Los pacíficos escudados en el anonimato presionan a los magistrados Presión al TEPJF vía e mail CÉSAR REYES "Diario Monitor" Junto con la infinidad de pruebas y documentos enviados por partidos, coaliciones y autoridades electorales para calificar la elección presidencial, al trabajo de los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) se suman miles de cartas y correos electrónicos de ciudadanos y organizaciones de la sociedad civil que piden, en uno u otro sentido, valorar ya sea la nulidad de la elección o hacer respetar su sufragio emitido el 2 de julio. Prácticamente a horas de que los magistrados entren a la etapa de cierre de instrucción de los 375 juicios de inconformidad interpuestos para la elección presidencial, algunos de ellos siguen requiriendo las listas nominales con fotografía, entre ellos el magistrado Fernando Ojesto Martínez Porcayo, quien pidió dicho listado correspondiente a 97 casillas pertenecientes al distrito electoral federal 05, con cabecera en León, Guanajuato, como parte del acopio de información del expediente de inconformidad promovido en ese distrito. La petición del magistrado Ojesto, notificada mediante estrados al presidente del citado Consejo Distrital, se centra en las listas que fueron utilizadas por los funcionarios de casilla el día de la jornada electoral. Cabe señalar que este tipo de acopio de información de última hora reduce las probabilidades de que antes del viernes el Tribunal Electoral sesione para resolver dichos juicios. Lo que también ha llegado al TEPJF, aunque seguramente no tendrán peso legal, es un sin número de cartas y correos electrónicos enviados a los siete magistrados, en las que piden calificar en sentidos opuestos la elección. No obstante, muchas organizaciones, supuestamente autoras de los mensajes, no se identifican plenamente, ya que los envíos los hacen desde el correo expresa@vivetusvalores.com.mx además de una página web denominada Vive tus valores, que únicamente contiene un colage de foros con la frase "Elecciones 2006 edición especial" y un recuadro donde dice "Vive tus valores con valor". Los autores señalan que "los magistrados del Tribunal deben saber que los ciudadanos mexicanos que participamos en las elecciones, que fuimos funcionarios de casilla, representamos a los partidos, que contamos los votos y queremos un México mejor". Insisten en que los mexicanos "necesitamos que analicen con toda seriedad los documentos enviados por partidos y por el IFE". Asimismo, remarcan que los magistrados no deben dejarse presionar por los que gritan, chantajean y mienten, lo que debe ser solicitado a los magistrados a través de cartas. Para este fin, la organización ha puesto en la misma página un vínculo donde aparece un machote de la carta que debe ser enviada a los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, así como la dirección. Tras el llamado a que la resolución sea lo antes posible, incluyen en este correo la dirección de cada magistrado al interior del edificio. Las acciones que dicen deben llevar a cabo los ciudadanos son: cartas a los magistrados en un tono respetuoso vía correo normal, certificado, estafeta o electrónico a sus contactos (los del que envía), aunque piden evitar el anonimato. En el machote se pide redactar un mensaje para ser enviado a cada uno de los siete magistrados y tiene un párrafo qe dice: "este país necesita trabajo, orden y concordia, necesita acuerdos entre todos los actores para iniciar un sexenio enpaz y armonía", ya que no está dividido. --------------------> La sala superior ha tomado "decisiones contrarias a la transparencia", señalan Demandan observadores ciudadanos al TEPJF información veraz de recuentos Instan a partidos y gobernantes a dirimir los conflictos sociales mediante el diálogo VICTOR BALLINAS "La Jornada" El Comité Ciudadano de Seguimiento del Proceso Electoral hizo un llamado ayer al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para que proporcione a la ciudadanía "información veraz, oficial, abierta y transparente" sobre las diligencias de cómputo que ha llevado a cabo, porque hasta hoy se desconoce con certeza cuáles han sido los resultados de esos recuentos. En conferencia de prensa, Clara Jusidman, Rosa María Rubalcava, Hugo Almada, Eréndira Cruzvillegas y Alfredo Orellana manifestaron que ven con preocupación que la sala superior del TEPJF "ha venido tomando decisiones contrarias a la transparencia que demanda todo proceso electoral en beneficio de la tranquilidad de los votantes y los ciudadanos". Expusieron como ejemplo de ello "el silencio de algunos magistrados durante la sesión pública en la que se ordenó el recuento; la arbitrariedad con la que se