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* Hoy es miércoles, septiembre 13, 2006

Análisis político

3:28 p. m.

Su propio dictamen lo enloda

Jesús Cantú
"Proceso"


El dictamen de declaración de validez de la elección de presidente de los Estados Unidos Mexicanos reconoce que diversos actores ajenos a los partidos políticos participaron en las campañas electorales, aunque, a juicio del Tribunal Electoral, tales irregularidades no podían impedir la validez de la elección porque, en su comisión, no hubo concertación, continuidad, reiteración y complementación ni el fin común de influir en la voluntad de los votantes.

Sin embargo, un análisis del propio dictamen permite identificar elementos probatorios de que las intervenciones de los diversos actores ajenos a los partidos políticos, además de una intensidad secuencial, tuvieron un mismo vínculo temático y fueron constantes desde el inicio de las campañas electorales, el 19 de enero de 2006, hasta su conclusión e128 de junio.

E inclusive el mismo Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) reconoce que el presidente Vicente Fox. el Consejo Coordinador Empresarial, Televisa, el Dr. Simi, diversas empresas, ciertos eventos eclesiásticos y otros actores no identificados promovieron el voto a favor de Felipe Calderón o en contra de Andrés Manuel López Obrador.

Lo que salta a la vista es que el TEPJF renunció a su facultad de allegarse los suficientes elementos para poder establecer la intensidad de dichas campañas y el impacto que pudieron tener en la intención de voto, además de que incurrió en una argumentación circular.

Señaló que todas las demandas de la coalición Por el Bien de Todos que tenían que ver con la validez de la elección, no se analizaron en los correspondientes juicios de inconformidad, sino que fueron remitidas a la etapa final, y luego, al abordarlas en dicho momento, hizo una lectura restrictiva de los artículos 9 y 23 de la General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, así como del artículo 191 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y rechazó requerir las pruebas que la parte actora ponía a su disposición -o suplir las deficiencias u omisiones de los agravios-, con el argumento de que, en realidad, no estaba resolviendo un medio de impugnación.

Así, ante la ausencia de dicha información, rechazó en lo particular que cualquiera de las irregularidades señaladas -vistas por separado, como quiso hacerlo- fueran de tal magnitud que se convirtieran en determinantes para el resultado de la elección. Y, peor aún, simplemente desacreditó -sin información, análisis o argumentación- la posibilidad de que todos o varios de los actores ajenos al proceso electoral hubieran actuado de manera concertada o deliberada.

Pero para cualquier observador resulta evidente que las irregularidades centrales fueron cometidas desde el principio de las campañas -e inclusive desde antes- hasta concluir el 28 de junio, justo en el momento en que fueron retirados los spots del CCE. Y del mismo dictamen del TEPJF, desprende que, en lo general, los discursos de todos esos actores ajenos al proceso tienen un vínculo temático y se enlazan en el tiempo, de tal manera que al concluir una campaña se inicia otra.
Particularmente es claro que, cuando entra en vigor el denominado acuerdo de neutralidad del Consejo General del IFE y, por lo tanto, se reduce la participación del presidente Fox en el escenario público, se intensifica la participación del CCE, de diversas empresas y de varias asociaciones civiles privadas.

Así mismo, es posible establecer -sólo con los elementos analizados en el dictamen- que la intervención irregular del presidente Fox y de los organismos privados fue prácticamente de relevas desde el inicio de las campañas electorales en enero de 2006, la difusión de las historietas del CCE que el tribunal reconoce como irregulares; después, con la intensiva participación mediática del presidente Fax hasta finales de mayo y, posteriormente, en junio, cuando de nuevo arrecia la campaña de los particulares. Se trató de una clara intervención por relevos.

El mismo dictamen del tribunal exhibe, sin proponérselo, el vínculo temático de esas intervenciones irregulares con las campañas propositiva y negativa del candidato panista Felipe Calderón: mantener el rumbo del país y los riesgos que significaba votar por Andrés Manuel López Obrador.

En las páginas 292 y 293 de su dictamen, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación asienta: "De esta manera, ni siquiera la conjunción de estos hechos que se pudieran tener por acreditados sería impedimento para declarar la validez de la elección, dado que, según se evidenció, por sus alcances temporales y espaciales no habría complementación entre ellos, al grado de que llevaran a este órgano jurisdiccional a la conclusión de que se trató de una acción concertada o deliberada con una finalidad común de influir en la intención de los votantes: tampoco se puede afirmar que hayan sido actos continuos, reiterados o generalizados que hubieran trascendido en los resultados electorales".

Esto, pese a que en las propias páginas del dictamen pueden encontrarse suficientes elementos para demostrar que las participaciones de actores ajenos al proceso no sólo mantuvieron continuidad, sino que se produjeron intensiva y sucesivamente, además de que todos emitieron un mensaje coherente y concurrente, por lo cual es posible confirmar que, en las intervenciones irregulares o ilegales del proceso electoral, hubo, además, complementación, concatenación y concertación.

