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* Hoy es domingo, octubre 08, 2006

Más sobre las transas de los fox

4:04 p. m.

Abogados del Ejecutivo y sus parientes

Paulino Lorea Hernández es abogado penalista, uno de los más prominentes en Guanajuato. Fue propuesto en la terna para ocupar la Procuraduría General de Justicia del Estado en el recién nombrado gabinete del gobernador panista Juan Manuel Oliva Ramírez, quien inició su mandato el 26 de septiembre pasado. Sin embargo, aunque el mismo Lorea comentaba en su círculo de amistades que tenía el apoyo para ser procurador, le fue ofrecida la subprocuraduría en León, que no aceptó, pues dijo: "procurador o nada". Lorea defendió al empresario inmobiliario Oscar Flores Pérez, acusado de despojo a ejidatarios. Flores Pérez fue internado en el penal de León, pero el abogado logró su libertad en menos de 20 minutos. Sobre si ha representado de manera legal a Juan Pablo Fox, Lorea dice: "no soy su abogado; lo he aconsejado en algunas cosas porque es mi amigo, un muy buen amigo". Aunque dice no conocer a Juan Pablo Rodríguez Quintalán, otros abogados dicen que entre Paulino y Rodríguez existe una amistad que va más allá del trabajo conjunto que han realizado en algunos casos. Actualmente Lorea atiende la cartera de honor y justicia en el Colegio de Abogados de León.

A su vez, José Luis Reyes Vázquez es un abogado cercano a Vicente Fox. Fue su consejero jurídico durante su mandato en el gobierno del estado. Fue presidente fundador y miembro activo de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa en la entidad. Fue el abogado que llevó el divorcio legal de Vicente Fox y Lilián de la Concha. Después fue nombrado delegado de la Procuraduría General de la República y atendió las empresas familiares de los Fox como asesor jurídico. Participó en el equipo de transición de Vicente Fox en 2000.

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Es copropietaria de red de invernaderos que no existe en la dirección declarada

La familia Fox usufructúa de manera ilegal zona en presa de riego, señalan

MARTIN DIEGO CORRESPONSAL


Vegetlán ­firma de la que son copropietarios los Fox­ dice tener su domicilio en el kilómetro 13 de la carretera León-Cuerámaro, pero ahí sólo existe un paraje desolado Foto Martín Diego

Guanajuato, Gto., 7 de octubre. Aunque la empresa Vegetlán afirma en su dirección electrónica (www.vegetlan.com.mx, cuyo dominio está patrocinado por Omnilife, perteneciente al empresario Jorge Vergara) que su "complejo de invernaderos hidropónicos con la más alta tecnología a nivel mundial" se ubica en el kilómetro 13 de la carretera León-Cuerámaro, en San Francisco del Rincón, en ese lugar sólo hay matorrales, hierba y uno que otro huizache.

El nacimiento de esa firma estaría ligado con un préstamo por 8.6 millones de dólares "sin garantías" que obtuvo Juan Pablo Fox Quesada por medio de Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura en el Banco de México (Fira), con el fin de crear cinco hectáreas de invernaderos en sociedad con Jorge Vergara y su empresa Omnilife, señala Edgar Arroyo, presidente del consejo de administración de Grupo Industrial Aguascalientes (GIA) en su libro En el nombre de mi hijo, en el cual denuncia cómo mediante una red de complicidades, el hermano del presidente Vicente Fox intentó arrebatarle su compañía dedicada a la producción farmacéutica, en aparente contubernio con el empresario Alfonso Romo.

Nada hay en el kilómetro 13 de la carretera León-Cuerámaro, de jurisdicción estatal. Los lugareños reconocen que en ese sitio no hay ninguna empresa y en el kilómetro 12.5 no hubo una firma de nombre Fox Brothers. Un kilómetro más adelante se encuentra la única gasolinera que abastece de combustible a las comunidades cercanas, donde tampoco conocen ninguna compañía llamada Vegetlán.

Dos kilómetros antes de llegar a dicho punto, viajando de San Cristóbal a Cuerámaro, hay un restaurante a pie de carretera llamado Los Tres Potrillos, donde tampoco se conoce a la empresa ni mucho menos un plantío de lechugas.

"Los únicos que siembran por aquí hortalizas son los Fox, pero siembran papa, brócoli y nada más, que yo sepa", dice el dependiente del lugar.

