ISOSA- Hildebrando: Secreto de dos Desde 1996, Diego Hildebrando Zavala, cuñado del presidente electo Felipe Calderón, desarrolló a instancias de la Secretaría de Hacienda un sistema informático para controlar los asuntos jurídicos del aparato tributario del país. Hildebrando, la compañía de Zavala, suscribió contratos en particular con ISOSA, el oscuro negocio de Gil Díaz, a raíz de los cuales Zavala ha tenido acceso a información privilegiada sobre los contribuyentes. Jesusa Cervantes ?Proceso? Diego Hildebrando Zavala, cuñado del presidente electo Felipe Calderón Hinojosa, no sólo fue beneficiado por el gobierno foxista mediante contratos millonarios para su empresa Hildebrando, sino que ha tenido acceso a información privilegiada. Por sus manos han pasado todos los asuntos jurídicos del Sistema de Administración Tributaria (SAT), como juicios civiles y mercantiles, deudores, amparos contra actos, juicios de nulidad y cancelación de patentes aduaneras, entre otros, lo que se traduce en un acceso único a información detallada sobre los contribuyentes. Esos valiosos datos se los proporcionó Francisco Gil Díaz, secretario de Hacienda y Crédito Público, quien a través de su controvertida empresa Integradora de Servicios Operativos, S.A. (ISOSA), le ha extendido contratos desde 1996. Lo hizo bajo la condición de firmar una cláusula de "confidencialidad" por 12 años. Es decir, durante dos sexenios nadie ajeno a Zavala y a Gil puede conocer el contenido de "los programas" o "cualquier información de la cual llegare a tener conocimiento" el hermano de Margarita Zavala de Calderón. La cláusula incluye información "relacionada con cualquier entidad integrante" de ISOSA, es decir, se aplica a los fideicomisos Aduanas I, Aduanas II y otras empresas que Gil Díaz conformó para realizar el llamado cobro DTA (Derecho por Trámite Aduanero) y que la Auditoría Superior de la Federación consideró irregular, ya que esas entidades no reportaron a la Tesorería de la Federación 10 mil millones de pesos en ingresos. La relación Hildebrando-ISOSA fue revelada durante el segundo debate de la pasada campaña presidencial, cuando Andrés Manuel López Obrador habló de los servicios que el cuñado del hoy presidente electo ha prestado a la administración pública federal. Pero entonces el contenido de los contratos, las cantidades millonarias, sus alcances y el tiempo que lleva la relación "contractual" entre Diego Hildebrando Zavala y Francisco Gil no se habían dado a conocer en su totalidad. Proceso obtuvo copia de algunos contratos firmados de 1998 a 2004. En el más reciente, Hildebrando se comprometió a prestar sus servicios del 24 de enero de 2005 al 23 de enero de 2006. Confidentes El vínculo entre Francisco Gil Díaz y el cuñado de Felipe Calderón comenzó entre 1996 y 1997. Por ese tiempo, ISOSA, la empresa creada por el entonces subsecretario de Ingresos, tenía tres años de haber sido creada y, para cobrar el DTA, se apoyaba en otra compañía formada en aquellos años: la Integradora de Activos, S.A. (IASA). A través de ésta se establecieron los primeros contratos de ISOSA con Hilde tirando, según consta en diversos documentos. El trabajo de Hildebrando consistió en diseñar y desarrollar "el principal sistema de información de la Administración Jurídica General del SAT", conocido como Júpiter (Jurídica: Programa Integral para la Toma de Decisiones, Evaluación y Resolución). La función de Júpiter, según el SAT, es "integrar todos los procesos legales y administrativos de la administración general jurídica en un sistema de información que apoya la toma de decisiones y la operación diaria. A través de este sistema, las administraciones locales y centrales jurídicas realizan el inventariado, control y seguimiento de los juicios de nulidad, consultas, autorizaciones, recursos administrativos, asuntos penales, amparo contra actos y asistencias legales, entre otros". Este programa permite llevar el control de los litigios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que