Columnas de Opinión
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La estridencia Rolando Cordera Campos "La Jornada" La izquierda marcha, hace mítines, proclama y reclama. La derecha hace ruido y produce cacofonías que amenazan volverse ensordecedoras. La izquierda moviliza y hasta alucina un poder de la movilización que luego le cuesta caro. La derecha renuncia a la prevención y propone la represión frente a ideas y realidades cuyo tiempo llegó y que sólo puede posponer mediante la distorsión infame de la realidad y la imposición del miedo como recurso último antes de improvisar un jaripeo y "montar el animal", aunque en ello le vaya la vida al país, fragmentado pero país al fin, que hemos podido construir entre abuso y tontería definida como pliego de mortaja por póstumo decreto presidencial. El discurso altisonante se apodera sin contemplaciones de la escena política y contamina la vida local, comunitaria, regional. Con todo y sus diferencias y distancias en ingreso y calidad de vida, México es un mosaico unificado por la desazón y la incertidumbre que la violencia policiaca o clandestina vuelve intensas y profusas. La estridencia se vuelve uniforme y articula las relaciones sociales. Los extremos de la injusticia social someten al precario centro político y mental de la República, y la vía de la cooperación y del compromiso entre clases y grupos políticos se cierra con los días. Este es el legado del que el presidente Fox no podrá jamás desafanarse, aunque su circunstancia trashumante le permita ahora decir una y mil tonterías. La estridencia se vuelve estructural pero la derecha la hace suya en dichos y hechos, con tal de confundir todavía más las coordenadas a disposición de la sociedad para tratar de recuperar el rumbo perdido en estos desastrosos años de la alternancia. Desde inventar conjuras y complicidades triangulares entre AMLO, APPO y los armados, hasta conminarnos a "apretarnos el cinturón" porque las petro vacas se vuelven flacas, los grupos dominantes que aspiran a ser gobernantes despliegan una suerte de estrategia de la histeria que busca contagiar de ofuscación lo de antemano irritado, de pavor lo de por sí atemorizado y así construir un cuadro de perdedores donde el único ganador sea el que presuma tener el monopolio legítimo de la fuerza, siempre y cuando se haga caso omiso de los mil y un sicarios en armas y de los dos mil ajusticiados registrados en lo que va del año y que, esos sí, nos aclaran el panorama y nos ponen frente al espejo de la decadencia de un régimen cuyas honras fúnebres se festinaron irresponsablemente con un visita inaugural a la Villa de Guadalupe el primero de diciembre del año de (des)gracia de 2000. Con la campaña del miedo y de exaltación de los más primarios valores clasistas, que rayaron en el racismo, la coalición de derecha que se impuso en las elecciones destapó una Caja de Pandora que no podrá cerrar inventándose un centro con importaciones de ocasión adquiridas en la venta de garaje del PRI. Tampoco lo hará si se empeña en reproducir el formato corporativo que le ofrece un SNTE cuya "gloriosa victoria" electoral con los días se torna pírrica a más de corrosiva para el propio sindicato y para el Estado en su conjunto. Y sin una coalición efectiva que al menos le permita soñar con volver al centro, el PAN no tiene futuro y su gobierno se asoma al precipicio de soluciones represivas sin fecha de término, es decir, sin esperanza alguna de fincar en algún momento cercano una auténtica forma de gobernar con la ley y la legitimidad que no es cosa del pasado, sino condición sin la cual no se entra al festín de la globalidad. Si todo esto es lo que pasa, a la izquierda le corresponde la difícil tarea de erigirse en discurso y partido de la recuperación del orden republicano y de la tranquilidad social y la cooperación política. Pero el tiempo corre y las comunidades no parecen dispuestas a esperar demasiado. Más que "deslindarse" de las opciones violentas, de revolución armada y demás delirios, del movimiento progresista se espera la más clara y tajante declaración de responsabilidad democrática, es decir, de compromiso con la vía pacífica para la política y con la vía constitucional para la reforma del Estado y de una economía cercenada que no