La oficina de Asuntos Jurídicos considera que no hay condiciones para la lectura del documento Traslado en helicóptero, entrega del Informe y adiós, plan de Los Pinos Versión de que Andrés Manuel López Obrador estará como parte de la lista de 25 invitados del PRD La oficina de Asuntos Jurídicos de la Presidencia de la República elaboró la argumentación legal con objeto de justificar la ausencia de Vicente Fox Quesada, este viernes, en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados. Tras endurecerse el cerco policiaco-militar en torno al Palacio Legislativo, y darse a conocer la organización de cuatro marchas ciudadanas rumbo a San Lázaro, el abogado de Los Pinos, Juan de Dios Castro Lozano, determinó en su documento la ausencia de condiciones para la lectura del sexto Informe de gobierno de la administración foxista. Al ambiente de tensión el secretario general del órgano legislativo, Guillermo Haro Bélchez, sumó un elemento aportado por este diario el día de ayer, que propició preocupación entre un amplio sector de diputados federales: ''Sí está prevista en la ley'' la presencia de elementos del Estado Mayor Presidencial (EMP) en el salón de sesiones durante el Informe del titular del Ejecutivo federal. ¿Invitado incómodo? Inclusive, entre la diversidad de versiones que ayer hicieron eco en la Cámara de Diputados, destacó la que se refiere a la probable presencia de Andrés Manuel López Obrador en el salón se sesiones durante la ceremonia de hoy. Trascendió que entre la lista de los 25 invitados del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD) se encontraba inscrito el nombre del candidato de la coalición Por el Bien de Todos. A esto se añadió el dato de que el cineasta Luis Mandoki tendrá acceso al interior del recinto para grabar los sucesos . Ante la serie de especulaciones en torno a lo que habrá de suceder hoy en San Lázaro, cuyos alrededores se han visto bloqueados por miles de elementos de la Policía Federal Preventiva (PFP) y del Ejército Mexicano, con la instrucción de preservar el orden y la paz, ayer se dijo a este diario que el equipo de abogados de Los Pinos, encabezado por Castro Lozano, culminó el texto por el cual se justificará el argumento de que no existen condiciones objetivas para dar lectura al sexto Informe de Vicente Fox Quesada. De tal forma, la logística a manos del alto mando del Estado Mayor Presidencial, encabezado por el general Armando Tamayo, decidió que por seguridad nacional, el Presidente de la República habrá de ser trasladado por helicóptero al Palacio Legislativo de San Lázaro. Una vez que Fox Quesada se encuentre en la Cámara de Diputados, caminará rumbo al Salón de Protocolo -distante unos cien metros del helipuerto-, donde lo esperará la mesa directiva del órgano legislativo, a la que entregará el texto del Informe y, tras el saludo protocolario, retornará a la aeronave para regresar a Los Pinos. Este diario recorrió las áreas donde se ubican el helipuerto y el Salón de Protocolo, en el recinto parlamentario, y se pudo observar que ambos sitios se hallan resguardados por decenas de integrantes del cuerpo de Guardias Presidenciales. Además, esas áreas se aislaron con barreras metálicas para concederle -en caso necesario- a Vicente Fox y a su comitiva un amplio espacio para caminar sin problema ni riesgo de alguna interpelación. Recinto desierto El panorama ayer en San Lázaro era de desolación. Los miles de trabajadores administrativos y de confianza que ahí laboran fueron impedidos de ingresar al edificio por órdenes de las fuerzas federales. En contraste, se desplegó un sinnúmero de elementos militares -vestidos con elegantes trajes oscuros- apostados en todos los accesos y pasillos. Tal ocupación policiaco-militar fue comentada por el coordinador de la bancada del PRD, Javier González Garza, quien ayer insistió en el retiro de la Policía Federal Preventiva y del Ejército Mexicano: ''Es parte de las medidas arbitrarias que está tomando la mesa directiva. La ocupación militar y la presencia de la policía federal es una vergüenza para el país''. En consonancia con el perredista, Ricardo Cantú, líder de la bancada del Partido del Trabajo (PT), señaló que entre la sociedad el descontento persiste no sólo por la intervención de Vicente Fox en el proceso electoral, sino por el cerco militar en torno a San Lázaro. ''Lo más correcto sería que el Presidente entregara su mensaje por escrito, ya que la ley no lo obliga a darlo verbalmente; es más producto de la costumbre que una obligación que la ley señale''. El incremento de la presencia de elementos policiacos y militares fue justificado por el secretario general, Guillermo Haro Bélchez, quien respondió a las preguntas sobre el cerco de seguridad: ''El Estado Mayor (Presidencial), al exterior del recinto toma sus propias determinaciones para cumplir su función fundamental, que es proteger la integridad del señor Presidente, y en eso la Cámara de Diputados no interviene en lo absoluto''. Sostuvo que corresponderá