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“Sufragio efectivo, no imposición"

Andrés Manuel
López Obrador


“...la última de las palabras corresponde al pueblo"

Profirio Muñoz Ledo

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El programa "La verdad sea dicha" de la semana se encuentra al final del blog.

* Hoy es lunes, septiembre 18, 2006

Editoriales del 18 de septiembre

9:25 a. m.

Doble poder

Octavio Rodríguez Araujo
"La Jornada"


Una cosa es representar a la oposición y otra representar a un gobierno legítimo y popular. La primera, como bien señaló López Obrador el 16 de septiembre, sería aceptar que Felipe Calderón ganó y que se le presenta oposición, como la de un partido que pierde en una elección. Parece un matiz sin importancia, pero no lo es.

Cuando hay una elección unos ganan y otros pierden, así ha sido siempre. Pero si se gana a la mala, violando la legislación vigente, cometiendo fraudes y calificando la elección por consigna y no por razón y objetividad, no hay ganador pero tampoco perdedor. En una elección legal, equitativa y transparente el que gana, aunque sea por un voto, se convierte en gobernante y el que pierde se convierte en oposición. Cuando, por ejemplo, el PAN ganó en 2000 el PRI pasó de partido gobernante por siete décadas a partido de oposición. Ahora no es así. Hay oposición, desde luego, pero no sólo al gobierno de Calderón si logra tomar posesión, sino al proceso que lo ha convertido por ahora en presidente electo espurio.

El matiz introducido por López Obrador es tan fino como efectivo. Se es oposición, sí, pero al mismo tiempo no, pues si se reconoce ser oposición se estaría reconociendo el triunfo de Calderón y se estaría avalando el proceso electoral en su conjunto, incluida su calificación por el tribunal electoral.

No. Lo que se plantea es otra cosa. Habrá, en el peor de los casos, un gobierno espurio y otro legítimo. Dos gobiernos, uno de las instituciones cuyos titulares traicionaron al usarlas en su provecho, torciendo las leyes, y otro que ha sido elegido, sin presiones de ninguna clase, en la convención nacional democrática instalada el 16 de septiembre en el Zócalo de la ciudad de México, con la representación de todas las entidades de la Federación.

Se dirá que no hay modo de saber si la elección de AMLO como presidente legítimo es de veras mayoritaria. La duda está ahí, cierto, pero no menos cierto es que tampoco se sabe si Calderón ganó la elección del 2 de julio. El Instituto Federal Electoral (IFE) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se negaron a que se contaran todos los votos (el IFE sigue negándose con argucias legaloides), y con estas actitudes dejan en el aire la incertidumbre sobre el resultado de los comicios. Lo que sí sabemos es que los aparatos del actual Estado mexicano han querido y quieren imponer al ex candidato del PAN y que hicieron todo lo que pudieron por impedir que AMLO fuera presidente. Pero también sabemos que una amplia representación popular y nacional, por su lado, votó mayoritariamente (no por unanimidad) que el ex jefe del Gobierno del Distrito Federal sea el presidente de México, el legítimo por encarnar la voluntad del pueblo representado en la convención nacional democrática.

La situación no es inédita en la historia de México, pero las analogías no explican nada, sólo ilustran. Estamos en presencia de un doble poder potencial, gracias a la torpeza y a la necedad de quienes encabezan las instituciones de la República. Si las campañas electorales y la elección misma hubieran obedecido a los principios constitucionales de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad, no estaríamos viviendo la situación de crisis (y esperanza) del momento. El doble poder es resultado de la miopía de quienes actuaron por analogía y no con parámetros de realidad. Pensaron que las cosas serían como en 1988, cuando ante el gran fraude gubernamental, obvio para casi todo mundo, la oposición aceptó ser oposición a secas para reconstruirse y tratar de ganar en elecciones futuras, en lugar de responder ante el fraude con el pueblo burlado. En aquel entonces el líder prefirió la resignación y el reconocimiento de las instituciones, como si éstas fueran entidades abstractas e indeterminadas, y no la lucha por lo que burdamente se le había arrebatado, al líder y al pueblo que lo apoyaba. Pero la historia no se repitió. Ahora hubo y hay un líder que no se dejó y que oyó con cuidado al pueblo que tampoco quiso dejarse y aceptar la imposición. Por esto hay un doble poder, no por analogía, no por imitación, no por capricho, no por afanes protagónicos de nadie. El doble poder, insisto, lo han producido los que no conocen ni asumen la historia de nuestro país ni la fuerza de la voluntad popular. El doble poder, que finalmente se resolverá con la derrota de uno de los dos, es resultado, por un lado, del desprecio al pueblo, y por otro lado de un pueblo y un líder que dijeron "no a la imposición".