crea empleo y expulsa a los jóvenes. La estridencia pertenece al otro lado y es obligado asumirlo ya, antes de que todos acabemos sometidos al rumor destructivo de la violencia. --------------> Tijuana: La muerte tiene permiso Plaza Pública Miguel A. Granados Chapa Tal vez el embajador Antonio Garza, deba hacer un reclamo al gobierno mexicano sobre la inseguridad creciente en Baja California, en Tijuana particularmente, para provocar una reacción por lo menos visible, si no eficaz, contra el crimen organizado. Cuando llamó la atención gubernamental sobre Nuevo Laredo, el año pasado, y sobre Oaxaca, hace unas semanas, de inmediato se produjo una reacción que no había sido suscitada por la exigencia de los ciudadanos. Se atenuaría de ese modo la falla de un pronóstico hecho por el presidente Fox al comenzar su gobierno: "Estoy seguro de que en un términos de seis meses debemos limpiar Tijuana". El domingo pasado concluyó en Mexicali una muestra de aquella demanda de la gente. Dieciséis días después partir desde San Quintín, más allá de Ensenada, y tras recorrer 476 kilómetros, llegó a la capital de Baja California una caravana que lo mismo era identificada como marcha ciudadana por la paz que como marcha por las víctimas de la inseguridad. Organizada por el Consejo ciudadano de seguridad pública, encabezado por Alberto Capella Ibarra, cientos de personas cruzaron la porción septentrional de la península para hacerse oir por las autoridades. Pero hubo algunas que también quisieron ser escuchadas: En La Rumorosa, agentes ministeriales amenazaron a los caminantes y en otro punto del recorrido el subsecretario de gobierno estatal Macario González, alcanzó al desfile ciudadano e increpó a sus integrantes. En contraste, el gobernador Eugenio Elorduy y su procurador de justicia, panistas, así como el alcalde capitalino, priísta, se unieron a la marcha en su porción final, quién sabe si para mostrar solidaridad con los deudos de las víctimas (que constituían buena parte de la caravana) o para soslayar que la acción ciudadana era un reclamo a sus omisiones. En el kilómetro 70 de la carretera Tecate-Mexicali, la marcha inauguró, con una ofrenda en el día de los fieles difuntos, un altar permanente, que consigna los nombres de las víctimas de la violencia criminal que se ha enseñoreado en aquella entidad. En lo que va del año ha habido más de ciento cincuenta secuestros, y mientras la protesta recorría los caminos, se cruzó la línea de los trescientos ejecutados. A veces los crímenes se cometen a la luz del día, como el del 31 de octubre, en que perdió la vida la dueña de una estética en Tijuana, asesinada por su parentesco con Miguel Díez Castillo, apodado El Buda, a quien se imputa el pitazo que permitió la captura de Francisco Javier Arellano, El Tigrillo. Otras veces las víctimas aparecen baleadas, con señal de tortura, con las manos atadas a la espalda. Blancos frecuentes son agentes o jefes de policía. El 24 de septiembre fue ultimado Arturo Rivas, el 25 de octubre Alvaro Abraham Álvarez, y Fernando Morales Juárez al día siguiente. El dos de noviembre, cuando completaba su jornada y a bordo de su Cherokee 1998 se dirigía a su domicilio el subjefe municipal Felipe Antonio Cavada fue interceptado por gente que al parecer conocía, y que lo asesinó desde otro vehículo. El mismo jefe de la policía tijuanense, Héctor Gaxiola, escapó ileso de un atentado el jueves 9 al mediodía, en que pereció uno de sus escoltas. Pero horas después, anteayer viernes, su cuerpo y el de su hermano Gerardo fueron hallados en un camino de terracería, sus cuerpos destrozados por andanadas de armas calibre .223. Los peritos contaron hasta ciento once impactos en las víctimas. Tras el ataque fallido en la frecuencia radial de la policía se escucharon amenazas: "Van cinco, faltan seis" (Reforma, 11 de noviembre). De este asesinato se sabe menos que del anterior, porque aquel, el de Cavada, fue cometido delante de testigos, que hicieron saber a la autoridad que uno de los vehículos era una Pánel dorada, lo que permitió su búsqueda y localización, y el hallazgo en su interior de un rifle de asalto AR-15 con 39 cartuchos útiles. Se vio que los asesinos estaban uniformados, lo que no siempre indica pertenencia a un cuerpo policiaco pues pueden