al presidente de la mesa directiva, Jorge Zermeño, tomar las decisiones que considere pertinentes para garantizar la seguridad en el salón de sesiones. -¿Y si decide llamar a la fuerza pública, inclusive dentro del recinto? -se le preguntó. -Están previstos los mecanismos en la propia ley orgánica; los conoce plenamente el señor presidente de la mesa directiva y todos confiamos en que habrá un clima de civilidad y de respeto para el inicio de la sesión solemne. Es una atribución que compete exclusivamente a él. -¿El Estado Mayor Presidencial y la PFP pueden entrar al salón de sesiones? -Es facultad exclusiva del presidente de la mesa directiva; no nos adelantemos a los hechos. -Pero la pregunta es: ¿sí está previsto en la ley? -Sí. Sustento reglamentario El argumento de Haro Bélchez se sustenta en los artículos 211, 212 y 213 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, que a la letra señalan, respectivamente: ''Los presidentes de las cámaras podrán ordenar, siempre que lo consideren conveniente, que se sitúe guardia militar en los edificios de las mismas, la que estará sujeta exclusivamente a las órdenes del presidente respectivo. ''Sólo con permiso del presidente, en virtud de acuerdo de la Cámara, podrán entrar al salón de sesiones personas que no sean diputados y senadores. Por ningún motivo se permitirá la entrada a los pasillos a personas que no tengan la anterior representación. ''Cuando por cualquier circunstancia concurriere alguna guardia militar o policía al recinto de las cámaras, quedará bajo órdenes exclusivas del presidente de cada una de ellas''. -------------> Alega el PAN que el tribunal ya emitió una resolución que en su momento fue acatada Evalúa el TEPJF impacto de la propaganda sucia contra AMLO Aunque ya en su momento fue motivo de una resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), la campaña sucia desarrollada por el PAN es un argumento más que la coalición Por el Bien de Todos ha presentado para que los magistrados no declaren la validez de la elección presidencial. El llamado "voto del miedo", que detonaron los promocionales con el lema "López Obrador es un peligro para México", fue un factor en la contienda y el Instituto Federal Electoral (IFE) fue omiso para detenerla. Sin embargo, en los alegatos presentados por el PAN -en su escrito como tercero interesado- se plantea el argumento de que el tribunal electoral ya emitió una resolución sobre procedimientos especiales para analizar la propaganda de los partidos, mismo que sirvió al IFE para intervenir en los promocionales -no sólo del PAN- que consideró que se encuadraban dentro de los criterios de los magistrados y denostaban al adversario. Muy similares son los argumentos del IFE en su informe circunstanciado remitido para desvirtuar las acusaciones que la coalición realiza sobre el tema y sobre la injerencia de los empresarios en la campaña electoral. La única diferencia con el alegato panista es que en este caso se citan los procedimientos mediante los cuales el instituto ordenó el retiro de promocionales. Al referirse a la injerencia de compa-ñías privadas y grupos empresariales en favor del PAN, el instituto señala que en este renglón "la autoridad no es omnímoda ni omnipotente, es decir, las facultades de la autoridad electoral se encuentran ceñidas a lo que dispone la ley, de tal suerte que las conductas de entidades privadas no pueden ser sancionadas en términos en que lo pide la enjuiciante". La publicidad sucia y la participación de grupos empresariales en favor del candidato del PAN, entre ellos la del Consejo Coordinador Empresarial, conforman otro de los ejes argumentativos de la coalición Por el Bien de Todos para demandar la no declaratoria de validez de la elección presidencial, lo cual será objeto del análisis de los magistrados. La coalición argumenta que el IFE no detuvo a tiempo la campaña que inició el PAN en contra de Andrés Manuel López Obrador, y que el desarrollo de esta publicidad sucia, como la definió al asociarlo con la violencia y con el populismo, tenía el propósito único de propiciar el miedo en el electorado. Frente a esta situación, responsabiliza al instituto de ser omiso en sus responsabilidades de impedir la calumnia y la denostación, como lo establece el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. Muy ligado con este tema, en el juicio de inconformidad promovido en el distrito 15 del Distrito Federal, en torno al cual la coalición demanda la no declaratoria de la validez de los comicios ante las condiciones de desigualdad en la contienda, también se alude a la abierta campaña del Consejo Coordinador Empresarial en la campaña electoral, el involucramiento de empresas como Bimbo -propiedad de Lorenzo Servitje, cuyas filias panistas son evidentes- y Jumex, cuya propaganda comercial, a decir de la coalición, dejaba entrever inclinaciones en favor del PAN. Tras advertir que de manera ilegal un particular -la organización empresarial- contrató propaganda con evidentes contenidos