Sin embargo, en el kilómetro 8.5 de la carretera estatal citada existe un anuncio de X-Tra Congelados, lo que fue antes Congelados Don José. Un kilómetro más adelante está la entrada del rancho San Cristóbal, residencia de la familia Fox y, por un camino sinuoso, siguiendo derecho por la ex hacienda, a unos cinco minutos de terracería, aparecen de pronto 30 invernaderos que contrastan con lo seco de algunos predios de propiedad ejidal.

Sólo dos grandes "patrones"

Los comuneros identifican sólo dos grandes "patrones": los Fox en los plantíos de brócoli y, más reciente, "la empresa de Jorge Vergara, que está ahí en los terrenos del patrón Vicente Fox, pero no sé cómo se llama, como no dan recibos, nomás la raya", pues la paga es a destajo, en efectivo, por día trabajado, sin prestaciones, y la única referencia de su actividad es una libreta donde, de puño y letra del capataz, se anotan los días trabajados y las dobles jornadas, según los labriegos.

José Cruz Pacheco, regidor de San Francisco del Rincón y habitante del rancho San Cristóbal, refiere: "la empresa de (Jorge) Vergara y Juan Pablo Fox se comenzó a construir hace no más de dos años, y así como comenzaba a construirse comenzaban a trabajar, pero no tiene ni cinco años, ni tres generaciones; eso es una mentira; tiene dos años, máximo".

Es más, relata que esa empresa no aparece en los registros de San Francisco del Rincón, aunque se ubica en esa demarcación. "No sé si pagan impuestos en León o aquí, pero lo que sí sé es que se encuentra en una zona en litigio. La empresa está dentro de la presa de riego que debería tener la función de abastecer de agua a los pobladores y fue secada para que Vicente Fox la usufructuara, primero con las hortalizas de papa, luego de brócoli y ahora de lechugas vivas en el negocio que tienen con Vergara".

El regidor refiere que Vegetlán ocupa unas 30 hectáreas de las 485 que componen el antiguo vaso captador de agua del que se abastecían hasta 1934 los pobladores, y que fue desecado y luego "ocupado por la familia Fox, hasta el momento; todavía estamos en juicio en la Secretaría de la Reforma Agraria para que nos devuelvan la presa y parte de unos terrenos ejidales, y resulta que, aun con ello, la familia Fox hizo ya negoció con un tercero para usufructuar el predio que ni siquiera les pertenece, porque no hay una sentencia definitiva sobre el caso. La presa no está a negociación, porque de ahí nos abastecemos los campesinos de la zona, pero ya pusieron ahí los invernaderos y ni quién los quite ahora".

Agrega: "lo que se comete ahí es una ilegalidad, porque no se puede disponer de una propiedad que está en litigio y, en todo caso, la familia Fox, no sé si Vicente o Juan Pablo, cometen un abuso de autoridad al suponer que el fallo les será favorable y, por eso, desde hace dos años comenzaron la construcción de los invernaderos".

En la comunidad es un secreto a voces que el Estado Mayor Presidencial (EMP) no sólo está a cargo de la seguridad de la familia Fox, sino también realiza trabajos de albañilería y otras faenas para los negocios de parientes del mandatario.

Una de las tareas que les encomendaron, según afirman varios sancristobalenses, fue enmallar el perímetro de Vegetlán con el fin de evitara riesgos de que ejidatarios inconformes tomaran la presa y pararan las obras.

Además se dispuso de otra cuadrilla para abrir canales de desagüe de la empresa con destino a un embalse que se encuentra en otro predio y del que la familia Fox también se abastece de agua, pero sólo para regadío.

Lo mismo son guardias de seguridad de la empresa privada que porteros de Vegetlán. Este sábado, tras buscar una entrevista en la factoría, dos militares salieron al paso para preguntar el tema de la conversación. Tras tomar las placas del vehículo, el nombre del corresponsal y hacer varias preguntas, uno de ellos acudió a la caseta de vigilancia, desde donde se puso en contacto con un vigilante y luego refirió que las entrevistas sólo se atienden por cita en Guadalajara.

Los efectivos del EMP dotados de catalejos y radios, con una insignia militar en una bolsa de la camisa a cuadros de corte vaquero, no dieron mayores detalles, aunque tampoco se portaron descorteses.

Vegetlán es una fortaleza, lo mismo que X-Tra Congelados pero, lo que en algún momento fue Vegetales Frescos y la empresa de mayor importancia en el lugar, esa sí propiedad de Vicente Fox, sigue siendo un solar con apenas dos pequeños invernaderos, abandonado, descuidado y con la hierba crecida.