Este desprecio al pueblo es típico del pensamiento conservador, de quienes creen que la política es arreglo cupular en salones aislados del ruido. Bajo estas creencias concluyeron, erróneamente, que un líder es por definición un manipulador de masas (que los hay y los ha habido) y no la persona que esperaban millones de mexicanos hartos de que les vean la cara y les den atole con el dedo. Un verdadero líder, para serlo, tiene que ser no sólo apoyado sino creíble para quienes lo apoyan. Un verdadero líder es el que marca la agenda política y social de un país. Un verdadero líder es el que, aunque no quieran, deviene referente ineludible hasta de sus enemigos, como ha ocurrido desde hace más de dos años entre la gente del poder. Esto es un líder, y porque es un líder reconocido, es que ha sido elegido presidente legítimo del país.

El pueblo tiene la palabra y llegará hasta donde quiera, con un líder que reiteradamente ha dicho que no lo traicionará, que no se venderá y que no será víctima del temor o la cobardía.

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República y diversidad


Neil Harvey

Frente a la crisis del actual sistema político, Andrés Manuel López Obrador ha propuesto un movimiento para refundar la República. Con ello, no se aparta del constitucionalismo como el principio básico del Estado democrático, sino que lamenta su corrupción y busca limpiarlo y renovarlo.

Por su parte, el gobierno y sus simpatizantes defienden el desempeño de las instituciones, como si no hubiera problemas serios en la actuación gubernamental y que todas las críticas representaran un desafío peligroso a la institucionalidad republicana. Pero hay que recordar que la defensa del voto, al igual que muchos otros reclamos contra la impunidad y la violencia estatal (como en Chiapas, Ciudad Juárez, Atenco y Oaxaca) son demandas dirigidas hacia las instituciones para que hagan valer los derechos constitucionales.

Sin embargo, la crisis poselectoral ha sido interpretada de una forma preocupante por algunos defensores de la institucionalidad. Volcados en contra de la figura de AMLO, sus críticos pierden de vista la responsabilidad de las mismas instituciones por la situación actual. Cabe preguntarse: ¿por qué la ciudadanía tiene que aceptar un resultado que no permite tener confianza en el desempeño de las instituciones electorales? Si la situación no es exactamente igual a la de 1988, cuando Salinas tuvo que buscar la legitimidad después de las elecciones porque no la obtuvo en las urnas, hay una similitud preocupante en el sentido de que el resultado puede otorgar el poder pero no la certeza de un proceso justo. Ante esta situación, resulta muy simplista responsabilizar al supuesto mesianismo de un candidato o echar la culpa a los millones de ciudadanos y ciudadanas que han decidido manifestarse pacíficamente en las calles de la capital. Existe entonces el peligro de que la defensa a ultranza de las instituciones se convierta ante los ojos de gran parte de la población no en la defensa de la democracia sino en la defensa del poder. El constitucionalismo puede servir a ambos proyectos, pero es el segundo que termina despojándolo de su legitimidad popular.

La convención nacional democrática abre nuevas posibilidades para construir una democracia más incluyente, creativa e innovadora. Como señalan González Casanova, López y Rivas y Hernández Navarro ('La gran mentira y las alternativas de un México democrático', La Jornada, 16 de septiembre), existe el reto de avanzar en la formación de una democracia de las autonomías, fincada en el respeto a las diferentes formas de organización social y en su coordinación en escalas locales, nacionales y globales.

Algunos polítologos dicen que un país necesita dos procesos electorales competitivos y libres consecutivos antes de ser considerado con una democracia consolidada. Si es así, la larga transición mexicana ha quedado truncada. En este contexto, la refundación democrática tendrá que incluir a nuevos actores, demandas y estrategias en una nueva relacion solidaria entre múltiples organizaciones e individuos. Para construir esta relación social podemos aprender mucho de las experiencias de los movimientos de las mujeres, los pueblos indígenas y los trabajadores migrantes en la búsqueda de nuevas formas de articular la diversidad en proyectos comunes. Estos movimientos expresan una pluralidad de demandas y aspiraciones que resisten no sólo la mentira y la imposición sino también la homogenización. En este contexto, hace falta repensar el constitucionalismo para que responda a las condiciones actuales de sociedades desiguales, diversas y globalizadas.