electorales para descalificar la oferta de López Obrador, acusa al IFE de ser omiso en sus responsabilidades y de no haber actuado en consecuencia ante la violación a la legislación en la materia. "Hubo complacencia y permisividad" en un hecho que influyó en el electorado. El PAN, en cambio, sostiene que existen contradicciones en los planteamientos de la alianza: en una parte de su escrito -dice el blanquiazul-, la coalición "aduce que la 'campaña de mentiras y descalificaciones' quedó acreditada 'en las resoluciones firmes de la sala superior del Tribunal Electoral y del Consejo General del IFE', e incluso aporta al juicio de inconformidad dichas documentales, como pruebas de que la campaña propagandística desplegada por otros contendientes fue desproporcionada y basada en acusaciones falsas". Sin embargo, se añade, modifica su opinión y señala que el Consejo General del IFE omitió tomar las medidas necesarias para hacer cesar las campañas negativas en contra del candidato de la coalición. "Siete páginas adelante insiste en que el IFE permitió los ataques desproporcionados entre contendientes y omitió tomar las medidas necesarias para lograr el cese de dichas campañas". Y concluye: "no cabe duda que para la coalición las mismas autoridades, en particular el IFE, mostraron actuaciones contrapuestas e incompatibles entre sí en relación con la misma materia. En su equívoca argumentación, por un lado las autoridades fueron omisas en atajar ataques desproporcionados y falsos, pero por otra, aduce que las mismas autoridades determinaron que ciertas actividades propagandísticas fueron desproporcionadas y carentes de verdad". Al referirse a la participación del CCE y de las empresas Jumex y Bimbo, el PAN pretende desvirtuar las acusaciones de eventuales apoyos en favor de la campaña de su candidato, Felipe Calderón, sosteniendo que la coalición no presenta ningún indicio de haber acudido a la Comisión de Fiscalización del IFE para presentar una queja en contra de estos presuntos apoyos ilegales. Para justificar su actuación en el ámbito de la publicidad electoral, el IFE hace un recuento de cómo se fueron conformando los procedimientos especiales que se iniciaron ante diversos promocionales que cayeron en los supuestos que en su momento emitió el propio tribunal electoral, que los consideró como denostativos e injuriosos. "El IFE conoció y resolvió, a través de la instauración de dichos procedimientos desahogados durante la etapa previa a la celebración de la jornada electoral", destacando que esos mismos asuntos llegaron posteriormente a manos de los magistrados por parte de los partidos y coaliciones que los consideraron violatorios de la normatividad electoral. ------------> Absurdo, que el tribunal electoral no actuara de oficio en la defensa del voto, señalan Exigen consejeros estatales del IFE la remoción de Luis Carlos Ugalde JUAN G. PARTIDA, MARIANA CHAVEZ, JAVIER CHAVEZ, DAVID CARRIZALES Y ERNESTO MARTINEZ CORRESPONSALES En la sesión ordinaria de las juntas locales del Instituto Federal Electoral (IFE), con la que se dio por concluida la elección presidencial y de legisladores del nuevo Congreso de la Unión, consejeros estatales de Jalisco, Querétaro, Quintana Roo, Nuevo León, Michoacán y Oaxaca hicieron fuertes críticas a la falta de certeza con que se condujo el proceso, y exigieron la remoción de los consejeros nacionales del organismo, principalmente el presidente, Luis Carlos Ugalde Ramírez, quien "convirtió (al organismo) en una agencia electoral del Estado". El presidente de la junta local del IFE en Jalisco, Esteban Garaiz Izarra, puso a disposición de sus "superiores" su cargo, pues, "todos sabemos", la campaña electoral "no fue limpia ni equitativa". Solicitó la eliminación de las "interferencias del Ejecutivo federal" frente a candidatos o plataformas que con toda claridad sesgan las condiciones de equidad. Asimismo, "deben establecerse sanciones claras y severas a la interferencia electoral de empresas o de organismos empresariales en las campañas", manifestó. Mientras, cinco de los seis consejeros de Querétaro señalaron que la elección presidencial dejó "la triste sensación de que tenemos avances y retrocesos democráticos", porque "ni aparentes ganadores, ni supuestos perdedores, ni el árbitro hemos cubierto las expectativas de la ciudadanía ni lo que el país demanda para consolidar la frágil transición democrática". Los consejeros presentaron un estudio matemático sobre datos computados conforme a actas, paquetes electorales abiertos y escrutados en el distrito federal tres, que elaboraron cuatro consejeros, y detectaron "indicios de errores intencionados". Consideraron que en la defensa del voto, que no es patrimonio de los partidos y pertenece a los ciudadanos, "resulta absurdo" que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación sólo la hiciera "a petición de parte, y no de oficio. "En el IFE arrastramos un gigante burocrático muy costoso que no corresponde a la realidad socioeconómica