disfrazarse, pero el vehículo ofreció un vínculo más cierto con la propia policía municipal a que pertenecía la víctima. Se trataba de una camioneta asegurada (es decir, en poder de la autoridad por ser parte de un ilícito) y hace poco la había solicitado en resguardo el agente Jorge Antonio Vera Ayala, que fue llamado a declarar a la Procuraduría estatal sin consecuencias inmediatas. Vera Ayala no es un gendarme cualquiera. Es miembro de la escolta del alcalde Jorge Hank Rohn, un cargo que por así decirlo heredó de su padre Antonio Vera Palestina, que antaño se desempeñó como jefe de seguridad del Hipódromo de Agua Caliente, por muchos años el principal negocio del hijo menor de Carlos Hank González. En abril de 1988, Vera Palestina y su subordinado Victoriano Medina Moreno asesinaron a Héctor Félix Miranda, conocido como El gato, quien irritaba a Hank y era uno de los dos directores del semanario Zeta, con Jesús Blancornelas. Ese periódico ha sostenido que Vera Palestina y Medina Moreno fueron sólo autores materiales de un crimen encargado por su jefe, que no sólo ha permanecido impune sino que ahora gobierna esa ciudad. Durante mucho tiempo, Hank Rohn protegió la fuga de los homicidas y asistió a sus familias. Lo hace todavía, como se ve por la proximidad que dispensa a Vera Ayala. Su padre, detenido al fin, purga una larga sentencia en el penal de alta seguridad de Puente Grande, Jal. Los ataques a jefes y agentes policiacos en Tijuana son parte del complejo cuadro de ajustes y complicidades que permiten la prosperidad de la delincuencia organizada en la frontera y en el resto de Baja California. Hace no mucho el procurador Daniel Cabeza de Vaca, sin mayor autoridad moral para hacerlo, hay que decirlo, reprochó a Hank Rohn sus omisiones en diagnosticar el estado de su policía y la implementación de las medidas correctivas del caso. Pero el alcalde no conoce límite ni freno, ni orientación alguna. Se ha pretendido inhibir de varios modos la insistencia de Blancornelas y su semanario en la culpabilidad de Hank Rohn. El propio Hank González llamó al periodista a su mansión en la ciudad de México para ofrecerle dinero sin límite a cambio de su silencio. Otros mecanismos buscaron una mayor contundencia: Hace nueve años, el 27 de noviembre de 1997 fue atacado con ferocidad que casi lo mató (y sí privó de la vida a su chofer-escolta). Y a mediados de 2004 uno de los editores de Zeta, Francisco Javier Ortiz Franco, fue también acribillado en Tijuana. En febrero pasado, la revista californiana LA Weekly publicó un extenso reportaje sobre Tijuana y su alcalde, titulado "La isla de Jorge Hank Rohn". El autor del texto, Josh Kurn, entrevistó a Blancornelas, quien le confió que estaba a punto de retirarse cuando el hijo del profesor fue elegido presidente municipal, y entonces se dijo: "Tengo que seguir". Dijo el reportero (según la traducción publicada por Proceso el 15 de marzo): "Ya casi han pasado 20 años desde el asesinato de Héctor Félix Miranda, pero éste sigue siendo el motor de la misión de Blancornelas en Zeta. Los asesinos de Félix están en la cárcel, pero el hombre que Blancornelas considera como el último responsable de ordenar el asesinato, Jorge Hank, no sólo se halla libre sino que es el funcionario electo más poderoso de la ciudad. Para el editor, es una simple cuestión de atar cabos: los asesinos eran empleados de Hank, fueron pagados con dinero proveniente de Caliente y muchos creen que sus familias están en la nómina de pago de Hank... "Hace algunos años, el caso fue reabierto por la Sociedad interamericana de prensa en conjunción con la Comisión interamericana de derechos humanos. El primer periodista de Zeta directamente involucrado en la investigación fue Francisco J. Ortiz Franco, quien también publicó una serie de textos críticos contra los Arellano. Ortiz fue asesinado a balazos en 2004. Hank fue el primer sospechoso pero, una vez más, no se levantaron cargos contra él". A pesar de que el desastre político de Roberto Madrazo -su protector, su socio, su hermano- disminuyó su poder, Hank Rohn lo suple con su fortuna, que crece en la expansiva operación de Caliente, su empresa dedicada a las apuestas en toda clase de deportes, cuyos establecimientos pueden hoy ser hallados por