No dejen de leer el Análisis Político que pusimos a la media noche: Cárdenas y Slim, el cerco a López Obrador --------------------> Otro pretexto para golpear al GDF Ciudad Perdida Miguel Angel Velázquez "La Jornada" Acuerdo jurado entre panistas y priístas Montan tinglado para justificar represión La marcha de los miembros de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) se convertirá, seguramente, en el siguiente pretexto para condenar al Gobierno del Distrito Federal actual, y para señalar al entrante. Como zopilotes en espera del deceso, los voceros de la derecha claman sangre. En casi todos los espacios de discusión se habla de la represión legal como la única forma de acabar con el movimiento magisterial oaxaqueño, al que se sumaron muchos pobladores de aquella entidad, y se les olvida, porque así les conviene, cuáles son las razones que llevaron a la protesta. La suma de quienes exigen la desaparición forzada del movimiento no parece congruente. ¿Cuánto debe costar el que Ulises Ruiz siga en el poder? ¿Cuál será el equivalente en golpes, privación de la libertad y persecución de opositores respecto del jurado acuerdo entre priístas y panistas para evitar que un gobernante caiga por mandato popular? Todo esto parece dibujar el escenario de un miedo inmenso, de un temor enfermizo de la derecha a las decisiones de la gente, que concluye que más vale un pueblo reprimido que un pueblo con decisiones. Hasta el cansancio se ha escuchado las voces que advierten que si el pueblo de Oaxaca tumba a Ulises Ruiz, el pueblo de México podrá tumbar a Felipe Calderón. Y frente a esa conclusión, se resuelve el uso de la macana. Y el mejor lugar, para las intenciones del represor, es sin duda la ciudad de México, porque es a sus autoridades policiacas a las que se les pedirá impedir la manifestación de descontento de los oaxaqueños en las calles del Distrito Federal. Hasta ahora, desde el gobierno de la ciudad se ha dicho que se respetará a los grupos en rebeldía, pero desde la derecha, por ejemplo la Cámara de Comercio de la Ciudad de México, apenas se supo que la APPO venía en camino, se lanzó a responsabilizar a las autoridades del Distrito Federal de los supuestos desequilibrios urbanos que pudiera provocar la llegada de los oaxaqueños. La idea es buscar, a como dé lugar, el pretexto para golpear al gobierno de Alejandro Encinas y, por ahí, desacreditar los movimientos populares, como la Convención Nacional Democrática que encabeza Andrés Manuel López Obrador. Es muy probable que la sordera de las autoridades haya aumentado la necesidad de los 3 mil de la APPO que vienen en camino, y que llegarían a la ciudad en diez días, de ser escuchados, aunque todo haga suponer que es aquí, en la capital, donde se abrirá la trampa. Las presiones hacia las autoridades capitalinas aumentarán conforme pasen los días, aunque los oaxaqueños aún no hayan arribado al asfalto citadino, es decir, desde ahora y hasta que el conflicto deje de manifestarse en la ciudad, el juicio en contra del Gobierno del Distrito Federal ya está hecho, y se le consideró culpable. Y si no, nada más hay que esperar un ratito. Está desatada Las amenazas de la derecha en contra de sus supuestos enemigos de clase, los pobres, se hacen cada vez más evidentes. Antes fueron los espots, ahora se trata del comercial de jugos Del Valle, en el que se muestra a un joven que lleva en la mano un machete e interrumpe, entre gritos y saltos, el tránsito en un cruce vehicular. Los automóviles no avanzan, se pretende una congestión y, de pronto, desde las alturas, un enorme envase de jugo con el nombre de la empresa le cae encima y lo aplasta. Ahí queda el mensaje. Ese es el odio. ---------------> Antiencuesta: tres presidentes Dinero Enrique Galván Ochoa "La Jornada" Fox, severo juicio Calderón, lejos de la aceptación general AMLO: ¿cuña o 'presidente legítimo'? Esta semana el país se topó con una situación inédita: tres presidentes. Uno, Vicente Fox, el constitucional, ya dijo que bajó la cortina; otro, Felipe Calderón, reconocido por el TEPJF, todavía no la abre, y Andrés Manuel López Obrador, candidato de la coalición Por el Bien de Todos, resultó nombrado 'presidente legítimo' por una multitud constituida en asamblea nacional democrática. AMLO tiene la cortina abierta día y noche pero carece de cualquier tipo de facultades