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A dónde vamos

Ifigenia Martínez
"El Universal"


La reciente imposición de la corriente de derecha que desde hace un cuarto de siglo domina el gobierno de México, representada ahora por el PAN y un fuerte sector corporativo del PRI, está en vísperas de, por cuarta ocasión, ocupar la Presidencia de la República. En forma alternativa, desde 1988 ha surgido una corriente opositora de izquierda que se ha ido fortaleciendo y todo parece indicar que en 2006 ganó la Presidencia del país, sin haber obtenido otra vez reconocimiento institucional.

En estas circunstancias, y ahora más que en otras ocasiones, la situación política se perfila como la de dos fuerzas cuya confrontación puede desembocar en un conflicto permanente que impida la gobernabilidad o, en forma alternativa el nuevo Frente Amplio Progresista recién formado utilizando los instrumentos de la representación democrática y de la presión popular, conduzca si bien lentamente y con dificultades, hacia un país con un desarrollo económico y social más equitativo.

La posibilidad de utilizar una posición de fuerza para combatir la injusta situación en la que la política neoliberal ha situado al país -y en especial a las clases campesina y laboral-, y de presionar aun con dificultades, hacia mejores horizontes, se facilita con la formación del Frente Amplio que incluye no sólo a los partido políticos de la coalición Por el Bien de Todos, a sus miembros en el Poder Legislativo federal y estatales, a los representantes de sus gobiernos y a numerosas organizaciones sociales que se quieran sumar como tales, y desde luego a las personas que sin pertenecer a ningún partido o grupo formal deseen incorporarse a este movimiento.

¿Para qué nos vamos a reunir y con qué fines? No sólo se trata de manifestar la insatisfacción y descontento por el actual estado de cosas en materia política, económica y social y nuestro disminuido prestigio en el ámbito internacional, sino de precisar la clase de país que queremos y por el que vamos a luchar.

Para tratarse en la Convención Nacional Democrática se han señalado cinco temas: combate a la pobreza y a la desigualdad; defensa del patrimonio nacional; derecho a la información; combate a la corrupción y a la impunidad; y renovación radical de las instituciones. Considero que sin la renovación institucional no es posible conseguir los otro cuatro y que es pertinente reformular los objetivos en seis líneas estratégicas con objeto de facilitar la comprensión de los cambios institucionales requeridos.

I. Defensa del patrimonio nacional incluye asegurar la productividad de la tierra, del mar territorial, del agua, los bosques, los hidrocarburos y otros recursos naturales mediante un aprovechamiento racional técnico y científico.

II. Protección de la población, en primer lugar con el derecho a la alimentación (básica) y muy en especial del cultivo del maíz ante la amenaza de la apertura pendiente del TLCAN, teniendo presente que la alimentación no sólo es ingesta sino es cultura vinculada al desarrollo rural sustentable.

III. Educación y cultura. Se trata del primer derecho social catalogado como universal, obligatorio y gratuito desde la segunda mitad del siglo XIX, y que debe ser incluyente y de calidad, y que en la actualidad abarca a la infancia y la juventud, en especial ante el escandaloso rezago en que nos han colocado los gobiernos neoliberales. En este objetivo se incluye el derecho a la información por formar parte y ser indicativo de la educación y cultura democrática de una sociedad.

IV. Derecho al empleo. Se trata de una categoría que debe analizarse en toda su complejidad, pues está asociada con el incremento del ingreso nacional y de la riqueza que necesariamente incorpora a la acumulación de capital y al progreso tecnológico y científico (know how), y con cuya adecuada legislación e instrumentación se financian complementariamente los derechos de salud, pensiones y vivienda.

V. Establecer un sistema de planeación democrática del desarrollo regional que permita incorporar el esfuerzo de todos los niveles de gobierno, de las corporaciones privadas, tanto de empresarios como de trabadores, campesinos, y otros; es decir, volver operativo el sistema de economía mixta (contemplado en la Constitución) que señale las atribuciones y áreas que corresponde manejar al Estado y al mercado regulado.

VI. Un elemento indispensable en este esquema son las instituciones e instrumentos para financiar y ordenar el desarrollo, de los cuales el principal lo constituyen los recursos, instrumentos y regulaciones de la hacienda pública con el manejo de los poderosos instrumentos de ingreso, gasto y deuda, y la regulación a su cargo de las instituciones financieras, pues el crédito es un servicio público (canaliza recursos excedentes de los ahorradores a los inversionistas mediante un precio, la tasa de interés).