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Juan Pablo Fox quiso apropiarse ilegalmente de firma que vale unos 400 mdd, señalan

Hermano del Presidente, implicado en despojo a industrial farmacéutico
  • El empresario Edgar Arroyo revela trama que involucra a abogados del jefe del Ejecutivo
  • Afirma que un terreno de su propiedad tasado en unos $80 millones fue vendido de modo ilícito
  • "Era imposible decirle no a un miembro de la familia presidencial", relata el afectado
GUSTAVO CASTILLO GARCIA


Juan Pablo Fox Quesada -hermano del presidente Vicente Fox-, en aparente contubernio con Alfonso Romo Garza, ex presidente de Grupo Savia (empresa dedicada al desarrollo de productos transgénicos), intentó obtener de manera ilegal una industria farmacéutica y sus patentes, cuyo valor se estima en más de 400 millones de dólares.

Edgar Arroyo, presidente del consejo de administración de Grupo Industrial Aguascalientes (GIA), denunció mediante su libro En el nombre de mi hijo la existencia de una red de complicidades que involucran no sólo al hermano del mandatario, sino también a abogados de Vicente Fox, notarios públicos de San Luis Potosí, Jalisco y Monterrey y autoridades policiacas de Aguascalientes y Nuevo León.

En entrevista con La Jornada, Edgar Arroyo narró cómo logró desarrollar un producto capaz de atemperar enfermedades crónico degenerativas, al investigar un medicamento que sanara a su hijo de un mal aparentemente incurable.


Elementos del Estado Mayor Presidencial realizan faenas para la empresa Vegetlán, de la cual es copropietario Juan Pablo Fox (en la imagen superior). La firma se ubica en San Francisco del Rincón, Guanajuato Fotos Martín Diego

La difusión del denominado Proyecto Andy despertó el interés de la familia Fox Quesada en 2003, motivo por el cual Edgar Arroyo fue invitado al rancho San Cristóbal, donde se entrevistó con el Presidente.

Luego de ese encuentro, Marcelo Gay Guerra, "quien se ostentó como amigo personal de Vicente Fox", se presentó ante Arroyo y le dijo que "el objetivo de la visita era que invitara a Juan Pablo Fox a que formara parte del proyecto.

Presiones

"A pesar de que para esas fechas no se tenía contemplado convertir en un negocio el producto descubierto, finalmente aceptamos que era necesario contar con un plan de negocios. Era imposible decirle no a un miembro de la familia presidencial.

"Muchas instituciones públicas y privadas, nacionales y extranjeras, nos habían dicho que el proyecto era importante no sólo para México, lo que incrementó en Juan Pablo Fox o en los Fox el interés o la urgencia de formar parte de él.

"Debido a la incómoda y continua insistencia, la propuesta de que el hermano del Presidente ingresara a la empresa se aceptó, pero sólo para realizar la comercialización del producto en el extranjero.

"Como la producción era muy poca, Juan Pablo Fox nos ofreció obtener una línea de crédito a través de Nafin, lo cual no pudo concretarse.

"Aun así Juan Pablo Fox solicitó una participación de 50 por ciento del proyecto, situación que nos pareció un abuso. Ingresó con 25 por ciento de participación. Supuestamente cubriría el valor de sus acciones con utilidades o mediante el pago correspondiente al valor de los activos de la empresa a valor del mercado. Hasta la fecha no se ha dado ninguno de los dos casos.

"Pasó el tiempo y el desarrollo del plan de comercialización no se concretó, gracias a que en esa época se asoció con Jorge Vergara, dueño de la empresa Omnilife, en un proyecto que consistía en instalar unos invernaderos para producir lechugas, el cual se llamó Vegetlán."

Tiempo después Juan Pablo Fox se comunicó con Arroyo para preguntarle si tenía dinero, pero en lugar de informarle que se podía obtener una línea de crédito, le sugirió que pusiera a la venta un terreno de 500 hectáreas que tenía en Puerto Vallarta y que había sido incluido como activo de la sociedad que ambos habían concretado.

Por ello el hermano del presidente Fox puso en contacto a Edgar Arroyo con un notario de San Luis Potosí, ya que supuestamente estaba interesado en el terreno y ofrecía 84 millones de pesos por él.

Sin embargo, cuando se suponía que se iba a cerrar el negocio, apareció Juan Pablo Rodríguez Quintalán, a quien se le debía otorgar un poder pleno para comprar, vender e incluso contratar créditos a nombre de la sociedad que se encargaría de la comercialización en el extranjero.