actualmente tiene 40 mil juicios vigentes y 2.5 millones de asuntos registrados. Sin ser funcionario federal, el cuñado de Felipe Calderón ha tenido acceso a información privilegiada, pues han pasado por sus manos los padrones de pequeños y grandes contribuyentes, con todo y sus problemas fiscales. Cuando se denunciaron los múltiples contratos que Hildebrando ha firmado con órganos federales (Petróleos Mexicanos, la Comisión Federal de Electricidad, el Instituto de Protección al Ahorro Bancario, Banobras, Instituto Mexicano del Seguro Social y las secretarías de Energía y de Desarrollo Social), además de entes autónomos como el Instituto Federal Electoral, Diego H. Zavala rechazó haber incurrido en el tráfico de influencias y haber tenido acceso a la información que cada dependencia vació en el software que su empresa le instaló. Pero al menos en el caso de IASA e ISOSA, la extensa cláusula de confidencialidad a la cual se obligó Hildebrando sugiere la posibilidad de que sí haya gozado de acceso a algo más que software. Por ejemplo, en los contratos SL-447/98; SL-356/99; SL-358/99 y SL-030/00, firmados entre 1998 y 2000 por Hildebrando e IASA, se incluyeron en una cláusula décima tres párrafos en los que se indica que "los programas de computación" son "documentos oficiales para ambas partes, incluyendo su documentación, manuales y materiales relacionados". Por ese motivo, los firmantes del contrato "se obligan a mantener su contenido en la más estricta confidencialidad y por lo tanto no revelarán a terceros dicha información en forma alguna". Ambas partes se obligan a guardar en absoluta confidencialidad los datos que mutuamente se proporcionen, "así como de cualquier información respecto de la cual llegaren a tener conocimiento, incluyendo, sin limitar, información relacionada con cualquier entidad integrante de LA EMPRESA (IASA), así como con cualquier otra sociedad de la que llegare a tener conocimiento (como podría ser ISOSA) y/o con cualquier cliente de dichas entidades o sociedades, así como de los programas, su estructura y contenido". Para cerrar, Hildebrando e IASA se comprometen a"indemnizar a la parte afectada" por concepto de daño y perjuicio "causado por incumplimiento" de la cláusula, es decir, por comentar la relación laboral y mencionar cualquier documento al que se haya tenido acceso. Este semanario cuenta así mismo con copias de otros documentos subsecuentes, firmados entre 2001 y 2004 y en los cuales ya es ISOSA la empresa que contrata al cuñado de Felipe Calderón. En los contratos SL171/01, SL-113/02, SL-042/03 y SL-146/04, la cláusula de confidencialidad creció de tres párrafos a poco más de una cuartilla. A diferencia de los contratos anteriores, sólo Hildebrando "se compromete y obliga a mantener en la más estricta confidencialidad toda la información y documentación que ISOSA le proporcione (...) por lo que no divulgará información y documentación a ningún tercero (.. .) ni la aprovechará para su beneficio o el de terceros". Además, Hildebrando "se asegurará" de que sus empleados no hablen con nadie de lo que conozcan y vean; incluso, tendrá que responder ante ISOSA por actos u omisiones de sus empleados, amén de mantener en un lugar seguro "y fuera del alcance de terceras personas dicha información". Pero ISOSA concede a Hildebrando algunos beneficios en esta misma cláusula. Por ejemplo, la empresa particular es propietaria exclusiva de la información que le entregue a ISOSA, aunque se la concede a la empresa de Gil para el cumplimiento del contrato. Es decir, la información se considera un "secreto industrial y comercial" de Hildebrando. Luego aparece la novedad: "la obligación de confidencialidad para ambas partes tendrá una vigencia de 12 años, contados a partir de la fecha de divulgación de la información por cualquier de las partes". Se aclara que esto no aplicará cuando "la información sea divulgada al público" por razones ajenas a las empresas. A partir de 2001, fecha en que se hizo más