Son tareas de largo alcance pero que deben abordarse con sentido de urgencia. Tal es el tamaño del esfuerzo que compromete al Frente Amplio Progresista en la lucha por la democracia, el bienestar y la igualdad que demandan en la hora actual los mexicanos.

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La CND: sus matices


Manuel Camacho Solís
"El Universal"


La Convención y sus decisiones darán lugar a una nueva controversia. Sobre todo, la de nombrar a Andrés Manuel López Obrador presidente legítimo marcará el debate público y provocará innumerables descalificaciones. Sin embargo, por encima del golpeteo, la Convención Nacional Democrática es un hecho político trascendente.

La Convención es el espacio y el momento en el que la oposición de izquierda ha definido los cursos que seguirá su acción política. Mostró que, a dos meses y medio de las elecciones, se mantiene un fuerte movimiento opositor. Quien haya estado presente en el zócalo sabe que algo profundo estaba corriendo entre quienes mantuvieron una máxima atención, no obstante el aguacero, los problemas que tuvo el sonido y la larga espera que los llevó a mantenerse de pie cuando menos ocho horas. Quienes ahí estaban son ciudadanos decididos a seguir a AMLO.

El movimiento opositor tiene ya un plan, cuya ejecución impactará a la política nacional. Es un dato nuevo, frente al cual nadie puede permanecer ajeno. De aquí al 1 de diciembre se mantendrá la movilización. La toma de posesión de Felipe Calderón estará presionada por una inconformidad organizada y por un calendario que seguirá montado en las fechas y símbolos históricos. Su posicionamiento frente a esta iniciativa opositora se convierte así en su definición política central. Ya no podrá definir una agenda propia sin tomar en cuenta la de sus opositores.

El movimiento opositor tiene asegurada una dimensión suficiente como para obligar a una respuesta del régimen. La hipótesis que manejó el gobierno de que, después de algunas semanas, la protesta de AMLO tendería a agotarse y desaparecer, ya no ocurrió. El problema ya no se arregla solo. Si frente a él no se construye una iniciativa política grande, se convertirá en el catalizador de las más diversas inconformidades y en una fuerza que elevará los costos de la entrada de Calderón y hará difícil que el próximo gobierno se consolide.

La CND se salió de la trampa de enfrentarse a todas las instituciones y al orden constitucional. Se ha definido en oposición al régimen de privilegios y no en desconocimiento de la Constitución y de las instituciones. Ha definido un objetivo estratégico que significa una salida al movimiento y que puede representar una salida política para la nación. El objetivo es crear una cuarta república. Es decir, un nuevo régimen político. No se busca para ello ir a un nuevo constituyente, sino a un proceso constitucional. No se busca una nueva Constitución, sino una nueva constitucionalidad.

La oposición de izquierda, por su parte, ha decidido conformar el Frente Amplio Progresista. Con lo cual también se vienen abajo todos los intentos políticos de dividir a la coalición o de generar confusión. Se integra un frente que competirá con el polo de derecha. Así, el Frente se coloca en una posición ideal para capitalizar a su favor los errores del gobierno y para ampliar sus alianzas nacionales y regionales. Su fuerza en el Congreso y en los gobiernos locales se potencia.

La decisión de la CND que será más controvertida será la de formar un gobierno y nombrar un presidente. Un gobierno que no tenga en sus manos las funciones clásicas que lo caracterizan no es en esencia un gobierno. Pero si esa organización compuesta de unos cuantos líderes es capaz de desarrollar las funciones que desempeña un gobierno sombra en un régimen parlamentario, ese gobierno tendrá un alto impacto en una etapa de la vida política donde los posicionamientos políticos son tan escasos. La figura de presidente ejercerá esa función crítica en relación al presidente legal, pero sobre todo será quien escuche al pueblo, lo conforte y le dé liderazgo en la defensa de sus causas y demandas más sentidas. Esa figura de defensor del pueblo será una presión fuerte para la gobernabilidad. Lo será, sobre todo, por la razón que determinó su aceptación: el no reconocimiento a Calderón. La presidencia de AMLO es una medida extrema de resistencia civil pacífica.

Miembro de la Dirección Política del Frente Amplio Progresista


Por : trueeyes




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