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* Hoy es domingo, octubre 08, 2006

Y ahora las transas de los Bribiesca

5:32 p. m.

Los Bribiesca: a borrar huellas

Verónica Espinosa
"APRO, Por Esto!, Proceso"


Construcciones Prácticas, la empresa de Miguel Khoury y Manuel Bribiesca Sahagún, obtuvo el permiso del gobierno local para vender las viviendas de los fraccionamientos El Zapote y Las Biznagas, por lo cual presiona a los colonos para cerrar la compraventa.

Su método: amenazar con el desalojo y con la posibilidad de generar otros conflictos por la complicada situación jurídica y social que ambos desarrollos arrastran desde su origen. Para ello, los socios utilizan como pantalla a la empresa Plaza Industrial, que hace más de diez años construyó y pretendió comercializar dichos fraccionamientos antes de irse a la quiebra.

A decir de Bernardo Sánchez Ayala, uno de los abogados que han intervenido en los juicios que se han interpuesto por la posesión y propiedad de las viviendas en Las Biznagas, el gobierno estatal "es parte de todo este negocio, porque está al tanto de la investigación en la Procuraduría General de la República, de la situación de los fraccionamientos, y de que es la empresa de Manuel Bribiesca la que está detrás de la compra. Y aún así se apresuró a dar el permiso para vender".

Añade: "Desde que el fraccionamiento quedó en el limbo cuando Plaza Industrial quebró y Bancrecer y Banorte entraron; desde que los trabajadores de la constructora comenzaron a ocupar las viviendas y a promover juicios laborales para quedarse con ellas en pago por lo que les debían, se inició un largo proceso en el que hubo chicanadas, entrampamientos; entraron terceros en los juicios, las autoridades permitieron de todo con tal de que el proceso se prolongara indefinidamente.

"A fin de cuentas fueron otros los que salieron ganando, y los derechos de los trabajadores, que tenían que ser prioridad como marca la ley en estos juicios, quedaron en el piso. Todo fue hecho para aplazar los remates, para evitar que los trabajadores tuvieran mano para obtener las viviendas, y ahora los Bribiesca están detrás del negocio".

El fraccionamiento Las Biznagas consta de 305 viviendas, casi todas ocupadas por familias pobres. Construido hace ya diez años, originalmente iba a beneficiar a trabajadores federales, pero no cumplió los requisitos y fue rechazado por el gobierno. Ello, sumado a la crisis económica de mediados de los noventa, provocó la quiebra de la empresa constructora y comercializadora del fraccionamiento, Plaza Industrial.

Esta era también la propietaria del predio El Zapote o El Milagro, en Irapuato, que junto con Las Biznagas y el fraccionamiento Solidaridad, de Acapulco, fueron comprados al Instituto de Protección al Ahorro Bancario (IPAB) por las empresas de las que es socio Manuel Bribiesca Sahagún, como Grupo Kilate y Construcciones Prácticas, ambas con sede en Celaya.

Se informó a principios de junio cómo una comisión especial de la Cámara de Diputados corroboró que el IPAB dejó de percibir más de 134 millones de pesos por este paquete inmobiliario, puesto que éste ostentaba un valor comercial de 142 millones y medio de pesos, pero en la subasta de febrero de 2004 Bribiesca y sus socios pagaron sólo 8 millones 100 mil pesos.

La denuncia de los ex diputados integrantes de aquella comisión especial, Jesús González Schmal, Martha Lucía Micher y Sofía Castro, está vigente en la PGR.

La premura

Como ya se informó, varias empresas vinculadas a panistas o a personas cercanas al Presidente Vicente Fox -como Manuel y Jorge Bribiesca Sahagún- obtuvieron información privilegiada del IPAB para hacer negocios multimillonarios con paquetes crediticios de inmuebles que fueron subvaluados por el instituto.

De acuerdo con la información obtenida por la comisión especial que presidía Jesús González Schmal, entre los paquetes asignados a Construcciones Prácticas en subastas correspondientes al 2004 figuran El Zapote, en Irapuato, y Las Biznagas, en la ciudad de Guanajuato. Para el gobierno estatal, tan sólo este último valía 77 millones de pesos.

Sorpresivamente, justo en ese año supuestos representantes de Plaza Industrial comenzaron a exhibir poderes y documentos de 1995 y 1996 ante las autoridades del Estado y del municipio. Se decían enviados de Adrián Campuzano (accionista y apoderado de la empresa cuando se construyó el fraccionamiento) y preguntaban por los adeudos, gravámenes y la situación legal de Las Biznagas.