estricta la cláusula de confidencialidad, ISOSA empezó a ser vigilada y fiscalizada de manera especial por el titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), Arturo González de Aragón, quien desde que asumió el puesto consideró que los ingresos obtenidos del cobro del DTA por ISOSA y demás empresas creadas por Gil Díaz para este fin, debieron haber ingresado a la Tesorería de la Federación, pues de lo contrario se ha generado un quebranto a la nación. De hecho, en sus revisiones de las cuentas públicas de 2001 a 2003, la ASF reportó que ISOSA ha provocado un quebranto a las arcas federales por 10 mil millones de dólares. Su argumento es que el dinero que ingresa por el DTA a los fideicomisos Aduanas I y Aduanas II -que forma parte de la estructura de ISOSA- son ingresos de la Nación tipificados como "derechos, impuestos y aprovechamientos". Sólo para Hildebrando La relación contractual entre Hildebrando e IASA e ISOSA fue autorizada desde el principio por el fideicomiso Aduanas I, cuyo comité técnico avaló la implantación del software en el área jurídica. Según el periodista Miguel Badillo (en su libro ISOSA, fraude a la Nación), "el comité técnico del fideicomiso Aduanas I recibe solicitudes de equipamiento y modernización de funcionarios del SAT, e instruye efectuar inversiones. Las autoridades del SAT ratifican lo anterior y el titular de la Administración General de Aduanas, José Guzmán Montalvo, ratifica los acuerdos tomados por los consorcios de empresas privadas". Así lo demuestra la "atenta nota" en papel membretado que la Administración General de Tecnología de la Información (AGTI) del SAT dirigió al administrador único de ISOSA, Gonzalo Rojo Nava, el 28 de octubre de 2004, a fin de ordenar la aprobación del contrato SL-146/04 con Hildebrando, que se empezó a gestionar desde julio de 2004 para que el servicio se prestara de enero de 2005 a enero de 2006. En el documento, del cual Proceso tiene copia, se señala: "Derivado de las necesidades informáticas de la Administración General Jurídica y con relación al proyecto denominado `Desarrollos para Jurídica', mismo que se encuentra incluido en los acuerdos del Comité Técnico del Fideicomiso Aduanas I de fecha 22 de julio de 2004 (...) es necesario realizar la apertura del subproyecto denominado `Mantenimiento para el Sistema Júpiter', el cual requiere de la contratación de horas de mantenimiento y soporte para cubrir los requerimientos de los usuarios del Sistema Júpiter, el cual es el principal sistema de información de la Administración General Jurídica". Después, el administrador de la AGTI, Carlos Moisés Cárdenas Cisneros, le pide a Rojo Nava que le envíe la cotización "a fin de proporcionar el visto bueno correspondiente" del administrador central de Atención a Usuarios, Jorge Montoya Castro. Para ello le remite también un Anexo "A" con los términos de referencia. En dicho anexo, del cual este semanario también tiene copia, se establece el significado del sistema Júpiter y se recuerda que fue desarrollado por Hildebrando en 1997, que cuenta con 72 instalaciones y mil 800 usuarios, y que mediante él se han tramitado más de 2 millones de asuntos. De igual forma, se revela que el contrato con Hildebrando se ha renovado desde 1998 a fin de mantener "la continuidad en el ritmo de trabajo y sustentar los constantes cambios que requiere la aplicación, así como para capitalizar la experiencia que el proveedor ha adquirido al haber participado en la creación y evolución del sistema a la fecha". Se recuerda en el documento que Júpiter "es el sistema medular de la Administración General jurídica" del SAT y justifica la intervención de Hildebrando "en virtud de que al interior de la institución no se cuenta con desarrolladores suficientes y con el conocimiento necesario del código del sistema". Esa contratación también tiene el propósito de "subsanar" las observaciones hechas por el Órgano Interno de Control (se supone que del SAT). En el mencionado Anexo "A" se advierte