doquier. El pasado presente, el 11 de noviembre de 2001 -se cumplieron ayer cinco años- fue elegido gobernador de Michoacán Lázaro Cárdenas Batel, el cuarto miembro de su familia en ejercer esa responsabilidad. Antes lo habían hecho su abuelo y tocayo, el general Lázaro Cárdenas del Río; su tío abuelo Dámaso y su padre Cuauhtémoc Cárdenas. Un lustro más tarde, la distancia que este último y el propio gobernador han mostrado con Andrés Manuel López Obrador, y la simétrica proximidad con el presidente Fox y con Felipe Calderón hace pronosticar a no pocas personas que el Ejecutivo michoacano será parte del nuevo gobierno, acaso como director de Pemex. Al igual que su abuelo, Cárdenas Batel nació en Jiquilpan, el 12 de abril de 1964. Estudió etnohistoria en la Escuela nacional de antropología e historia, y música en La Habana. (Tendría 18 años, y probablemente seguía esos cursos en la capital cubana cuando coincidimos en una memorabilísima cena convocada por el embajador saliente Gonzalo Martínez Corbalá, que le deparaba su amistad, que fue encabezada por el primer ministro Fidel Castro, que quiso personalmente asistir a su despedida, pues volvía a México para ser candidato a senador. Además del joven estudiante de música los invitados fueron Gabriel García Márquez, que estaba en la isla promoviendo la escuela de cine que ha patrocinado, y los ingenieros Gilberto Borja Navarrete y Carlos Legaspi, así como los periodistas Francisco Martínez de la Vega y Manuel Buendía y el autor de estas líneas). Dedicado un tiempo a la promoción cultural, Cárdenas Batel se entregó a la política cuando su padre fue por primera vez candidato presidencial, en 1988, y desde entonces lo ha acompañado en todas sus iniciativas. Además de ser miembro de órganos internos en el Partido de la revolución democrática, del que fue uno de los fundadores, ganó una diputación por mayoría en Apatzingán, en 1997, y tres años después se convirtió en senador, por la misma vía. Su victoria en esos comicios fue una suerte de ensayo para su triunfo en la contienda por la gubernatura, cuando venció al priísta Alfredo Anaya y al panista Salvador López Orduña, que hoy es alcalde de Morelia. Por una diversidad de razones, entre las cuales la disputa por las rutas parece contar como elemento central, el narcotráfico y la violencia que lleva adosada han escogido a Michoacán, en los años recientes, como escenario para dirimir rivalidades. La criminalidad de este género, extendida por todo el país, ha afectado de modo particular a Michoacán, donde se han producido asaltos a prisiones para liberar a reos y una multiplicación de hechos de sangre, algunos en extremo graves como los que han hecho perder la vida a jefes policiacos, y otros crueles como el que desembocó en un tugurio uruapanense a cuya pista de baile fueron arrojadas cinco cabezas humanas. Tan cotidianamente ocurren actos de esta naturaleza que, por ejemplo en la prensa de ayer sábado se daba cuenta de dos asesinatos, uno practicado en Uruapan por individuos encapuchados que se ostentaron como policías y que dispararon 30 balazos contra un joven inerme. La otra víctima pereció en un enfrentamiento entre presuntos narcos en Aquila, Y en Tumbiscatio, protectores de mariguaneros fueron detenidos después de un tiroteo con soldados y agentes de la policía municipal. Otro género de violencia causó al gobierno de Cárdenas Batel, hace apenas unos meses, un importante conflicto político. Aceptó que fuerzas de seguridad local acompañaran a la Policía federal preventiva en el asalto a una empresa siderúrgica en Lázaro Cárdenas, para poner fin a una huelga de hecho del sindicato minero. La inesperada resistencia de los paristas empujó a las policías al empleo de armas de fuego, con las que privaron de la vida a dos trabajadores. Si bien el daño era irreparable, Cárdenas Batel reaccionó con prontitud y sensibilidad, que incluyó la destitución de Gabriel Mendoza Jiménez, coordinador de seguridad pública y persona de toda su confianza. Aunque no es un seguidor mecánico de las posiciones de su padre, Cárdenas Batel ha asumido una creciente distancia respecto de López Obrador. La ausencia del ingeniero de la campaña presidencial concluida en julio, y su aceptación de un puesto honorífico en el gobierno de Fox