legales. ¿Qué piensa la ciudadanía? ¿Cómo está procesando esta situación sin precedente? Al presidente Fox, una gran mayoría de las 3 mil 263 personas -mujeres y hombres- cuya opinión sondeamos, lo percibe como un "traidor a la democracia"; a Felipe Calderón lo asocia con "fraude electoral" y muchos opinan que le esperan "años difíciles" y a AMLO algunos lo ven como "presidente legítimo", pero un importante porcentaje simplemente lo considera una "cuña" para el futuro gobierno. Metodología Enviamos el cuestionario por correo electrónico el martes por la mañana a 7 mil 762 miembros de nuestro foro dinero.tv. Hasta ayer había contestado 42 por ciento. En nuestras antiencuestas los participantes no son simples números o estadísticas, tienen la opción de razonar sus votos. Para ayer por la tarde 235 personas habían fundamentado sus opiniones. Algunas de ellas, en forma sintetizada, aparecen enseguida, las demás pueden leerse en el foro. -------------> Una ley para el plan de la CND /IV y último Economía Moral Julio Boltvinik "La Jornada" Programa de combate a la pobreza para el gobierno legítimo La economía moral es convocada a existir como resistencia a la economía del "libre mercado": el alza del precio del pan puede equilibrar la oferta y la demanda de pan, pero no resuelve el hambre de la gente La primera asamblea de la convención nacional democrática (CND) refleja que el movimiento de resistencia contra la usurpación y en defensa de la democracia tomó el único camino correcto: desconocer al gobierno usurpador y declarar un gobierno legítimo encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador. La opción de haberlo nombrado jefe de la oposición, o inclusive de la resistencia, hubiese significado un reconocimiento implícito al gobierno que iniciará el 1° de diciembre. Propongo que en la ceremonia de toma de posesión de AMLO, el 20 de noviembre, una anciana indígena muy pobre (y renegada orgullosa), símbolo cuádruple de los condenados de la tierra (para usar el término de Franz Fanon): pobre, mujer, indígena y anciana, coloque a AMLO la banda presidencial. Hoy concluyo la serie, que inicié en la entrega de Economía Moral del 1° de septiembre, sobre la iniciativa de la nueva ley general de desarrollo social (NLGDS), que presenté ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión. Ella configura un programa de desarrollo social (casi) completo que puede ser un instrumento muy útil para la CND, para el gobierno legítimo de la República, y para el Frente Amplio Progresista. El capítulo referido a áreas y zonas de atención prioritaria se ha transformado a fondo. En la ley vigente, este capítulo (que no incluye el concepto de áreas prioritarias, sino solamente el de zonas) está desconectado del resto del articulado. En la NLGDS, en cambio, se conecta con la medición de la pobreza y del riesgo de pobreza, así como con la planeación y la programación a través de la focalización territorial, pues ésta se lleva a cabo a través de las áreas de atención prioritaria. Éstas se definen operativamente en función del indicador de incidencia equivalente de la pobreza (1) y del riesgo de pobreza, y se establece su clasificación en función del mismo indicador, en ultra alta pobreza, muy alta pobreza y alta pobreza. La distinción entre áreas de atención prioritaria y zonas de atención prioritaria permite que las primeras sirvan para fines de la focalización territorial y que las segundas, que son agregados de varias áreas de atención prioritaria contiguas y homogéneas, sirvan de base a los propósitos de promover el desarrollo regional, lo que está en el espíritu de la ley vigente. El capítulo Fomento del sector social de la economía de la ley vigente se convierte en Fomento de la economía popular. Partiendo de la definición de economía popular establecido en el artículo 2, que identifica el carácter no lucrativo del propósito y la carencia de recursos para poder vivir sin trabajar de sus integrantes, como los dos rasgos definitorios, se desarrollan, con cierta amplitud, las políticas de financiamiento a la economía popular, estableciendo los tres tipos de recursos que los gobiernos pueden canalizar a la economía popular (recursos fiscales no recuperables, recursos créditos recuperables y capital de riesgo recuperable) y los propósitos para los cuales se puede usar cada uno de