Hoy PG - Contra la ignorancia: información. Sobre AMLO, Peje: Prensa del 7 de septiembre

De "La Jornada":

Con la negativa de proporcionar acceso a las boletas electorales a organizaciones civiles y medios de comunicación, como la revista Proceso, para realizar un recuento apartidista, el IFE busca ahora, de forma fáctica, una nueva categoría dentro de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, señalaron ayer académicos de la UNAM, representantes de colectivos civiles y ex consejeros electorales.

Coincidieron en que no aplica ninguna restricción en la información electoral porque, de acuerdo con dicha ley, la única información que no es pública es aquella expresamente relacionada con la seguridad nacional y con los datos personales.

En la mesa redonda Debatiendo los límites de la transparencia, organizada por el Laboratorio de Documentación y Análisis de la Corrupción y la Transparencia en México, realizada en el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, Irma Eréndira Sandoval sostuvo que ni el IFE ni el tribunal electoral ''han salido bien parados de su prueba histórica, como tampoco el Cofipe'', y añadió que el instituto ha respondido ''de manera muy débil'' a la solicitud de acceso a las boletas electorales.

Advirtió que a los funcionarios del IFE ''les urge incinerar las boletas para que no queden supuestas pruebas de la elección'', y subrayó que la petición para el recuento obedece al derecho de acceso a la información, con el objeto de someter a la rendición de cuentas a las instituciones electorales.

Hugo Almada, de Alianza Cívica, consideró que el nivel de ''arcaísmo'' en las instituciones y procesos electorales quita transparencia y certeza a los comicios y sus resultados. Por su parte, John Ackerman, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, sostuvo que la solicitud de acceso a las boletas para un recuento ciudadano tiene como fin ''conocer la verdad histórica''.

Rechaza el IFE sacar a la luz las boletas del 2 de julio

El Instituto Federal Electoral (IFE) determinó rechazar la petición de la revista Proceso para acceder a la documentación electoral del 2 de julio. Las razones: las boletas no son documentación pública, están sujetas a un régimen especial de ''inviolabilidad'' que hace que ni el propio organismo tenga acceso y, además, existe un principio de definitividad en todas las etapas de la elección.

La petición original del semanario se presentó el 28 de julio pasado en la unidad de enlace del IFE, bajo la firma del director de la revista, Rafael Rodríguez Castañeda. La solicitud incluía tener ''acceso al sobre con las boletas sobrantes, inutilizadas, los votos válidos y nulos en todas las casillas instaladas durante la jornada del pasado 2 de julio de 2006 en todo el país, para la elección de presidente de la República''.

En su escrito, Proceso señalaba que la solicitud de acceso a las boletas podría ser autorizada "inmediatamente después de que el tribunal electoral concluya el dictamen, así como la declaración de validez o no validez de los comicios para presidente de la República''.

Días después, grupos ciudadanos se adhirieron a esta petición.

''Inviable constitucionalmente''

De acuerdo con la resolución del comité de información del IFE, existen preceptos constitucionales y legales que impiden dar acceso a estas boletas, pues al no tener carácter de documento público, ni relacionarse con un acto concreto de autoridad, se hace inviable esta petición. En tal caso, subraya, el acceso a la información sólo es procedente mediante el acta de las casillas respectivas, dado que ahí sí existe un acto de autoridad específico que puede ser verificado.

La respuesta a Proceso, que se estima será la misma que dará en breve a una petición ciudadana encabezada por un grupo de intelectuales, entre quienes se encuentran Elena Poniatowska, Carlos Monsiváis, Luis Mandoki y Olga Harmony, establece centralmente que ''las boletas electorales no se ajustan a la definición legal de documento y por tanto de acceso a la información''. Agrega que un documento público del IFE sólo se define como tal en la medida en que registre las actividades o facultades del instituto y su personal.

''Las boletas no registran esa actividad. No son documentos jurídicamente hablando, pues registran la expresión popular del voto y ésa no puede calificarse como actividad o facultad del IFE y sus servidores públicos''.

Más adelante señala que al momento en que el ciudadano sufraga, las boletas se convierten técnicamente en un voto, que es la expresión material de la preferencia electoral de quien lo emite. Una vez concluida la jornada, el contenido de estos sufragios se vierte en las actas.

De acuerdo con el razonamiento del comité de información, durante el proceso que va desde la emisión del voto hasta el cómputo, existe la posibilidad de que sean vigilados por observadores nacionales y extranjeros, así como por representantes de partidos políticos que participan en la contienda, lo cual hace posible el cumplimiento de las disposiciones constitucionales para que las elecciones sean libres y auténticas.

Posteriormente, el documento razona que una vez computados los sufragios no hay regulación electoral alguna que establezca la posibilidad de una apertura que dé acceso a las boletas, salvo que exista una disposición expresa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación con fines específicos.