antes de la jornada electoral ha generado animadversión hacia esa familia en anchos círculos del lopezobradorismo. Aunque las cifras indican lo contrario, se ha acusado a Cárdenas Batel de no haber impulsado la candidatura presidencial de su partido en su estado con toda la fuerza posible. López Obrador tuvo cien mil votos más que Felipe Calderón, beneficiado éste por su oriundez, que favorece a un candidato que, además, lo había sido ya al gobierno del estado. Se ha anatematizado a Cárdenas Batel, y tomado como señal de una opción política, el haber llamado presidente electo a Calderón, a quien López Obrador considera espurio. --------------> Alto poder Manuel Mejido
En México, el Partido Acción Nacional (fundado en 1939), congregó al sector inconforme con la Revolución Mexicana y con la sociedad que buscaba sumarse al desarrollo de la Nación. Exigían la conservación "de las buenas costumbres". De esa manera, el PAN logró que los empresarios más reconocidos y adinerados se comprometieran a realizar cuantiosas aportaciones para conseguir la continuidad del partido y no se extinguiera como ocurría con las organizaciones opositoras al entonces partido hegemónico, el de la Revolución Mexicana (PRM), posteriormente convertido en el Revolucionario Institucional. Poco a poco, el panismo se fue deteriorando, modificaron su ideario y se alejaron de las causas por las cuales su fundador, Manuel Gómez Morín, había renunciado al PRM y fundado el PAN. Con la penetración del Yunque al panismo, durante la década de los 80, las posturas radicales de la derecha, fueron arraigándose hasta convertirlo en un partido político más cercano a intereses religiosos y empresariales que a los de la sociedad. Cuando Vicente Fox ganó la elección presidencial, aquel 2 de julio del 2000, los ultraconservadores y yunquistas vieron realizadas la mayoría de sus intenciones. Pero no imaginaban que aún en el PAN había hombres defensores de su plataforma política e ideológica, como es el caso de Diego Fernández de Cevallos. Ante este panorama, era de imaginarse que con el arribo de los conservadores a Los Pinos, estarían garantizados el respeto y la defensa a los derechos humanos. Pero no fue así. COMPROMISOS INCUMPLIDOS Los gobiernos priístas tienen una larga lista de acusaciones por tortura, desapariciones, violaciones, asesinatos, corrupción y otros crímenes, las cuales generaron la desconfianza de la ciudadanía que decidió quitarles el poder del gobierno nacional, de manera pacífica, en las urnas. Durante su campaña, Vicente Fox, empleó un discurso descalificando el agravio cometido a los mexicanos, por el priísmo, durante más de 70 años. Ese manejo del lenguaje, agresivo y contra la corrupción y la impunidad, llevó a 15 millones 989 mil 636 mexicanos a sufragar por el candidato presidencial de la derecha. A su llegada al poder, el 1 de diciembre de 2000, el Presidente Fox tenía todo a su favor. El apoyo de la mayoría de los ciudadanos y entre los analistas y los gobiernos internacionales despertó especial interés. Empero, sus constantes errores al conducirse y los frecuentes enfrentamientos con el Congreso, eliminaron toda posibilidad de cambio. Incrédulo, el pueblo mexicano vio frustrado su sueño de cambio pacífico y la violación a sus garantías individuales (consagradas en la Constitución), continúa, como lo demuestra ?El Balance del 2000 al 2006, en materia de Derechos Humanos en México?, presentado por José Luis Soberanes, el lunes pasado. De acuerdo con el reporte "La alternancia política en el año 2000 despertó legítimas expectativas en la población, relacionadas en general con mejoras en la calidad de vida, la profundización de la democracia y, en particular, con el respeto y la ampliación de los derechos humanos..." Las constantes violaciones a las leyes son en si mismas un claro signo de descomposición social. El asunto se agrava cuando son las mismas autoridades encargadas de impartir justicia, quienes violentan las normas sociales establecidas. Según el balance sexenal de la Comisión de Derechos Humanos "Más allá del frío registro de la estadística importa destacar la poca disposición de las autoridades para atender o no denuncias por violaciones de derechos humanos, a sabiendas de que, desde el enfoque de los organismos