manejó e impidió el acceso de observadores electorales a esas diligencias y la prohibición de hacer públicos los resultados oficiales del mismo". Manifestaron que esperan que las decisiones que el TEPJF tome en las etapas que restan para calificar la elección presidencial, "sean transparentes y comprensibles para todos", especialmente aquellas tomadas en el seno de las llamadas sesiones privadas, práctica judicial que, "en nuestra opinión, debe modificarse". Destacaron que el comité cuenta con información proporcionada por diversas organizaciones civiles de observación electoral, que promovieron la presencia de representantes ciudadanos en los distritos donde el tribunal acordó llevar a cabo un recuento de votos. Sólo en dos distritos se autorizó el acceso formal de esos comisionados: el Distrito Federal, con excepción del distrito 15, en Benito Juárez, y en el estado de México. Cerrazón total Aseveraron que en la zona norte del país "hubo prácticamente una cerrazón total por parte de los jueces y magistrados para dar acceso a los observadores ciudadanos, y en los estados del sur, como Oaxaca, Chiapas, Tabasco y Veracruz se tuvo acceso discrecional, ya sea por las relaciones personales de los observadores con algunos jueces y magistrados o por el nivel de presión que ejercieron los observadores". Dieron a conocer algunas de las irregularidades recurrentes: en Durango, en la casilla 233 básica del distrito 4 los sobres no tenían boleta alguna, en tanto que en todo el distrito hubo boletas sobrantes. Además, subrayaron, en por lo menos 5 por ciento de los distritos monitoreados en Aguascalientes, Baja California, Chihuahua, Distrito Federal, estado de México, Jalisco, Sonora y Veracruz se observaron alteraciones en las boletas. "El caso más emblemático, es el del distrito 1 de Veracruz, casilla 3253, donde se encontraron 396 boletas alteradas en favor del Partido Acción Nacional", expusieron. Los integrantes del comité hicieron un llamado a los ciudadanos, partidos políticos, actores sociales y autoridades a "la tolerancia" y a dirimir los conflictos sociales mediante el diálogo. "No hay que dejarse llevar por la tentación de la represión, que nunca ha dejado un saldo positivo para nadie". Señalaron que los derechos de tránsito y a la libre manifestación "hoy están en conflicto", pero es necesario que "haya tolerancia de ambas partes" para evitar la violencia. Ante la apertura de algunos cruces viales sobre Reforma por parte de la coalición Por el Bien de Todos, señalaron que "esos son pasos que muestran ir por el camino hacia el respeto a los derechos humanos". ------------> El reducido tiempo para calificar los comicios complica aún más el panorama Divide a la Corte la solicitud de que investigue presunta violación del voto JESUS ARANDA "La Jornada" En la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se conformaron dos bloques en torno a la postura que debe asumir el máximo tribunal respecto a la solicitud de que los ministros investiguen la presunta violación grave al voto público en las pasadas elecciones presidenciales: por un lado, hay al menos cuatro ministros que consideran que se debe definir una postura en sesión del pleno, en tanto Sergio Salvador Aguirre Anguiano se sumó al planteamiento del ministro presidente, Mariano Azuela, de que la petición es "notoriamente improcedente". Asimismo, trascendió que Margarita Beatriz Luna Ramos planteó a sus compañeros de la segunda sala, en sesión privada, la necesidad de que sea el pleno el que dictamine el recurso de reclamación que fue presentado en contra de la decisión de Azuela de no admitir siquiera la demanda de que los ministros ejerzan su facultad de investigación, y no que sea esa instancia -como estableció inicialmente el ministro presidente- la que dictamine el recurso de reclamación 235/2006 PL. Ayer, el ministro Juan Díaz Romero envío su respuesta a los representantes de los 16 mil 806 ciudadanos, agrupados en el Consejo Consultivo para un Proyecto Alternativo de Nación -quienes solicitaron al máximo tribunal su intervención "ante el riesgo de que se violente la paz social en México, debido a la incertidumbre generada por la violencia al voto público"-, en la que, al igual que José Ramón Cossío, precisa que no puede emitir una opinión sobre la petición, porque fijará su postura cuando se revise el recurso de reclamación referido. En este contexto, trascendió en la Corte que aun cuando los ministros Olga Sánchez Cordero y Genaro David Góngora Pimentel no han formalizado su opinión mediante un escrito de respuesta a los peticionarios -en cumplimiento al artículo octavo constitucional, que obliga a los funcionarios públicos a responder al derecho