Al mismo tiempo, señala que de la legislación electoral ''no es factible desprender que se permita el acceso a los materiales resguardados a la conclusión del proceso, en razón de que la obligación de resguardo y de inviolabilidad no se interrumpe bajo ningún supuesto. En consecuencia, no es jurídicamente posible entregar o poner a disposición de persona alguna los votos contenidos en los paquetes electorales''. De conformidad con la ley, el IFE sólo tiene facultades expresas, en torno a las boletas, que lo ''constriñen a mantener la inviolabilidad de su resguardo durante y después del proceso para que, una vez concluido éste, proceda en un momento dado su destrucción''.

Citando resoluciones del tribunal electoral, justifica la imposibilidad de abrir el acceso a las papeletas, puesto que el instituto sólo puede hacer aquello que le está expresa o implícitamente marcado en las leyes, ''ya que en caso contrario, si se permitiera el acceso, al carecer de fundamento normativo se violentarían tanto la garantía como el principio de legalidad, toda vez que no es jurídicamente procedente dar a las boletas un destino distinto y ajeno al que señala el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales''.

Posteriormente, destaca que las papeletas no son susceptibles de conservación, ''ya que si el legislador hubiera considerado la posibilidad de permitir el acceso a las mismas se hubiera confiado el carácter de documento histórico o dejado al arbitrio del IFE su destino. En tal sentido, se reconoció la importancia de que las boletas tienen ya efecto de salvaguardar el principio de definitividad, que confirió su resguardo e inviolabilidad a los consejos distritales, y su consulta la reservó al tribunal electoral''.

En sus argumentos, el instituto señala que es principio constitucional que el voto es secreto y que la mejor forma de garantizarlo es mediante el principio de definitividad. El legislador no obvió la posibilidad de asegurar las papeletas ''para no desvirtuar los resultados electorales y por ende afectar la decisión ciudadana, por lo que estableció una serie de mecanismos de inviolabilidad''.

Finalmente, indica que el camino por el cual transitan los votos se encuentra arropado permanentemente mediante la garantía de inviolabilidad, que es ''oponible frente a cualquiera, inclusive el propio instituto, que no cuente con facultades legales que le permitan para sí o en favor de un tercero, dar acceso a las boletas''.

El artículo 254, párrafo segundo, del Cofipe, establece: ''... los presidentes (de los consejos distritales) tomarán las medidas necesarias para el depósito, en el lugar señalado para tal efecto, de los sobres que contengan la documentación a que se refiere el artículo 234 (boletas inutilizadas, votos válidos y votos nulos) de este código, hasta la conclusión del proceso electoral. Una vez concluido éste se procederá a su destrucción''.

Rechazan PRD y PT la promulgación de bando solemne de presidente electo

Calderón enfrentará divisiones, dice AMLO

El PAN dialogará con PRD, no con López Obrador

Fox intimidó a magistrados para que avalaran el fraude, dice Muñoz Ledo

Juicio político contra miembros del TEPJF, piden académicos

Investigadores y académicos de instituciones superiores de educación pública, entre ellas las universidades Nacional Autónoma de México y Autónoma Metropolitana, presentaron ayer en la Cámara de Diputados una solicitud de juicio político en contra de los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) por actuar en contra de la lógica jurídica y en contravención de la Constitución, al calificar la elección presidencial del pasado 2 de julio.

En el documento, que los investigadores entregaron ayer a la Cámara de Diputados entre consignas de rechazo a Felipe Calderón, se pretende demostrar que los magistrados no asumieron sus facultades constitucionales, no se consagraron como órgano máximo, de último grado, para el control electoral y que, por el contrario, violentaron la Constitución, en contra de la norma que ellos mismos aplicaron para otro caso.

De acuerdo con los académicos, hay elementos científicos suficientes para dudar sobre los resultados electorales y dar paso al conteo de voto por voto "que 70 por ciento de los mexicanos estamos reclamando. Nosotros, como científicos, tenemos la certeza absoluta, sin lugar a duda, de que el conteo que se hizo fue equivocado, que tuvieron fallas importantísimas a nivel de captura y procesamiento de los datos que enviaron las 130 mil y pico de casillas", sostuvieron.

Jaime Cárdenas, ex consejero del Instituto Federal Electoral, enfatizó que los magistrados no respetaron la certeza de los resultados, además de alertar sobre la aplicación de un ordenamiento que permite la quema de las boletas y con ello la desaparición de cualquier prueba del presunto fraude.

"Están en duda todo el sistema electoral mexicano, los consejeros del IFE, los magistrados del TEPJF y el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hay una disposición totalmente injusta en el Cofipe que señala que una vez que concluya el proceso electoral se deben destruir todos los paquetes electorales. Si este hecho se consuma, los mexicanos nunca tendremos certeza de qué fue lo que pasó el 2 de julio. Por eso es importante que antes de la destrucción de los paquetes podamos tener acceso al recuento de votos", subrayó el ex consejero electoral.