públicos defensores de estos derechos, las autoridades son objeto de las quejas que les hacen los ciudadanos..." NO HAY CULTURA EN LA DENUNCIA Es decir, los mexicanos se quejan de la poca atención y los constantes sobornos de que son objeto por parte de los policías de tránsito, de seguridad pública, agentes judiciales, de ministerios públicos, de burócratas de ventanilla e incluso de los mismos secretarios de Estado. En los últimos seis años, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos recibió 58 mil 663 solicitudes de intervención, de las cuales 23 mil 696 correspondieron a quejas y se concluyeron de la siguiente manera: un mil 121 por amigable composición, 156 por recomendación y 6 mil 313 fueron resueltos durante el procedimiento, 341 por desistimiento del quejoso, un mil 73 por falta de interés del quejoso, 307 por no competencia, 11 mil 914 por orientación, 206 por remisión a las comisiones estatales; 605 por no existir materia y 692 por acumulación. Como ocurre con las denuncias ciudadanas por asaltos a mano armada, robo de vehículos y atracos en la vía pública, en la mayoría de los casos el agredido no acude a presentar su denuncia por el trámite tan engorroso predominante en la administración mexicana, por ello, la cifras por quejas ante la Comisión de Derechos Humanos, sólo representa el 40 por ciento. Por ejemplo, el acoso sexual, la discriminación, las ofensas y la marginación laborales, en muy pocas ocasiones son denunciadas. Las buenas intenciones por parte del gobierno federal han sido muchas, pero sólo se han limitado a la elaboración de diversos reglamentos y cursos en las diversas dependencias gubernamentales, que de poco, o nada, han servido. Consultada por ALTO PODER, la diputada panista Pilar Lagunes, enumeró algunos actos propuestos y realizados, por parte de la administración PAN-Foxista, entre los cuales destacan: El Programa Nacional de Derechos Humanos; la creación de una subsecretaría de Derechos Humanos, dependiente de Gobernación; la aprobación del reglamento de Política Pública en materia de Derechos Humanos; la impartición de cursos a todos los servidores públicos; la firma de una declaración a favor de una nueva cultura de Derechos Humanos; se realizaron cursos pilotos para los servidores públicos de la administración federal. LAS NUEVAS COMISIONES INOPERANTES La lista parece interminable. Se llevó al cabo un congreso nacional para reconocimiento de los derechos humanos en las constituciones locales; el 9 de diciembre de 2005, se publicaron las reformas a los artículos 14 y 22 a la Constitución para suprimir la pena de muerte; se dio seguimiento a las diferentes observaciones emitidas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, así como de organismos internacionales; se ha protegido a los defensores de los derechos humanos; se creó el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación; se promovió la igualdad; se elaboró un programa para erradicar la impunidad y la corrupción y se creó la comisión para prevenir la violencia contra las mujeres en Ciudad Juárez. En cambio, muchas de esas buenas intenciones resultaron un rotundo fracaso, como fue la Fiscalía Especializada para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado, dirigida por Ignacio Carrillo Prieto; o el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, encabezada por Gilberto Rincón Gallardo; o la Comisión para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres en Ciudad Juárez, encargada a María Guadalupe Morfín; y qué decir de la Oficina de Representación para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, de Xóchitl Gálvez Ruiz. Las facultades de la Comisión de Derechos Humanos, son limitadas, porque sólo emite recomendaciones, las cuales pueden ser o no atendidas por las dependencias acusadas. El pasado martes, Raúl Plascencia Villanueva, primer visitador de la CNDH, presentó un informe ante la Comisión Contra la Tortura, dependiente de Naciones Unidas, en Ginebra, Suiza, en el cual afirma que "en México persiste la tortura como práctica frecuente de agentes de corporaciones policíacas..." Los constantes enfrentamientos entre la Procuraduría General de la República y el presidente de la Comisión, ha trascendido a tribunales internacionales. Obviamente, el