de petición que se les haga por escrito-, ambos son de la opinión de que lo mejor es que el asunto sea tratado por el pleno y que ahí se resuelva si el máximo tribunal ejerce de oficio la facultad prevista en el artículo 97 constitucional. En otro orden, representantes de los 16 mil 806 firmantes emitieron un comunicado en el que señalan que ya cumplieron con solicitar a la SCJN que investigue, "faltaría ver ahora, si la Corte y sus ministros recogen con sensibilidad esta solicitud, que no busca otra cosa que la preservación de la paz social y la garantía de nuestro máximo tribunal para velar por el estado de derecho". Y agregan: lo que sí es "notoriamente procedente para todos los mexicanos es la búsqueda incesante de alternativas para garantizar nuestra democracia y hacer valer sus principios básicos", como establece la Constitución. Por otra parte, el ministro Sergio Salvador Aguirre Anguiano entregó a sus compañeros un escrito en el que señala que la Corte no puede acceder a la petición planteada, además de que descarta totalmente la posibilidad de que se ordene una suspensión con el propósito de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) no califique los comicios presidenciales hasta que la SCJN adopte una decisión. Lo anterior porque uno de los argumentos de la reciente petición de investigación que recibieron los ministros -de las ocho que se formularon sobre el mismo tema- plantea que la Corte ordene al tribunal electoral que no califique los comicios hasta que los ministros resuelvan. En todo caso, confiaron fuentes judiciales, resulta que está en manos de la ministra Margarita Luna Ramos el destino del recurso de reclamación y de que la Corte defina una postura antes de que el TEPJF dictamine. Esto se debe a que en ningún artículo de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación se establece plazo alguno para que un ministro presente su proyecto de dictamen sobre una reclamación, y ante lo justo de los tiempos -el tribunal electoral debe calificar la elección presidencial a más tardar el próximo 6 de septiembre- podría suceder que para cuando el pleno aborde el tema ya sea demasiado tarde y finalmente la petición sea desechada por extemporánea, sin discusión alguna. El problema, explicaron, es que el ministro Azuela envió el citado recurso de reclamación a la segunda sala, bajo la ponencia de Luna Ramos, y necesariamente debe seguirse un trámite para enviar el caso al pleno, ya sea en sesión privada o pública, lo que consumirá más tiempo en esta carrera contra el reloj. -----------------> Censura jurista la "necedad" de Mariano Azuela ALFREDO MENDEZ ORTIZ "La Jornada" La "necedad" del ministro Mariano Azuela Güitrón de impedir que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) indague el presunto fraude electoral del pasado 2 de julio demuestra el "profundo desprecio" del juzgador hacia la legislación en la materia y pone en evidencia la "falta de voluntad política" de su lado para llevar a cabo una investigación "delicada e importante" para la coyuntura política del país, consideró Eduardo Miranda Esquivel, presidente de la Unión de Juristas de México. En entrevista telefónica, el especialista en derecho constitucional refirió que con su continuo rechazo Azuela "evita encarar una responsabilidad" del máximo tribunal del país, que "en estos difíciles momentos normaría el criterio de la clase política mexicana, sobre todo el de la derecha". Para el litigante, la Corte "tiene facultad para investigar casos de violación a las garantías individuales, o como en este caso, violaciones al voto público. Esto lo plantea el artículo 97 constitucional". Asimismo, refirió que es incorrecta la posición del ministro Azuela, que rechazó dar entrada a una petición ciudadana para que la Corte indague el supuesto fraude cometido en perjuicio del candidato de la coalición Por el Bien de Todos, Andrés Manuel López Obrador. "Es falso que la facultad de investigación de la Corte derive de ordenamientos del siglo pasado", indicó Miranda Esquivel en referencia a las declaraciones públicas del ministro presidente de la SCJN, quien la semana pasada dijo que el artículo 97 es "anacrónico" y "fue redactado con los pies". El presidente de la Unión de Juristas de México precisó que "la reforma al artículo 97 se hizo a finales de 1977, una época importante en la vida nacional, después de las matanzas de 1968 y 1971, cuando la ciudadanía demandó elecciones libres y democráticas. Desde entonces se reforma el texto constitucional y se plantea la facultad de la Corte para practicar de oficio la investigación de hechos que constituyen violaciones a los procesos electorales". --------------------> En