Tras descubrir que se trataba de un engaño, el poder otorgado a Rodríguez Quintalán se canceló notarialmente, lo que causó un distanciamiento entre Juan Pablo Fox y Edgar Arroyo.

Pero en junio de 2004 de nueva cuenta Juan Pablo Fox preguntó a Arroyo si necesitaba dinero. Esta vez le dijo que sería un crédito "rápido y barato". Sugirió que se diera como garantía el terreno de Vallarta. Así fue como Arroyo supo que Vector Casa de Bolsa, cuyo propietario era Alfonso Romo Garza (presidente del grupo Savia, cuyo giro principal era la venta de semillas modificadas genéticamente, y que era socio de Monsanto), le podría otorgar el ansiado préstamo para incrementar la producción de su descubrimiento.

El 6 de septiembre de 2004, ante el notario público número 75, del municipio de San Pedro Garza García, en Nuevo León, se realizaría la protocolización del crédito.

Sin embargo, se condicionó la firma del acuerdo: "no debían aparecer en el contrato Alfonso Romo Garza ni Vector Casa de Bolsa, sino Héctor Lozano Sepúlveda (presunto prestanombres de aquél), y el monto a entregar era menor a 12.8 millones de pesos, pero se debía firmar por 14.5 millones.

"Juan Pablo Fox quedó como deudor solidario, pero aunque el compromiso era pagar de manera conjunta, algunos días después de firmar el crédito el hermano del Presidente me solicitó que yo realizara los pagos porque a él se le complicaba. Desde ese momento me dejó solo.

"En esos días llegó una propuesta de compra para el predio de Vallarta. Una empresa extranjera ofrecía 6.7 millones de dólares por el activo. Eso permitiría pagar el crédito, pero para consolidar esa operación era necesario tener el pago de impuestos del terreno al corriente, y fue cuando descubrimos que esa propiedad ya no era nuestra.

"Juan Pablo Rodríguez Quintalán, ilegalmente, lo vendió a su hermana, de nombre Rebeca, como representante de la empresa Judama, en un millón 100 mil pesos. Ahora Juan Pablo Fox aparece como un promotor y posible beneficiario del predio."

Ante esa situación, Edgar Arroyo puso en alerta a los representantes de Vector para que actuaran jurídicamente y se pudiera recuperar el terreno.

"Sin embargo, no realizaron ninguna acción legal, por lo que interpuse dos demandas, una en San Luis Potosí, que fue donde un notario público ilegalmente aceptó la compraventa del predio, y otra en Nuevo León, pues ahora resultaba que la garantía del crédito estaba en riesgo y yo debía seguir pagando el crédito otorgado por Vector."

A partir de ahí se acrecentaron los problemas de Edgar Arroyo. Tras la interposición de sus demandas fue detenido ilegalmente el 25 de febrero de este año por policías estatales de Aguascalientes, quienes lo golpearon y torturaron durante varias horas, exigiéndole que les firmara documentos en los que aceptaba ceder sus empresas y patentes, para que terminaran así sus problemas con la gente de "México y Nuevo León", y recuperaría supuestamente el predio de 500 hectáreas.

A decir de Edgar Arroyo, "un hermano del Presidente me amenazó con la pérdida permanente de mi activo (el terreno en Vallarta), el cual contundentemente lo tenía detenido hasta que no le cediera mis activos".

Tras su detención y tortura permaneció 30 días en la prisión municipal de San Pedro Garza García, Nuevo León, donde recibió presiones para ceder los derechos de sus patentes y entregar sin mayores trámites sus empresas en favor de Héctor Lozano Sepúlveda, un "prestanombres de Romo Garza" y amigo de Juan Pablo Fox.

Edgar Arroyo afirma que en las acciones de chantaje estuvieron involucrados los abogados Paulino Lorea y José Luis Reyes Vázquez. Ambos litigantes, además de ser amigos de la familia Fox Quesada, han sido los encargados de resolver distintos procedimientos jurídicos en los que han estado involucrados tanto Vicente como Juan Pablo Fox.

Paulino Lorea fue el encargado de resolver el litigio que se inició en 2001 en contra de Juan Pablo Fox por parte del First Nacional Bank, por el delito de fraude (La Jornada, junio de 2000). Esa acusación también puso al descubierto de manera incipiente el financiamiento ilegal a la campaña presidencial de Vicente Fox Quesada.