procurador, Daniel Cabeza de Vaca, no admite que la tortura continúa siendo una práctica frecuente en esa dependencia. Por ello, Cabeza de Vaca decidió presentar una controversia en el mismo tribunal para tratar de revertir el informe presentado por la CNDH donde también se afirma que durante el actual gobierno esa práctica inhumana aumentó 300 por ciento. SE REQUIERE TRABAJO EN CONJUNTO De ser ciertos esos resultados, no sólo saldría afectada la imagen del Presidente Fox, sino la de todo el gabinetazo y la derecha mexicana, en su conjunto. Consultado por ALTO PODER el especialista en Filosofía del Derecho, Agustín Pérez Carrillo, afirmó que "los pleitos establecidos entre el Ejecutivo y el ombudsman seguirán el mismo camino de recurrir a los tribunales internacionales, los cuales podrían condenar al Presidente o al funcionario público, pero no pasarán de ser una condena moral o política..." Resulta lamentable que los señalamientos hechos por estudiosos, analistas, observadores, organismos nacionales e internacionales, no sean atendidos como debieran por parte de las dependencias o funcionarios acusados. Pérez Carrillo aseveró que: ?El problema de la violación de derechos humanos, de la deshonestidad, la corrupción y la impunidad no se arreglará por medios legales (ni en las cortes internacionales ni con nuevas leyes). Es la actitud de los funcionarios públicos y de la ciudadanía, lo que establecerá una cultura de respeto entre los mexicanos..." Otro ejemplo de la violación de derechos humanos en México, de acuerdo con algunos especialistas, es la libertad de tránsito, consagrada en el Artículo 11 de la Constitución y que frecuentemente es transgredida por las marchas y plantones, promovidos en toda la República. Los militantes del PRD son señalados como los principales incitadores y promotores de los bloqueos y marchas, pero para el diputado perredista Humberto Zazueta, dijo a ALTO PODER que: "esas movilizaciones sirven de presión para alcanzar objetivos específicos y representan la libertad del ser humano, de libertad de organización y expresión. Gracias a esos actos, se han logrado importantes avances democráticos, sociales y laborales..." FRACASO EN LOS DERECHOS INDIVIDUALES Manuel González Navarro, especialista en derechos humanos, de la Universidad Autónoma Metropolitana, afirmó a ALTO PODER que "siempre habrá la idea de que la cerrazón de ciertos grupos, que elaboran sus demandas y no ceden a la negociación institucional son blanco de la represión, pero habitualmente no es así, porque ellos mismos violan los derechos de terceros, transgreden la ley y cometen varios delitos. A pesar de ello, cuando se emplea la fuerza pública en contra de los inconformes, ante la opinión pública, siempre resultan responsables los gobiernos involucrados..." Más lamentable resulta aún, que la violación a los derechos humanos y las garantías individuales no sólo se cometan en el uso de la fuerza, la represión y la libertad de libre tránsito, sino en garantías individuales consagradas en la Carta Internacional de Derechos Humanos. Contrario a lo establecido en ese documento y en la Constitución, al menos 68 millones de mexicanos carecen de las condiciones mínimas para vivir dignamente, porque no está garantizada la educación (aún hay 10 millones de analfabetas); la enseñanza es de mala calidad (el grado escolar promedio es de 7 años); no hay garantía de un empleo bien remunerado (al menos 12 millones de la población económicamente activa está en el paro); quienes tienen trabajo, no siempre cuentan con seguridad social (sólo 12 millones son derechohabientes del IMSS o el ISSSTE); en este sexenio se construyeron tres millones de diminutas viviendas (pero sólo para quienes tienen las prestaciones de ley o contaban con un ahorro para pagar un enganche); tampoco está garantizada la alimentación, ni los servicios de salud (con todo y el Seguro Popular), que en realidad es una engañifa. Indudablemente lo más lamentable fue escuchar al Presidente de la República, expresarse de manera discriminatoria contra ciertos grupos marginales. Como fue el caso de los negros, el de los chinos o el de "las lavadoras de dos patas". De acuerdo con la diputada panista Lagunes: "Los comentarios del presidente no forman parte del