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Guía para delinquir impunemente

Alvaro Delgado/apro
"Proceso"


México, D.F., 12 de septiembre (apro).- El dictamen aprobado por los siete magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), el martes 5, es una pieza fascinante: constituye un catálogo muy recomendable para ejercer la ilegalidad y mantenerse impune.

Es, también, una guía de buenos modales en las contiendas por un cargo de elección popular: ante embates de mentiras procede, nada más, poner la otra mejilla. Establece, además, que la búsqueda del voto no es una actividad para pobres: si alguien no cuenta con dinero o relaciones que lo doten de él, está condenado a la derrota.

Quien incursione, de ahora en adelante, en una contienda electoral debe diseñar también, aun desde antes del inicio formal de la misma, una estrategia de acopio de pruebas porque, según los nuevos criterios del TEPJF, ya existe la certeza de que habrá fraude y debe probarlo a plenitud... o aguantarse.

Queda autorizada la intervención directa de autoridades de los tres niveles de gobierno, y de cualquier poder, en los procesos electorales y la contratación de tiempos en radio y televisión, cualquiera sea su monto e independientemente del patrocinio de organismos civiles o empresas mercantiles, siempre y cuando tal intervención no sea determinante para el resultado final.

Antes de esta extraordinaria sentencia del TEPJF --que por supuesto es definitiva e inatacable conforme a la Constitución-- estaban prohibidas las conductas descritas anteriormente. Ya no: sin mucha creatividad es posible incursionar en las anchas avenidas de la impunidad y, claro, conquistar o retener el poder político.

Han quedado hechos trizas, de facto, los artículos constitucionales 33, que prohíbe a los extranjeros "inmiscuirse de ninguna manera en asuntos políticos del país", y 9, que ordena que "solamente los ciudadanos de la República" pueden asociarse "para tomar parte en los asuntos políticos de país". Los asesores extranjeros, que son ya insumo indispensable en las campañas, pueden trabajar a sus anchas.

Por decisión de los siete magistrados del TEPJF, seis de los cuales concluyen su lapso como autoridades --aunque ya tienen garantizada su pertenencia a la dorada alta burocracia--, los ciudadanos no tienen derecho a saber en qué sustentan sus decisiones, una opacidad igual que la del Instituto Federal Electoral (IFE).

"El derecho a la información será garantizado por el Estado", que establece el artículo 6 de la Constitución, en el ámbito electoral, está proscrito, porque las boletas electorales, a juicio de la burocracia del IFE, no son documentos y por tanto no caben en los supuestos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

La fiscalía especializada de la Procuraduría General de la República tampoco es una instancia a la que los ciudadanos --ya no digamos los partidos o candidatos-- pueden recurrir para denunciar conductas ilícitas.

Todo se vale. Ni modo. Hay que consagrarse a la simulación y al cinismo.

Esas son las lecciones de la sentencia de los siete magistrados del TEPJF que legalizaron el triunfo de Felipe Calderón y que rubrican un operativo de Estado que sólo los impostores, por ignorancia o interés faccioso, pueden ser capaces de justificar. Para todos existe un premio.

En el caso de los siete magistrados del TEPJF, las anchas avenidas de la alta burocracia --la dorada, que contrasta notablemente con la del grueso del personal-- están abiertas para ellos una vez cumplida su tarea.

Uno de ellos, Alejandro Luna Ramos, para empezar será presidente de ese órgano jurisdiccional, que con un año en el cargo se convierte en decano y, por tanto, ostentará esa posición tan envidiable frente a los otros seis que serán propuestos por la SCJN y aprobados por dos terceras partes del Senado.

Otro, con toda seguridad, será ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación: lo más seguro es que sea Leonel Castillo, el presidente, aunque también aspira a esa posición Alfonsina Navarro quien, junto con Mauro Miguel Reyes Zapata, elaboró el dictamen aprobado por el pleno.

En el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) hay tres espacios, que serían cualquiera de los tres mencionados o José de Jesús Orozco. Y los dos restantes también tienen planes: a Fernando Ojesto, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, le interesa ser director de la Facultad de Derecho, y Eloy Fuentes pretende ser presidente del Tribunal Superior de Justicia de Coahuila.

De manera que los seis tienen futuro al cabo de cumplir una década con un salario mensual, acumulado, de casi 400 mil pesos. A esto se debe añadir el "bono de marcha", un premio que se dan por decisión de ellos mismos, semejante al que se dieron los nueve consejeros del IFE y que fue de 404 mil 867 pesos.

Nomás eso faltaba.

Apuntes

El gozo va más allá de Vicente Fox, Felipe Calderón y toda la camarilla del Partido Acción Nacional (PAN), esa clase política que ha sido muy competente para la estafa. Los magnates que patrocinan al Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y los membretes de la Organización Nacional del Yunque, de manera notable el Centro de Liderazgo y Desarrollo Humano (Celiderh), ya diseñan el plan de gobierno y una de cuyas acciones inminentes es la aplicación, sin atenuantes, de la ley bajo la pantalla de que México exige paz y concordia. Llegó, con otro nombre, la disolución social. Igual que la mano tendida de Gustavo Díaz Ordaz... No: el problema sigue siendo muy hondo y no se resuelve con la apabullante propaganda.


Por : trueeyes




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