"Ellos ponían a mi consideración la cesión del Proyecto Andy, tomando en cuenta que Alfonso Romo Garza aparentemente tenía interés en él. Juan Pablo Fox inclusive habló con mi esposa y le aseguraba que él podía ordenar que me regresaran el terreno de Vallarta, pero lo condicionó a que le cediera mis activos.

"Según Marcelo Gay Guerra, el Presidente habría estado enterado de que su hermano me estaba extorsionando por conducto de José Luis Reyes y Paulino Lorea."

La detención y posterior proceso penal contra Edgar Arroyo ocurrió debido a que Héctor Lozano presentó una denuncia en su contra por el supuesto delito de fraude ya que, según él, el desarrollador del Proyecto Andy había vendido el terreno de Vallarta a Rodríguez Quintalán un día antes de que firmara el crédito hipotecario con Vector.

Falsificación de firma

Sin embargo, la investigación documental que realizó Edgar Arroyo descubrió que Rodríguez Quintalán falsificó su firma, y con un documento fechado en el mes de octubre de 2004, llevó a cabo la venta en el mes de septiembre, situación que fue aprobada por un notario público del estado de San Luis Potosí.

Actualmente Edgar Arroyo está libre bajo fianza, pero cada lunes debe comparecer ante un juez del fuero común en el estado de Nuevo León, pues de lo contrario sería reaprehendido. Hoy sus acusadores son Lozano Sepúlveda, Juan Pablo Fox y Paulino Lorea, quienes tienen como testigos de la supuesta comisión del delito de fraude a los notarios públicos que hicieron posible que con documentos falsificados se vendiera el terreno de 500 hectáreas.

Edgar Arroyo, todavía antes de salir de la cárcel, recibió una oferta para quitarse "de broncas con Vector, Poncho Romo y con los de México. Simplemente querían que firmara todo a su favor, patentes, marcas, registros, fábricas, y además un reconocimiento de deuda por 22 millones de pesos, los cuales ofrecían que pagara en dos meses".

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Y no puede faltar el reportaje que pueden encontrar en la revista "Proceso" versión impresa de esta semana:

El hermano rapaz

Jesusa Cervantes
"APRO, Por Esto!, Proceso"




Como a principios del sexenio, el hermano menor del Presidente de la República, Juan Pablo Fox Quesada, se ve envuelto en un escándalo de dinero, pero ahora con la presunta complicidad presidencial. Esta vez se le acusa de intentar arrebatar una valiosa patente y sus empresas a un investigador que desarrolló una fórmula para atacar la enfermedad de uno de sus hijos y que hasta entonces se consideraba incurable

El sexenio del Presidente Vicente Fox termina como empezó: con escándalos por presuntos malos manejos financieros y de negocios de su hermano menor.

Mientras que en el año 2000 el First National Bank demandó a Juan Pablo Fox Quesada por no pagar un préstamo de 100 mil dólares que obtuvo ostentándose -sin serlo- como director de una empresa, ahora pesan sobre él acusaciones de haber incurrido, con la ayuda presidencial, en abuso de poder, tráfico de influencias, amenazas, secuestro y torturas.

Así lo afirma, en un libro de próxima aparición y en entrevista, el investigador e industrial Edgar Arroyo, quien fue invitado a conocer al presidente Fox luego de hacer un descubrimiento que le dio celebridad internacional.

Después de nueve años de investigación sobre una enfermedad incurable, melliue mitocondria, que padecía su hijo Andy y que, entre otras cosas, consistía en que sus células no podían reproducirse, Arroyo encontró una cura, confirmada ahora por el hecho de que, a sus 11 años de edad, Andy está "clínicamente sano" pese a que los médicos que empezaron a tratarlo no le daban arriba de ocho años de vida con esa enfermedad crónico degenerativa.

Su hallazgo consistió en la elaboración de un nutriente ultrasintetizado que, afirma, reestructura las células del cuerpo humano. Luego de que Andy había perdido hasta la vista, al consumir la proteína no sólo la recuperó, sino que recobró también la memoria, mejoró su piel, pudo sostenerse en pie y empezó a generar músculos. Andy, afirma su progenitor, comenzó su cura al igual que lo han hecho otros 800 enfermos que se han sometido al consumo del nutriente bajo un estricto protocolo.