ellos. También se abren posibilidades diversas de financiamiento como la combinación de crédito productivo y crédito a la vivienda. El capítulo sobre mediciones de pobreza incluye ahora también las mediciones del riesgo de pobreza. Se ha hecho explícita la distinción entre dos tipos de mediciones: las genéricas, destinadas a conocer la evolución de la pobreza en un ámbito geográfico e identificar las áreas de atención prioritaria, y las particulares, destinadas a identificar la población objetivo de un programa focalizado, asignándose la responsabilidad de realizar las segundas a las dependencias y entidades ejecutoras de los programas con focalización individual, y la realización de las primeras, así como la definición de la metodología para ambas, que debe ser la misma, al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Consejo de Evaluación). Se modifican parcialmente los indicadores de pobreza definidos en la ley vigente y se avanza en la conformación de las normas de referencia que definen lo digno y suficiente en cada una de las ocho dimensiones del nivel de vida consideradas. Además, se avanza en la definición del procedimiento en cada dimensión y en el requerido para combinar las dimensiones entre sí. Se incluye, por primera vez, la medición del riesgo de pobreza, para el cual se definen ocho dimensiones con sus respectivas normas e indicadores. El capítulo termina señalando que la condición integral de cada hogar estará dada tanto por su pobreza como por su riesgo de pobreza. En el título sobre el Sistema Nacional de Desarrollo Social, los cambios fundamentales son: a) La asignación de las competencias del gobierno federal dentro del sistema nacional, al gabinete de desarrollo social en vez de a la Secretaría de Desarrollo Social (Sedeso). Este cambio ya ha sido explicado en entregas anteriores. b) La transformación de la comisión intersecretarial en gabinete de desarrollo social, encabezado ya no por el titular de la Sedeso sino por el del Ejecutivo federal. c) La transformación de la comisión de desarrollo social en lo que podría llamarse la 'república de desarrollo social', al ser integrada por el presidente de la República, los gobernadores de los estados y el jefe de Gobierno del Distrito Federal, y al ampliarse sus facultades aprobatorias y de elección de los integrantes de otros mecanismos colectivos (consejo consultivo y consejo nacional de evaluación). El papel central del gabinete de desarrollo social en la superación de la subordinación de lo social a lo económico y en la implantación de la vía multisectorial e intersectorial del desarrollo social ha sido ya discutido en entregas anteriores. Respecto al consejo consultivo se busca superar su carácter insulso cambiando el procedimiento de su conformación, de la designación unilateral por la Sedeso a la elección por unanimidad en la comisión nacional a partir de un universo de candidatos que propondrán organizaciones sociales. No será un consejo consultivo de la Sedeso sino de la administración pública federal. En el título sobre la evaluación se precisa, en primer lugar, para que no haya dudas, que en materia de desarrollo social la función de evaluación es exclusiva del consejo de evaluación (2) . Se precisa el objetivo de las evaluaciones en un doble sentido: a) qué actividades comprende, desde la revisión del cumplimiento de los propósitos básicos del desarrollo social, hasta la emisión de recomendaciones; b) que se evalúa la política de desarrollo social en conjunto así como cada uno de los elementos que la componen (instrumentos, medidas, proyectos, y programas), y que no sólo es materia de evaluación por parte del consejo la política que ejecuta la administración pública federal, sino toda la que use recursos públicos federales cualquiera que sea el ejecutor de la misma. El texto del articulado se transforma radicalmente, eliminándose muchos artículos vigentes referidos a indicadores, algunos de los cuales sostienen condiciones aberrantes, como el artículo 77, que establece que el consejo de evaluación debe someter a la consideración de las secretarías de Hacienda y de la Función Pública los indicadores antes de aprobarlos. En su lugar, se desarrollan las bases de las relaciones de colaboración entre el consejo y la dependencia o entidad ejecutora. Se definen algunas actividades que ésta debe