Funcionarios estatales y municipales informaron que incluso el representante de los trabajadores que demandaron a Plaza Industrial, Narciso Sánchez Rangel, de repente comenzó a tramitar el permiso de venta de esas viviendas, ahora en representación de la empresa contra la que años atrás se enfrentó en tribunales.

Sánchez Rangel hizo correr la versión de que una nueva empresa llamada Kilate se había acercado a Plaza Industrial para hacerse cargo de todos los adeudos, gravámenes y demás cargos, a fin de quedarse con el fraccionamiento.

De hecho, Las Biznagas aún está registrado en el Catastro Municipal a nombre de Plaza Industrial, pese a que tras la subasta del IPAB debería aparecer a nombre de la empresa que supuestamente lo adquirió. Eso sí, se puso al corriente en los impuestos municipales.

Toda esta información se incluye en la denuncia que los diputados de la comisión especial interpusieron ante la PGR por tráfico de influencias y otras irregularidades, posiblemente cometidas también por funcionarios del IPAB.

Sin embargo, el 12 de junio -ocho días después de que se divulgaron estos nuevos datos sobre los beneficios que habrían recibido los hijos de Marta Sahagún y sus socios-, el gobernador Juan Carlos Romero Hicks firmó el edicto que autoriza la venta de Las Biznagas.

El Periódico Oficial del Estado del 7 de julio publicó la resolución del expediente (15)-229-F/95, sobre la solicitud del permiso de venta del fraccionamiento adquirido por Plaza Industrial en octubre de 1994, ante el notario local Juan Arturo Villaseñor Buchanan. Por cierto, los representantes de Plaza Industrial remiten a los colonos al mismo notario para que formalicen las compraventas.

En junio de 1995 la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Estado autorizó la traza y clasificó el fraccionamiento de vivienda popular. Sin embargo, la carencia de escrituras del área de donación y los diversos gravámenes que pesaban sobre el inmueble, se negó el permiso para vender los lotes.

En abril del presente año, la misma empresa, esta vez representada por Narciso Sánchez, presenta los certificados de libertad de gravámenes, la escritura de las áreas de donación, así como la terminación de los conflictos legales y los juicios laborales. Todo de un plumazo, gracias a la intervención de la empresa de Bribiesca Sahagún.

Incluso, la Secretaría de Desarrollo Social y Humano reportó que las obras de urbanización del fraccionamiento se encuentran "ejecutadas en su totalidad". Una vez cubiertos los requisitos, en menos de dos meses el secretario de Desarrollo Urbano, Justino Arriaga, presentó el proyecto de resolución gubernamental que aprobó de inmediato el gobernador Romero Hicks.

Este recibió a principios de septiembre una petición de audiencia de un grupo de colonos, preocupados por el riesgo de caer de nuevo en manos de defraudadores, pero ya no les respondió, pues el martes 26 entrega el poder al también panista Juan Manuel Oliva.

Empresa fantasma

El permiso del gobernador fue otorgado a la sociedad mercantil Plaza Industrial, S.A. de C.V. Algunos habitantes de Las Biznagas expresaron sus dudas sobre la legalidad del proceso de compraventa de las viviendas, que se acaba de abrir.

Y es que en las últimas semanas se les han hecho llegar a los colonos varios volantes en los que se les informa que los tratos para la compraventa se harán directamente con Plaza Industrial, que ofrece las viviendas a 188 mil pesos, con 20 mil pesos de enganche y mensualidades de 2 mil pesos durante siete años.

En la asamblea en la que se detallaría la información, programada para el 21 de septiembre en la noche, el presidente de la asociación de colonos Armando Torres Balderas había anunciado que el representante legal de Construcciones Prácticas, Rubén Ayala Chaurand (sobrino del ex diputado federal Carlos Chaurand Arzate) estaría presente junto a la apoderada legal de Plaza Industrial, María Elena García. A fin de cuentas, Ayala no asistió.

"Nos han mencionado muchas veces a Construcciones Prácticas como la empresa que realmente está detrás de la negociación. Esta simulación es la que nos tiene preocupados, no sabemos si nuestros contratos tendrán validez. Y tampoco tienen derecho a desalojarnos así como así", expuso un grupo de colonos.


Por : trueeyes




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