El descubrimiento del investigador mexicano despertó gran interés en empresas farmacéuticas extranjeras -una de las cuales, refiere, pagó 10 millones de dólares sólo por ver uno de los 24 capítulos de la investigación-, pero también en Juan Pablo Fox Quesada, quien, según el denunciante, se confabuló con el poderoso grupo empresarial de Alfonso Romo, recurrió al contubernio de representantes de los poderes Judicial y Ejecutivo, ejerció presiones, incurrió en la tortura y llevó hasta la cárcel a Edgar Arroyo para intentar quedarse con la patente del producto, las plantas generadoras del mismo, sus cinco empresas y un predio en Puerto Vallarta que, ubicado en la zona turística, está valuado en 84 millones de pesos.

Pero lo que es peor, de acuerdo con Arroyo, es que las acciones de Juan Pablo en su contra fueron cometidas con pleno conocimiento del Presidente Vicente Fox, quien asumió la Presidencia cuando Andy tenía cinco años de edad y casi tres de haber sido diagnosticado.

"El presidente de México -asevera- estaba siendo cómplice... estaban enterados de lo que quería hacer Juan Pablo Fox, y lo solaparon".

El encuentro con los Fox

Con documentos oficiales y grabaciones notariadas donde, aparte de Juan Pablo Fox, aparecen representantes del Presidente de la República y empleados de Alfonso Romo, el investigador expone en entrevista cada una de sus "especulaciones" -como él las llama- sobre los hechos por los cuales hoy se halla viviendo a "salto de mata" y alejado de su esposa y sus tres hijos, quienes huyeron del país por seguridad ya que, subraya, también ellos fueron hostigados directamente por Juan Pablo Fox.

En la entrevista, Edgar Arroyo, ingeniero con especialidad en investigaciones de química industrial y bioquímica, refiere que al inicio de la administración de Fox -por quien votó sólo para vivir el "lado cruel" del "gobierno del cambio"- contaba con todo un complejo de plantas y laboratorios pertenecientes el consorcio Grupo Industrial Aguascalientes (GIA): GiaCompany, Gialive, GiaCanada, La Perla y General Alliance. Para el año 2002, los avances sobre la cura de su hijo Andy eran notables y su empresa gozaba de un gran prestigio en el extranjero, lo que llegó a oídos de la familia Fox.

Por esa misma época, él y su equipo de trabajo, luego de comprobar mediante protocolos médicos los beneficios del nutriente, el cual fue bautizado como protengia, decidieron ponerlo al alcance de todos bajo el nombre de Proyecto Andy, dentro de una empresa fabricante de galletas, leche malteada, golosinas, bebidas hidratantes y suplementos alimenticios.

Pero había un problema: contaban con pocos recursos.

Una persona que en varios momentos lo había ayudado y que era un cercano amigo de Vicente Fox, a mediados del 2002 lo presentó con el Presidente de la República, quien lo invitó a platicar en el rancho de San Cristóbal. Ahí, junto con su hermano Juan Pablo, Vicente Fox lo escuchó y se interesó en el proyecto.

En los días siguientes aparecieron en las oficinas de Arroyo varios abogados, entre ellos el notario de Guanajuato Marcelo Gay Guerra, "quien se ostentó como amigo de Vicente Fox. El objetivo de la visita era -según comentaron- invitar a Juan Pablo Fox Quesada, aparentemente por instrucciones de su hermano Vicente, a que formara parte del proyecto", recuerda Arroyo en su libro de próxima aparición En el nombre de mi hijo, bajo el sello de Grijalbo y Random House Mondadori.

Ya en la entrevista -realizada en la Ciudad de México-, Arroyo relata cómo durante las visitas de aquellos personajes a su casa o a su fábrica le insistían en que, dentro de su proyecto, debía participar "un miembro de la familia presidencial".
Hasta que "llegó el momento en que no pude seguir dando más largas al asunto, por lo que le ofrecí una participación en la empresa Standard & Co. que mi esposa y yo habíamos creado en el 2001 y que estaba sin trabajar. Fue como darle (a Juan Pablo) un dulcesito ante tanta insistencia", acepta.

Para echar a andar el Proyecto Andy habían calculado que se requerían cuando menos 4 millones de dólares, por lo que Juan Pablo Fox insistió en que se solicitara un crédito a Nacional Financiera. "Acepté, pero para ofrecer respaldo crediticio tuve que incluir en esta empresa una propiedad que tenía en Puerto Vallarta, un predio de 500 hectáreas valuado en 85 millones de pesos", recuerda.

A lo largo de varios meses, Nafin nunca les entregó el préstamo y, en cambio, todo se empezó a complicar, pues a principios del 2003 Juan Pablo empezó a exigirle el 50% de las acciones de la empresa.