llevar a cabo tanto al inicio del programa como a lo largo de su periodo de ejecución, para generar la información de base que servirá de apoyo en las evaluaciones. Se precisa que estas actividades serán normadas y guiadas por el consejo. Un cambio fundamental es establecer el carácter vinculatorio de las recomendaciones del consejo y el mecanismo de apelación al que puede acudir la dependencia ejecutora ante el gabinete de desarrollo social, dándole así a las evaluaciones una utilidad práctica y una importancia de las que ahora carecen. En efecto, actualmente resultan casi irrelevantes las conclusiones de las evaluaciones, ya que las dependencias hacen caso omiso de ellas, convirtiendo el gasto en la materia en un dispendio. Además, se encarga al consejo de evaluación la formulación del informe anual sobre desarrollo social en México, mismo que se presentará en sesión pública del gabinete de desarrollo social. El informe será la síntesis de las evaluaciones realizadas e incluirá recomendaciones. Se establece que, en la siguiente reunión del gabinete de desarrollo social, el presidente de la República anunciará los ajustes que, en su caso, se harán en la política nacional de desarrollo social como consecuencia de las recomendaciones del consejo. En lo que respecta al carácter institucional y la integración del consejo de evaluación, el primer cambio es que deja de ser organismo sectorizado en la Sedeso y pasa a ser, como el Conacyt, un organismo descentralizado no sectorizado, consolidando su independencia. El segundo cambio es que se precisa su objetivo para que incluya: 1) las actividades normativas y de realización directa, o a través de un organismo independiente del ejecutor del programa, de las tareas de evaluación de la política de desarrollo social; 2) la definición de la metodología para la medición de la pobreza y el riesgo de pobreza, metodología aplicable a las mediciones genéricas y a las particulares; 3) llevar a cabo las mediciones genéricas periódicas; y 4) determinar las áreas y zonas de atención prioritaria en los términos establecidos en el capítulo respectivo. Se ciudadaniza totalmente el consejo al desaparecer de su estructura los miembros designados por el Ejecutivo federal. Queda integrado por nueve investigadores académicos. Entre ellos mismos eligen al presidente y al secretario ejecutivo, cargos que desempeñan de manera rotativa. Los nueve consejeros académicos son elegidos por la comisión nacional por unanimidad para evitar que las minorías queden excluidas de participar efectivamente en la conformación del organismo, lo cual, como hemos visto con el Instituto Federal Electoral (donde se excluyó al PRD), puede llevar a graves deformaciones. Se modifica la estructura orgánica para introducir el consejo general y dotarlo de todas las funciones, incluida la de administración. Estos avances fortalecen las facultades y la independencia de este potencialmente importantísimo organismo. (1) La incidencia equivalente de un conjunto de hogares se define en la iniciativa como el producto de la incidencia (proporción de personas en situación de pobreza o riesgo de pobreza) por la intensidad de la pobreza de dicho conjunto. La intensidad de la pobreza de un conjunto de hogares se define, a su vez, como la media simple de la brecha de pobreza de los individuos que conforman el conjunto, mientras la brecha de pobreza de un individuo, que es igual a la del hogar del que forma parte, se define como el residuo que resulta de restar de la unidad el índice del nivel de vida integrado del hogar. Por último, éste se obtiene al combinar ocho indicadores parciales para cada hogar (acceso a recursos económicos, adecuación del nivel educativo, adecuación del acceso a servicios de salud, adecuación de la vivienda, adecuación sanitaria y de desechos de la vivienda, adecuación del acceso a otros servicios básicos de la vivienda, adecuación del equipamiento básico de la vivienda, y adecuación del tiempo libre disponible). (2) Quién lleva a cabo las evaluaciones es una de las disputas en la controversia constitucional actualmente en curso, interpuesta por la Cámara de Diputados contra el reglamento de la ley vigente. En éste, la Sedeso estipuló un modelo de evaluación en el cual las dependencias y entidades son las que hacen las evaluaciones y el consejo de evaluación las normas