cita del 8 al 10 de septiembre prevén recuperar "la lucha por un país más justo" Comunidad politécnica impulsará el recuento total de votos LAURA POY SOLANO "La Jornada" Maestros, estudiantes, egresados, trabajadores y jubilados del Instituto Politécnico Nacional (IPN) acordaron impulsar la defensa del voto y participar "activamente" en la Convención Nacional Democrática el 16 de septiembre en el Zócalo capitalino. Convocaron a alumnos, docentes y trabajadores a participar en asambleas en escuelas para elegir representantes, a fin de presentar una "propuesta consensuada sobre la necesidad de impulsar un modelo educativo que garantice la consolidación de una formación universitaria laica, gratuita y crítica". En la segunda asamblea informativa de la Coordinadora Nacional de Organizaciones Politécnicas, que aglutina a 14 grupos, en la unidad Zacatenco del IPN, acordaron participar en una marcha este 30 agosto que partirá a las 10 horas de la Torre del Caballito, en Paseo de la Reforma, al Zócalo para "fortalecer los campamentos y reiterar el apoyo de los politécnicos al movimiento democrático nacional". Fausto Trejo, integrante del Comité 68 y ex profesor del IPN, señaló que sólo con la participación de "jóvenes estudiantes y de la comunidad politécnica podremos garantizar que la institución recupere los valores que le dieron vida, a fin de proteger no sólo el derecho a una existencia más digna, sino a una educación pública y con capacidad de crítica que forme a las próximas generaciones". Destacó que con una preconvención de organizaciones politécnicas, del 8 al 10 de septiembre, "se consolidará un proceso para aglutinar a todas las fuerzas en el IPN y recuperar uno de los valores más importantes de sus estudiantes y profesores, la lucha por un país más justo y democrático". Integrantes de la coordinadora aseguraron que entre los actos de resistencia civil que impulsarán destaca la convocatoria "a los politécnicos para vivir un día sin televisión ni radio, además de solicitar al director general del IPN, Enrique Villa Rivera, abra los espacios de comunicación, como Canal 11, para permitir a todas las corrientes politécnicas expresar sus opiniones". Este miércoles acudirán a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para entregar una carta dirigida a los ministros, en la que exigen se recuenten todos los votos y se garantice la toma de posesión de un "gobierno legítimo, resultado de la transparencia electoral". ---------------> Mítines, plantones que duraron meses y hasta quema de inmuebles, entre sus acciones La historia del blanquiazul-Sinaloa se caracteriza por protestas poselectorales En 1993 se apoderó del recinto legislativo, porque el PRI no lo dejó presidir comisiones JAVIER VALDEZ CARDENAS CORRESPONSAL "La Jornada" Culiacán, Sin., 22 de agosto. La historia del Partido Acción Nacional (PAN) en Sinaloa ha estado marcada por movilizaciones poselectorales y acciones de resistencia civil contra fraudes comiciales en la entidad, tanto en procesos para renovar la gubernatura como algunas de las 18 presidencias municipales. Fue precisamente un conflicto municipal el que marcó la historia de las acciones de resistencia y desobediencia civil, que se desbordó y tuvo consecuencias fatales: el violento enfrentamiento ocurrido en Culiacán entre priístas y panistas y la quema del palacio municipal. Ocurrió tras los comicios de noviembre de 1989. Estaba en juego la alcaldía de la capital sinaloense y los candidatos por los dos principales partidos políticos, Revolucionario Institucional (PRI) y Acción Nacional, eran Lauro Díaz Castro y Jorge del Rincón. Los comicios, según la Comisión Municipal Electoral -entonces máximo órgano en la materia-, fueron ganados por el abanderado priísta y sus correligionarios permanecían en palacio de gobierno, sede de la alcaldía, mientras los panistas realizaban mítines y plantones en el exterior del inmueble. La escena se repitió durante alrededor de una semana y alcanzó niveles de violencia cuando los inconformes, liderados por Rafael Morgan Ríos, entonces presidente estatal del PAN y actual coordinador estatal de la campaña presidencial de Felipe Calderón, decidieron ingresar por la fuerza al edificio, lo que fue impedido por las huestes priítas, iniciándose así la gresca que terminó con la quema del palacio municipal. Algunos de los militantes priístas salieron del edificio, luego de subir a la azotea y bajar por los postes de alumbrado público y telefonía. Otros fueron sacados por elementos del Cuerpo de Bomberos en estado de shock e intoxicados. El saldo fue de una persona muerta, pérdidas millonarias y la detención de varios panistas por parte de las policías Municipal