"Yo le dije: Oye, no seas ingrato. Yo voy a poner la planta, la infraestructura, el trabajo de presentación del plan de negocios y toda nuestra investigación. Ante esto, Juan Pablo cedió y dijo: está bien, que sea un 25%".

- ¿Se sintió presionado por la familia presidencial?
- Sí, pero debo ser honesto: nunca me imaginé todo lo que vendría después...

A mediados de ese 2003 Juan Pablo estableció por otra parte una sociedad para instalar invernaderos y producir lechugas, lo que lo mantenía ocupado, pero al poco tiempo "me habló por teléfono y me ofreció otra forma de financiamiento: vender el terreno de Puerto Vallarta ya que era un activo de Estándar & Co. que no generaba dinero, pero además me dijo que tenía un posible comprador. La idea no me pareció mala, y acepté".

El posible comprador era el notario de San Luis Agustín Castillo Toro, quien ofrecía 84 millones de pesos. "Para cerrar el negocio, mi esposa y yo fuimos a San Luis, pero Juan Pablo nunca llegó. El notario no ofertó nada, y en cambio me ofreció un acta extraordinaria de asamblea firmada por Juan Pablo Fox y fechada el 29 de marzo de 2004, donde se otorgaba poder a un tal Juan Pablo Rodríguez Quintanal para que vendiera o solicitara créditos a nombre de mi empresa. Ese documento lo cancelé el 24 de junio de ese mismo año en Vallarta".

Días más tarde, sin embargo, Juan Pablo se volvió a comunicar para sugerirle solicitar un crédito a Casa de Bolsa Vector, propiedad de Alfonso Romo. "'Es un crédito rápido y barato. Nos ayuda a ti y a mí en los proyectos que tenemos, y así a todos nos va bien y nos la llevamos tranquila', me dijo, y luego me aseguró que sería con bajos intereses pero que teníamos que dar el predio de Vallarta en garantía. 'El negocio de las lechugas todavía no comienza y necesito dinero', me expresó. Lo discutí con mi esposa y decidimos que, para avanzar más en el Proyecto Andy, debíamos considerar esta alternativa".

Juan Pablo Fox y Edgar Arroyo firmaron ese crédito por 14.5 millones, y aunque las condiciones del préstamo no fueron las prometidas, Arroyo dice haberlas aceptado porque ya había adquirido algunos compromisos de pago de maquinaria que debía. Y añade un dato curioso: que en lugar de firmar Alfonso Romo el crédito por parte de la Casa de Bolsa, lo hizo su director de asesoría patrimonial, Héctor Lozano Sepúlveda.
Así, el 6 de septiembre del 2004 salió de allí con un préstamo por 14.5 millones, aunque sólo le entregaron 12.8 millones, y bajo el compromiso de pagar mensualmente 520 mil pesos. Para hacer estos pagos, apunta, nunca contribuyó Juan Pablo Fox a pesar de que era obligado solidario.

El notario que dio fe de la firma, Francisco Garza Calderón, prosigue, cobró 200 mil pesos por registrar en Vallarta la garantía hipotecaria, pero nunca realizó el trámite.

Pese a todo, Arroyo aún se resistía a pensar que "todo era una trampa".

El calvario

Meses más tarde, en febrero del 2005, le ofrecieron comprarle el terreno de Vallarta por 6.7 millones de dólares. Era su oportunidad para liquidar el crédito de Vector, por lo que aceptó de inmediato.

Pero en seguida se dio cuenta de que ya no estaba a su nombre, sino que había sido vendido, el 4 de septiembre del 2004, por Juan Pablo Rodríguez Quintalán -a quien en junio de ese mismo año se le había revocado el poder para hacer tales operaciones-, a una empresa llamada Judama, propiedad de la hermana de aquél, Rebeca Rodríguez Quintalán.

Descubrió que la venta se había hecho por un millón 100 mil pesos; que el notario que dio fe de la operación fue el mismo de San Luis que, en marzo de 2004, firmó un acta de asamblea extraordinaria donde se daba poder a Rodríguez Quintalán para realizar ventas y firmar créditos.

Su equipo de abogados se encontró luego con otra sorpresa: que Judama había revendido el predio en un millón 200 mil pesos a otra empresa, llamada GVMMM, Capital, S.A., que se había constituido apenas dos días antes de la supuesta compra. Y para colmo: quien dio fe de esta reventa fue el mismo notario de San Luis Potosí.