discurso político, sino que han sido sólo expresiones del presidente. Esas fueron expresiones mal empleadas. Todos tenemos errores de comunicación. Hechos son amores y no buenas acciones..." (¿?) URGE UNA MEJOR EDUCACIÓN Pero un presidente de cualquier país, es la voz oficial de sus gobernados, no un ciudadano común. Además, todos esos comentarios racistas y discriminatorios fueron pronunciados ante empresarios estadounidenses, asiáticos e indígenas. Por ello, tanto analistas como diputados coincidieron en señalar la urgencia de que en México se implemente un plan de estudios específicos para inculcar el respeto a los valores, las ideas y la tolerancia para erradicar el racismo y la discriminación, principalmente. Pero existen violaciones a los derechos humanos aún más graves como son la deshonestidad, la corrupción, la ineptitud y la impunidad, por parte de los funcionarios públicos. El lunes pasado, Transparencia Internacional ubicó a México en el lugar 70 dentro de una lista de 163 naciones. Para algunos optimistas, el país no está tan mal, pero resulta que en el 2000, se situaba al gobierno mexicano en el puesto 65, cinco más abajo. Transparencia Internacional, con sede en Berlín, Alemania, señaló el año pasado que bajar los índices de corrupción dependía de la forma en cómo se llevara al cabo la elección presidencial del pasado 2 de julio. Ese factor, aunque no determinante, resultaría importante. Por ello, el organismo internacional, hizo especial énfasis en señalar este año la urgencia de refundar las instituciones de todos los niveles, evitar vaguedades en las leyes, impedir la libre interpretación de la Constitución y sus artículos. Para el analista Pérez Carrillo: "El mar de corrupción vivido antes, durante y después del 2 de julio, no se puede borrar. Entre la población aún existe la sensación de que las instituciones y los funcionarios les fallaron. Internacionalmente, se puso en duda el respeto a la democracia, sembrado en el 2000..." Pero no sólo la negativa del recuento voto por voto, por parte del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, generó desconfianza entre los mexicanos. El acceso a información clasificada es otro, rubro sobre el cual se debe trabajar, porque aún no se han difundido al cien por ciento los documentos del Fobaproa, del IPAB, del rescate carretero y todos esos fideicomisos creados con el único fin de proteger el destino de los recursos públicos. A pesar de que durante el actual gobierno se aprobó la Ley de Acceso a la Información Gubernamental, aún existen varios candados que impiden la difusión precisa y veraz de asuntos relevantes para la sociedad mexicana. Las cifras ofrecidas por el Presidente Fox y su gabinete, frecuentemente son desmentidas inclusos por las mismas dependencias federales. Ante este panorama es urgente que el gobierno entrante aprenda a escuchar los reclamos ciudadanos, de organismos no gubernamentales, de cortes internacionales, con el único fin de hacer a México una Nación respetuosa de los derechos humanos y las garantías individuales. Sólo así se podrá sacar de la ingobernabilidad a México. NOTICIAS EN CORTO Para cualquier personaje es un honor recibir el reconocimiento de un país distinto a donde se nació. Pero es más orgullo recibirlo de manos del mandatario de la Nación que hace entrega. Ambas experiencias las vivió el pasado viernes 3 de noviembre, el presidente y director general de esta casa editorial, Mario Vázquez Raña, quien fuera condecorado con la Legión de Honor en el grado de Oficial, concedida por el gobierno francés. Fue el mismo Presidente de Francia, Jacques Chirac el encargado de entregar el nombramiento. Muchas felicidades, porque no todos los días se recibe tan importante reconocimiento. *** Xavier Olea Muñoz está próximo a presentar su libro titulado "Recuerdos", donde hace un recuento de sus anécdotas. Son tantos sus "Recuerdos" que fue insuficiente un libro y se dividió en dos tomos. La obra es editada por la Fundación Miguel Alemán A. C. y será comentada en la Biblioteca Mexicana de la fundación (sita en Rubén Darío 187, colonia Chapultepec Morales, México, D. F.), el próximo jueves a las 12 del día. *** Y hasta la próxima semana, en este mismo espacio. [+/-] muestra/oculta esta entrada |
Por : trueeyes