y Judicial del estado. El gobernador de Sinaloa, entonces Francisco Labastida Ochoa -ex candidato presidencial del Revolucionario Institucional en 2000 y hoy senador electo por este partido- ordenó mano dura contra los panistas y algunos de ellos, entre los que se encontraban la activista Micaela Guerrero, fueron recluidos en la cárcel estatal durante varios años. Los panistas ya tenían antecedentes de movilizaciones de protesta por las irregularidades electorales. En 1986, cuando Manuel Clouthier fue candidato del blanquiazul a gobernador y perdió frente a Labastida Ochoa, también se organizaron acciones de ese tipo: Clouthier se declaró gobernador cívico y atacó a huevazos la Casa de Gobierno -donde viven los mandatarios estatales-, ubicada en la colonia Guadalupe, en Culiacán. En 1992, los panistas, quienes se habían mantenido en plantón permanente durante dos meses frente a palacio municipal de Culiacán alegando fraude electoral, fueron sacados durante la madrugada: los policías preventivos, con trajes antimotines, desalojaron uno a uno a los inconformes, algunos de ellos en vilo. Entre los desalojados estaba la candidata a la alcaldía Mercedes Murillo, actual promotora del abanderado presidencial Andrés Manuel López Obrador, de la coalición Por el Bien de Todos; la presidencia municipal finalmente fue ocupada por el priísta Humberto Gómez Campaña. Otro caso similar ocurrió en 1993. Era Renato Vega Alvarado, de filiación priísta, el gobernador. Recién había tomado protesta la 57 Legislatura, la bancada priísta puso en marcha la aplanadora y se quedó con la mayoría de las comisiones. Además, no dejó pasar propuestas de la oposición, conformada por PAN y PRD, en el órgano parlamentario. Rafael Oceguera Ramos -actual secretario de Gobierno en la administración estatal que encabeza Jesús Aguilar Padilla, también del PRI- entonces coordinador de los diputados del tricolor, protagonizó el enfrentamiento con diputados panistas y perredistas, quienes tomaron por ocho días el recinto legislativo, hasta que las partes negociaron. Aunque hubo otras manifestaciones de protesta por motivos electorales, la quema del palacio municipal de Culiacán, en 1989, fue una de las más violentas en la historia de las movilizaciones panistas de la entidad. -----------> Pues la PFP se debería unir a la búsqueda del respeto a la democracia y a pedir el voto x voto: Incumplimiento de deberes, argumento de la corporación Protestas en la PFP por despido de 194 agentes Gustavo Castillo "La Jornada" Baja injustificada, aseguran en Las Bombas los afectados Protesta de agentes de la PFP en la estación Las Bombas Foto José Carlo González La Policía Federal Preventiva (PFP) informó que dio de baja a 194 elementos "por incumplimiento de deberes, de requisitos de actualización y permanencia", lo que generó protestas en las instalaciones de la corporación en Calzada de las Bombas, delegación Coyoacán, en el Distrito Federal. En un comunicado de prensa, la corporación indicó que la Comisión del Servicio Civil de Carrera Policial actuó "en estricto apego a la ley y al reglamento de la PFP, por lo que 72 elementos de la Coordinación de Fuerzas Federales de Apoyo fueron dados de baja, y 122 están en proceso de terminar su relación jurídica por incumplimiento de deberes". Sin embargo, un grupo de agentes acudieron a las instalaciones conocidas como Las Bombas y protestaron por lo que consideraron despido injustificado, debido a la "falta de oportunidades" para concluir sus estudios de preparatoria (requisito que les es exigido para laborar en la PFP), ya que según informaron han cumplido servicios continuos durante seis meses, en los que inclusive se les suspenden sus descansos. De acuerdo con el comunicado emitido por la PFP, "el fallo fue promulgado por el pleno de la Comisión del Servicio Civil de Carrera Policial, que señaló que todos los procedimientos se desarrollaron en estricto apego a lo estipulado por los ordenamientos que regulan la organización y el funcionamiento de la PFP". De acuerdo con los reportes, "las bajas se originaron por pérdida de confianza, debido a fallas en los exámenes de permanencia, así como incumplimiento de los deberes, inobservancia de los requisitos de actualización y faltas injustificadas; en otros, fueron resultado de procedimientos administrativos que ameritaron el finiquito de la relación jurídica entre la PFP y esos ex elementos". A pesar de que según la agrupación policiaca el número de bajas asciende a 194, entre las ya notificadas y las 172 en proceso de culminación, los agentes que realizaron la protesta informaron que son 270 los policías despedidos. [+/-] muestra/oculta esta entrada

Por : trueeyes