Pronto supieron que otro notario de San Luis Potosí, Jacinto Lárraga Martínez, con firmas de Edgar Arroyo que según éste fueron falsificadas -como lo demostraron dos pruebas grafoscópicas-, había regresado a Juan Pablo Rodríguez Quintalán el poder para vender el predio de Vallarta propiedad de la empresa Standard & Co. Así mismo, asevera Arroyo, a pesar de que los documentos eran falsos, el registrador de Vallarta, Jaime Pérez Navarrete, inscribió indebidamente los cambios de propietario.
Angustiado y sorprendido, Arroyo informó de todo lo anterior a Juan Pablo Fox y a Héctor Lozano, de Vector. El hermano del Presidente le aseguró que harían todo lo posible por arreglar esas irregularidades, en tanto que Lozano le dijo que no se preocupara, que lo esperarían con los pagos comprometidos, pues confiaban en él.

La mano del presidente

Posteriormente, de acuerdo con llamadas telefónicas que Arroyo dice haber grabado, Juan Pablo Fox le ofreció dar instrucciones para que recuperara su predio, pero a cambio de su patente y sus empresas.

Recuerda que ya a punto de vender su predio de Vallarta, se lo informó "a Héctor Lozano para avisarle que pronto le pagaría el crédito", y, entonces, "raramente resultó que el dueño del terreno era otra persona. Pero, además, Juan Pablo Fox me dijo: cédeme parte de tu empresa, te mando al notario y entonces te regreso tu predio".

Además, cuando comunicó al hermano del Presidente la demanda que emprendió contra los notarios, éste le respondió: "¿Por qué lo haces? Me estás metiendo en problemas. Sí te digo que te puedo regresar el predio, es porque lo puedo hacer".

Días más tarde, indica Arroyo, el asesor del Presidente Vicente Fox, Marcelo Gay, le habló para ayudarlo. "Incluso se llevó las demandas que yo interpuse por el tema de mi predio", dice, y luego "me pidió escriturar mis activos a nombre de Juan Pablo Fox, quien a su vez daría instrucciones para que pudiera recuperar el terreno de Vallarta.

"Mi especulación en ese momento fue: ¡Juan Pablo Fox tenía secuestrado mi predio, y con el apoyo de su hermano, el presidente Vicente Fox, me estaba extorsionando! Por lo menos eso me dio a entender Marcelo Gay cuando me contó que el presidente de la república, al enterarse de lo que ocurría, le dijo a su hermano Juan Pablo Fox que se comunicara con José Reyes, 'que es su asesor', para que solucionara el tema".

La pesadilla

El 8 de marzo de 2006, Edgar Arroyo salió de su casa rumbo a la Ciudad de México; tomó la carretera y, al cabo de un rato, vio que lo seguían. Cuando paró el auto para saber de qué se trataba, fue golpeado y trasladado a otro vehículo.

Sin decirle por qué, sus secuestradores -que a la postre se enteró eran policías ministeriales de Aguascalientes- lo golpeaban e insultaban, le mostraban fotografías de sus hijos y lo amenazaban con matarlo.

Ya cerca de las 5 de la tarde, uno de sus captores, quien le había insistido en que firmara un documento, le gritó: "¡Ya ves, pa' qué te andas metiendo con los Fox!".
Hasta entonces entendió lo que pasaba.

Sus captores lo llevaron a una cárcel en Monterrey, y entonces se enteró de que había sido demandado por Héctor Lozano -lo acusó de haber ofrecido en garantía un predio que supuestamente ya había vendido-, y por Juan Pablo Fox, "por haberlo engañado".
Aún más, los abogados de ambos demandantes eran los mismos y lo presionaban para que firmara un contrato donde cedía los derechos de su patente, sus propiedades y negocios a Héctor Lozano, el empleado de Alfonso Romo.

- ¿Juan Pablo Fox está detrás de todo esto?, se le pide confirmar.
- La información que hay demuestra muchas cosas. Yo puedo especular y al final puedo considerar que eso fue.

"Creo que Alfonso Romo, Héctor Lozano u otros que pudieran estar detrás de todo esto tienen mucho poder, pero no tienen tanto como el que les da la alianza con Juan Pablo Fox."

Edgar Arroyo permaneció 27 días en la cárcel. Salió tras pagar una fianza de casi 40 millones de pesos. Pero mientras estuvo tras las rejas, escribió ese libro "para que mis hijos, por si moría allá adentro, supieran que su padre no fue un narcotraficante o un delincuente".

Pero también, enfatiza, para que ellos "crezcan sin rencor y, si algún día deciden regresar a México, no pretendan buscar a los Fox para matarlos".


Por : trueeyes




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