y, en todo caso, lleva a cabo evaluaciones complementarias. Este modelo viola la ley, duplica gastos y promueve autoevaluaciones sesgadas hacia el aplauso incondicional. ---------------> Carstens, el primer invitado Serpientes y Escaleras Salvador García Soto "El Universal" En la integración del gabinete de Felipe Calderón no hay aún nada decidido, pero hay avances en carteras importantes. Entre las fuertes presiones que enfrenta de los sectores conservadores del PAN, que le exigen un gabinete "netamente panista" y el cobro de cuotas de empresarios y personajes como Elba Esther Gordillo , el Presidente electo sólo ha hecho una invitación formal para su futuro equipo de gobierno. La semana pasada Felipe Calderón se reunió en privado con Agustín Carstens, a quien invitó a ocupar la Secretaría de Hacienda durante su mandato. El encuentro se realizó en oficinas del Presidente electo y Carstens aceptó en principio la invitación de Calderón, aunque habló de un problema familiar que le impidió dar un "sí" definitivo al ofrecimiento presidencial: la enfermedad de su esposa, Catherine Mansel, que actualmente es atendida en Washington de un padecimiento crónico-degenerativo. El actual subdirector gerente del Fondo Monetario Internacional le pidió a Calderón un breve tiempo para ver si puede resolver el problema de la atención a su esposa, que en gran parte fue el motivo por el que dejó en 2003 la Subsecretaría de Hacienda y buscó su traslado al FMI. Y aunque en lo personal se dijo dispuesto a aceptar el cargo, Agustín no dio todavía una respuesta definitiva. Carstens es la primera opción de Calderón para Hacienda y sólo en caso de que su problema familiar no pudiera ser resuelto, el Presidente electo consideraría otras opciones. Entre los nombres que se manejan si Carstens no aceptara, están el de Santiago Levy y el de Carlos Ruiz Sacristán , en ese orden. La designación de Agustín Carstens, de confirmarse, representaría en el gobierno de Calderón la continuidad de la misma política económica aplicada por Vicente Fox. Para especialistas del tema hacendario, Carstens, por su cercanía y afinidad con Francisco Gil Díaz, representa el mismo enfoque restrictivo y dogmático de las finanzas públicas aplicado por el actual secretario de Hacienda. Las propuestas de campaña y el proyecto del "Presidente del empleo" de Felipe Calderón, difícilmente serían realidad con el esquema hacendario que maneja Carstens que, a decir de los expertos, no es compatible con la idea de hacer del gasto público un motor de crecimiento y generación de empleo. Pero por alguna razón Calderón ya tomó su decisión e invitó a Carstens a la posición que muchos ven como la "vicepresidencia" en el gobierno mexicano. Queda por ver si Agustín resuelve sus complicaciones familiares. Notas indiscretas. En el equipo de Felipe Calderón ya tienen pensado el antídoto para la calentura de Marcelo Ebrard , quien se niega a reconocer al próximo presidente. Dicen que si el jefe de Gobierno del Distrito Federal persiste en su declaración de lealtad sólo a la Convención Nacional Democrática y su jefe Andrés Manuel López Obrador , una de las primeras medidas que podría adoptar el presidente electo, una vez que tome posesión, sería ratificar en la procuraduría capitalina a Bernardo Bátiz , algo que provoca terror en el equipo de Marcelo Ebrard . Ayer, Felipe Calderón le mandó un primer mensaje al futuro gobernante capitalino al señalarle que, por encima de sus diferencias, está el problema de la seguridad en la ciudad de México, lo que también podría ser un aviso de que, además de Bernardo Bátiz, le puede imponer a un titular de la Secretaría de Seguridad Pública que no sea de su agrado y se convierta en una cuña para el perredista. Aunque ya no es el ritual que era en el pasado priísta, la glosa del Informe comenzó ayer en la Cámara de Diputados. Al evaluar la política interior del gobierno foxista, de la tribuna de San Lázaro sólo salieron epítetos y fuertes críticas. El diputado priísta César Camacho Quiroz calificó a la gobernación de Fox de "fracasada, inconsistente e ineficaz, propia de un gobierno de aficionados y en muchas ocasiones de fanáticos que no supieron llevar al país hacia el desarrollo, la estabilidad y la certidumbre". Los dados cierran con Escalera. Semana perfecta. [+/-] muestra/oculta esta entrada

Por : trueeyes