del país y sólo está sirviendo como agencia electoral del Estado. Queremos llamar la atención sobre el riesgo de que la figura ciudadana del consejero electoral sea para validar un proceso cuestionado." Coincidieron en la urgencia de que el IFE realice un ejercicio de reflexión y autocrítica para recuperar "la confianza ciudadana que alguna vez ganó", pues "la elección no fue la caja de cristal que algunos grupos de interés se empeñan en pregonar". Desaseo en campañas En Quintana Roo, consejeros estatales pidieron a la Cámara de Diputados "la inmediata y total renovación" del Consejo General, ante la ausencia en los comicios de los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad. Cuatro consejeros de la junta local del IFE señalaron en un documento: "los mexicanos fuimos testigos (...) de la nula intervención del Consejo General del IFE para obligar a los institutos políticos a ceñirse a la ley, y permitirles desarrollar campañas dominadas por la descalificación, el miedo, la denostación y el insulto. "De igual manera se permitió, por encima de la letra expresa de la ley, que organismos empresariales lo hicieran también, y se toleró la intromisión abierta del Presidente de la República en la descalificación de un candidato, por un lado, y la promoción de su partido, por otro. "Al concluir la jornada electoral, el Consejo General manejó con descuido la información de los programas de conteo rápido y de resultados preliminares (...) exacerbando la incertidumbre y la desconfianza en el árbitro electoral y en la limpieza de la elección." A su vez, cuatro de los seis consejeros del IFE en Nuevo León advirtieron: "no podemos callar nuestra profunda preocupación por la falta de claridad con que se manejó la información en torno a los resultados de la votación del 2 de julio. "No entendemos cómo llegaron a acumularse cuatro versiones diferentes de los resultados electorales preliminares." Falló la certeza y se dio al traste con la confianza que con tanto esfuerzo se construyó en los últimos 15 años, a sabiendas de que, "ante la grave polarización que vive el país, nuestra posición no dejará satisfecha a ninguna de las partes del proceso"; pero la intención "no es agradar a nadie, sino responder a nuestra propia conciencia, frente al compromiso que asumimos de vigilar que el proceso electoral se desarrollara conforme a los principios de legalidad, imparcialidad, objetividad, independencia y certeza". Mientras, Concepción Torres Zaragoza, consejera de la junta local en Michoacán, sostuvo: "hoy no podemos desconocer el conflicto poselectoral en el que está inmerso el país, y en esto el IFE debe asumir la responsabilidad que le toca, al igual que los actores políticos que participaron en el proceso". En tanto, los consejeros del IFE en Oaxaca informaron que en las elecciones presidenciales "el acuerdo de neutralidad no fue cumplido por las autoridades del estado, particularmente por el gobernador Ulises Ruiz Ortiz". En un documento de 11 cuartillas, los consejeros oaxaqueños señalan: "los programas sociales fueron utilizados para la compra y coacción del voto. Fue en las comunidades rurales donde más se pudo observar este comportamiento". -------------> Nuestro voto, manipulado por el IFE, consideran Resolución justa, demandan artistas e intelectuales de Nuevo León al TEPJF DAVID CARRIZALES Y JAVIER VALDEZ CARDENAS CORRESPONSALES Integrantes del gremio cultural de Nuevo León señalaron que, en aras de la certeza y la transparencia, una resolución justa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) en torno a las elecciones presidenciales del pasado 2 de julio sería el primer paso para rencauzar la vida institucional y "sentar las bases mínimas de acuerdo que requiere el país en el propósito de renovar lo que se ha desgastado". Agrupados en la Asamblea de Intelectuales y Artistas de la entidad, personajes como Cuitláhuac Quiroga, María Belmonte, Rogelio Flores de la Luz, Abraham Nuncio, Coral Aguirre, Clara Eugenia Flores, María Eugenia Llamas, Xavier Araiza, Luis Frías Teneyuque, Marianela Gómez, Katy Rodríguez, María Elena Padilla y Laura Hernández expusieron en un manifiesto que comparten la convicción de millones de mexicanos "de que nuestro voto fue manipulado con una voluntad facciosa por las autoridades del Instituto Federal Electoral (IFE)". En tanto, unos 300 simpatizantes de Andrés Manuel López Obrador se trasladaron de Sinaloa a la ciudad de México para protestar contra el fraude electoral, durante la ceremonia del sexto Informe de gobierno del presidente Vicente Fox. Imelda Castro, presidenta del sol azteca en la entidad, informó que se mantendrán los cinco campamentos ubicados en plazuelas y sedes distritales del Instituto Federal Electoral en los municipios de Culiacán, Mazatlán y Ahome. Asimismo, señaló que para la Convención Nacional Democrática, que se realizará el próximo 16 de septiembre, "unos 3 mil perredistas acudiremos" al Zócalo capitalino. [+/-] muestra/oculta esta entrada

Por : trueeyes