Cárdenas llamó a agotar las vías políticas y jurídicas "para que este atropello no se consume. Los mexicanos tenemos derecho a saber qué fue lo que ocurrió y a que exista un recuento total de los votos", dijo antes de recordar que el origen del artículo en mención, el 254 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, fue una negociación en 1988 entre el panista Diego Fernández de Cevallos y el PRI "para destruir la evidencia del fraude electoral" de ese año.

Esta denuncia, añadió, se basa en las propias resoluciones del TEPJF, ya que "al desentrañar los hechos el sentido y las consecuencias de resoluciones jurisdiccionales uno puede percibir desde la ausencia de la facultad protectora de la Carta Magna hasta la contradicción total entre una resolución dictada apenas en 2004 y otra dictada al resolver las impugnaciones a la elección presidencial de 2006".

Bartlett llama a priístas a luchar contra la derecha

Discuten en los estados temas de la convención

La elección presidencial es ya "hecho consumado", determina la Corte

Comenzó la puja en el Senado por el reparto de comisiones

Buscan blindar al TEPJF contra todo "cañonazo"

Formalizan diputados cambios a la Ley Orgánica del Congreso

Arremete Zermeño contra reporteros; pretende limitar su labor informativa

A una semana de haber negociado con el Partido Revolucionario Institucional (PRI) la mesa directiva de la Cámara de Diputados, el panismo manifestó dureza contra los medios de comunicación, porque ahora el presidente de la mesa directiva, Jorge Zermeño, advirtió a los reporteros que tendrán que abandonar el salón de sesiones a las 11 de la mañana en punto, durante los días de trabajo del pleno, o de lo contrario solicitará el desalojo de los comunicadores.

Zermeño fue más allá y el martes por la noche propuso a los coordinadores de los grupos parlamentarios que se cierre definitivamente el paso de los reporteros al salón de sesiones para ubicarlos solamente en el balcón de prensa, conocido como el corral de la ignominia.

Esta propuesta fue revelada por el coordinador priísta, Emilio Gamboa Patrón, quien dijo a un grupo de reporteros que él los había defendido, y había rechazado la propuesta de Zermeño durante el referido encuentro de los coordinadores parlamentarios.

Apenas en la segunda sesión ordinaria del primer periodo de sesiones de la 60 Legislatura, Jorge Zermeño, quien proviene del Senado de la República, sitio en el que se permite el libre tránsito de los reporteros en el salón de plenos, adoptó una postura de endurecimiento contra los representantes de los medios de comunicación que desde hace años han trabajado entre las curules entrevistando legisladores, y ningún conflicto han generado.

Ahora para los panistas el trabajo de los comunicadores resulta incómodo, y la advertencia de Zermeño en lugar de amedrentar generó enojo y molestia de los reporteros, camarógrafos y fotógrafos en su contra por la postura autoritaria con la que pretendió acotar el desempeño profesional de los informadores. Resulta que este jueves, minutos antes de las 11 de la mañana, Zermeño ingresó al salón de sesiones donde los reporteros, como habitualmente sucede, lo buscaron para que vertiera su opinión sobre la declaratoria de presidente electo en favor de Felipe Calderón.

Además habló de que aplicará medidas de seguridad, las que "sean necesarias", para garantizar la transmisión de poderes el primero de diciembre próximo.

-¿Habrá otro cerco policiaco?

-Habrá la seguridad que tenga que darse, tomando en cuenta no sólo la seguridad de diputados, senadores, sino también la del presidente entrante y saliente y del Poder Judicial. Además de muchos dignatarios que cada seis años, cuando hay cambio de poderes, seguramente (sic) tendremos la visita de presidentes de varios países de todo el mundo.

-¿Habrá seguridad dentro del recinto?

-No quiero hablar de medidas de ese tipo, simplemente estoy diciéndoles que habrá, y yo les pediría que sería muy sano que dejáramos de estar especulando. Lo digo categóricamente: el primero de diciembre habrá transmisión de poderes, aquí se reunirán los poderes, y habrá este evento; vamos a darnos la seguridad necesaria y con la prudencia necesaria.

Después de enunciar su verdad en torno a lo que él prevé sucederá el primero de diciembre, y ya fuera de micrófonos, se dirigió a los reporteros, fotógrafos y camarógrafos que terminaban de entrevistarle, advirtiéndoles que "a las 11 de la mañana deberán estar en el balcón de prensa, porque en caso contrario no decretará el inicio de las sesiones y ordenará el desalojo de los representantes de los medios de comunicación: los quiero allá arriba...", espetó.

Tal aseveración proveniente del presidente de un órgano camaral propició risas de ironía entre algunos reporteros, pero en la mayoría enojo por ese arrebato, porque en años anteriores ni siquiera los panistas habían asumido tal actitud.

La tardanza en la salida de los reporteros, ayer jueves, obedeció a que la mayoría de los diputados de todos los partidos demoraron su ingreso al salón de sesiones por un hecho que convenía más a sus bolsillos: prefirieron formarse para recibir sus chequeras y tarjetas de débito, instrumentos con los que podrán disponer de una dieta mensual, calculada en 120 mil pesos.