que, si el mantenimiento del sistema Júpiter no se asigna a Hildebrando, no existe la certeza de una completa transmisión del conocimiento por parte del proveedor y(existe el riesgo de) la pérdida de la sinergia y compenetración que se han ganado a lo largo de los años, habiendo demostrado esta empresa gran calidad en sus entregables y compromiso con nuestra institución". Antes menciona que de no renovarse el contrato con Zavala, el poco personal de la institución que conoce parte del sistema "no se dará abasto para cubrir los requerimientos del usuario ni algunos de los compromisos establecidos ante el jefe del SAT mediante los proyectos de la AGJ (Administración General Jurídica)". Y más: "Otro riesgo destacado es el hecho de que en los próximos meses se rediseñen varios proceso del SAT, incluyendo el jurídico, de recaudación y asistencia al contribuyente por el proyecto Plataforma, que seguramente requerirán de cambios en los flujos de información y la lógica de negocio, por lo que se necesita que la plataforma tecnológica sea capaz de evolucionar en los procesos". A su vez, el 10 de noviembre de 2004, Hildebrando cerró la pinza. Envió un oficio al director de Adquisiciones y Proyectos de ISOSA, Gabriel Benítez Leyva, en el que argumenta por qué debe conservar los contratos con la empresa creada por Gil: "El haber acompañado a ISOSA y el SAT durante varios años permite desarrollar un conocimiento de dichas entidades a nivel de sus actividades, de su personal, de su estructura, de su reglamento, de sus usuarios del sistema, etcétera; en consecuencia, resulta mucho más fácil y productivo para nuestro personal el poder interactuar con los responsables del proyecto:" Finalmente, el proyecto de Hildebrando para el mantenimiento fue aprobado y firmado el 3 de enero de 2005, para que se aplicara del 24 de ese mes al 23 de enero de 2006. El contrato fue por 6 millones 712 mil 922.20 pesos, sin incluir el IVA. Pagos inexplicados Todos los contratos que Hildebrando firmó con IASA e ISOSA se relacionan con el proyecto Júpiter, primero para desarrollarlo y después para ampliarlo y darle mantenimiento. A juzgar por los ocho contratos cuya copia tiene Proceso -y de los cuales han dado cuenta en parte la revista Contralinea y el diario La Jornada-, los pagos a Hildebrando suman 26 millones 757 mil 74.99 pesos, ya tomando en cuenta los generosos descuentos que Diego H. Zavala realizó a ISOSA -de 8% en algunos casos, como los contratos SL-447/98 y SL-146/04- "como apoyo a la economía nacional". Lo que se desconoce es de dónde han salido los casi 27 millones que se han entregado a Hildebrando. En primera instancia parecería que fue del fideicomiso Aduanas I, pero el periodista Miguel Badillo dice en su citado libro que, ante los duros cuestionamientos de la ASF, Gil Díaz intentó liquidar el instrumento financiero en 2003, aunque no lo logró hasta 2006. Badillo agrega que, según el reporte obtenido a través del Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI), en el primer trimestre de 2005 Aduanas I contaba con 19 mil 523 millones de pesos. Según otra consulta de Proceso ante el IFAI, actualmente el fideicomiso Aduanas I cuenta con "cero pesos"; está extinto. Igualmente, se informa que Aduanas II fue liquidado en mayo del presente año y en su lugar se conformó el Fideicomiso Público para el Programa de Mantenimiento de los Medios de Informática y el Control de Autoridades Aduaneras (Fidemica), con un fondo de 2 mi1707 millones 183 mil 364 pesos a la fecha. También se reporta que en 2004 se creó otro fideicomiso, denominado Contraprestaciones al Artículo 16 de la Ley Aduanera, el cual tiene un monto de 5 mil 669 millones 96 mil 236 pesos. El caso es que hasta ahora no se conoce con certeza con cuáles fondos se pagaron a Hildebrando los casi 27 mil millones de pesos que Proceso pudo documentar. Gil Díaz ya se va de Hacienda y aún no ha explicado cuántos recursos recibió ISOSA ni cómo funcionó. [+/-] muestra/oculta esta entrada

Por : trueeyes