poder dentro del Estado, más que un Poder del Estado. Los antecedentes del designado, el programa de trabajo que presentó en diciembre y sus primeros pronunciamientos dejan pocas dudas respecto del sentido que pretende imprimir a su tarea. La primacía del formalismo, y aun del "letrismo" cuando conviene, en olvido al deber "garantista" del tribunal supremo. Los casos más relevantes en los que intervino el nuevo presiente lo pintan de alma entera. Votó en contra de la despenalización del aborto en el Distrito Federal con el peregrino argumento de que "la Constitución" protege la vida de los seres humanos desde la fecundación; dirimiendo así una contradicción de tesis entre la República y la Iglesia, a favor de esta última. Avaló que una persona, tanto en México como en el extranjero, pueda ser condenada a cadena perpetua, por no considerarla pena inusitada, sino ?suponemos- regular o hasta trivial. Por lo que hace a su concepto de la división de poderes, bastaría citar su anuencia al veto del presidente Fox contra el presupuesto de Egresos del 2005, en desacató flagrante del mandato constitucional; su oposición a que la Auditoría Superior de la Federación averiguara las irregularidades cometidas en el saneamiento del FOBAPROA y su negativa a que se sometiera a juicio político al gobernador de Morelos y se investigara si el "Góber precioso" violó las garantías individuales de Lydia Cacho. Complicidad política, simple y llana. Sus intenciones de reincidencia son expresas. Se apresuró a declarar que no habrá "golpe de timón" en la conducción de la Corte, sino una "evolución", sin especificar hacia dónde. Censuró implícitamente a sus predecesores, adelantando que no habrá "presidencialismo puro y directo", ni tampoco una "presidencia compartida". Finge ignorar que Vicente Aguinaco y Genaro Góngora comprometieron su liderazgo, a contracorriente, para conquistar la independencia de la Corte y que Mariano Azuela encubrió su política blanda tras del grupo mayoritario. No busca "activismo judicial o de avanzada" ni necesita disfraces colectivos. Tal vez quiere ser, por sí mismo, un papa reaccionario. La reacción de los diputados ante la justicia imperial que padecemos, es un aviso oportuno. Para el ejercicio del 2007 redujeron al Poder Judicial de la Federación 4 mil 191 millones de pesos respecto del presupuesto anterior. El mayor recorte se aplicó al Consejo de la Judicatura (3 mil 324 millones) y enseguida a la propia Suprema Corte (62l millones). Algunos argumentos: Cada plaza del Poder Judicial- incluyendo las más modestas- tiene un costo anual neto de 605 mil 472 pesos, el ingreso de los consejeros de la judicatura ascendió a 4 millones 356 mil pesos anuales y cada uno de los cuarenta ministros jubilados recibió el año pasado 2 millones 766 mil pesos. Una contribución ejemplar a la equidad de salarios y pensiones entre los mexicanos. La Reforma del Estado tiene como objetivo prioritario la transformación democrática del Poder Judicial, para devolverle majestad e independencia, mediante la abolición de la arrogancia, la corrupción y la obsecuencia. Para otorgar a los ciudadanos el acceso efectivo a una justicia honesta, transparente, expedita y retributiva. Tres son cuando menos las tareas más urgentes: La creación de una Corte Constitucional, la autonomía plena del Consejo de la Judicatura y el impulso decidido al Libro Blanco de la Reforma Judicial que fue entregado a los poderes Ejecutivo y Legislativo de la Unión. El debate en torno a la creación de una Corte Constitucional, lanzado por la Comisión de la Reforma del Estado en el 2000, fue pospuesto precisamente a petición del Pleno de la Corte, durante diálogos abiertos que sostuvimos, en razón de la batalla por su independencia que entonces libraban. Convenimos en que el actual sistema de designación del Poder Judicial es inadecuado y propusimos que, una vez que avanzara el proceso de transición democrática, se retomara la discusión respecto de la instauración de un tribunal constitucional, que absorbiera las facultades que ésta tiene en materia de controversias constitucionales o acciones de inconstitucionalidad, cuyos actores sean autoridades públicas. Dejamos claro que sí, bien las reformas de diciembre de l994 habían consolidado la función de la Corte en todas las modalidades de control de la constitucionalidad, no es menos cierto que el arbitraje entre poderes le fue concedido históricamente porque se trataba de un poder político, antes que poder jurisdiccional. Recordamos que tanto en la Carta de 1824, como en la de 1857, como en la original de 1917, sus miembros eran electos, o bien por sufragio universal o bien por una combinación de decisiones de los Congresos de los Estados y del Congreso de la Unión. Era un Poder Federativo por antonomasia. En cambio, desde la reforma de 1928, ningún ministro de la Corte puede ser nombrado sino a propuesta del presidente de la República. Pensamos que era conveniente mantener por algún tiempo ese mecanismo de designación, a efecto de no afectar la estabilidad del órgano, pero a condición de fortalecer su carácter de máximo tribunal de legalidad y de control constitucional por la vía del amparo, y confiar más tarde a un poder de conformación democrática las controversias entre autoridades. Propusimos volver al sistema de 1917, de modo que el Congreso, a propuesta de las legislaturas estatales, conformara un órgano de carácter eminentemente político, responsable de velar en última instancia por el correcto funcionamiento del sistema constitucional. Parece también inconsecuente que la cabeza del Consejo de la Judicatura sea el presidente de la Corte, lo que genera una confusión de poderes. No sólo porque los miembros de ese órgano hacen mayoría en el Consejo, sino porque actúan como jueces y partes. Detentan facultades de evaluación, promoción, y sanción sobre el cuerpo que ellos dirigen, tienen competencia para dictar acuerdos sobre el desempeño de sus propias funciones y fiscalizan y auditan el empleo de los recursos que ellos mismos ejercen. Para colmo, también dirimen controversias sobre sus propias decisiones en los casos previstos por la ley. Con sobra de argumentos, el jurista Jaime Cárdenas Gracia ha propuesto la conversión del Consejo en un órgano constitucional autónomo de amplia composición. El árbol se conoce por sus frutos, aunque temo que muchos estén podridos desde su gestación. El empeño que inviertan en promover las reformas judiciales que propusieron a los otros poderes será señal inequívoca de regeneración o de contumacia. De imperialismo ramplón o voluntad genuina de servicio público. A las pruebas nos atendremos. [+/-] muestra/oculta esta entrada

Por : trueeyes