Espiral oaxaqueña Plaza Pública Miguel A. Granados Chapa El sábado 13, la policía estatal de Oaxaca, y la municipal de Miahuatlán de Porfirio Díaz (no es una alusión a las aptitudes represoras de la dictadura, sino que así se llama ese municipio), rompieron el plantón que ante el Penal de esa ciudad, habían erigido familiares de presos recluídos allí, de regreso de su deportación a Tepic. Por añadidura, detuvieron a varias personas. La acusación inicial fue que golpearon a un agente, que tomaba fotografías de los manifestantes. Pero enseguida descubrieron que algunos de los detenidos, llevaban consigo armas y hasta droga, y los condujeron ante el Ministerio Público Federal. Al día siguiente, la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, si bien menguados sus efectivos, retornó a las calles céntricas de la capital oaxaqueña, en protesta por aquellas arbitrariedades. De esa manera, dio un giro más la espiral oaxaqueña, que comenzó hace siete meses: Luego de un fallido desalojo de manifestantes, se inició la movilización que junto con la respuesta gubernamental ha tenido en jaque a Oaxaca. Fortalecido por la presencia de la Policía Federal Preventiva, cuando casi se cumplía un mes de ese gesto de buena voluntad del gobierno federal hacia su persona, el gobernador Ulises Ruiz realizó una maniobra destinada a ser la solución final, el descabezamiento del movimiento que estuvo a punto de derribarlo hace algunos meses. Cuando terminaba una multitudinaria marcha de la APPO, el sábado 25 de noviembre, provocadores ostensiblemente al servicio del gobierno, ajenos a la movilización, ejecutaron escandalosos actos vandálicos, especialmente el incendio de varios edificios públicos. Ese día y al siguiente, la PFP detuvo a decenas de personas, más de doscientas en total, tuvieran o no que ver con los disturbios, estuvieran o no relacionadas con la expresión pública de repudio al gobernador. Ya hemos presentado en este mismo lugar, testimonios de la fiereza con que se trató a personas que fueron detenidas simplemente porque tuvieron el infortunio de transitar por calles donde la fuerza policíaca federal atacaba a la APPO, o repelía agresiones de miembros de esta organización. Luego de una breve estancia en cárceles locales, cerca de ciento cincuenta personas fueron deportadas a un Penal Federal de Nayarit. No me cansaré de clamar por la indignante complicidad de la Administración Federal, que vivía sus últimas horas, y la que le sucedió, en esta maniobra ilegal e insolente. Antes habían sido detenidas, en arrestos selectivos, otras personas como Flavio Sosa y dos de sus hermanos, remitidos a su vez a Penales de Alta Seguridad, como si se tratara de reos de peligrosidad mayúscula. Varios factores condujeron al gobierno estatal a recular parcialmente en esa maniobra. Por un lado, parece que se había incluído en la cuerda remitida a la capital nayarita, a personal policiaco infiltrado en la APPO, al que debía ponerse a salvo de ser identificado. Por otro lado, quedó claro aún para Ruiz, que la PFP había practicado detenciones a diestra y siniestra, desaprensivamente, y era preciso dejar en libertad a quienes mostraron su total ajenidad a cualquier conflicto. De esa suerte, en los días finales del año pasado los deportados fueron devueltos a Oaxaca. La mayor parte de ellos, recibieron libertad bajo fianza pagada a trasmano por el propio gobierno, para aligerarse la carga de sus propios excesos. Muchos otros, sin embargo, están recluídos en los Penales de Tlacolula y Miahuatlán. Parientes de esos reclusos, que se consideran presos de conciencia, constituyeron un Comité de Apoyo a los suyos, y se instalaron a las afueras del Centro de Readaptación Social en Miahuatlán, en un campamento que pareció hostil a las autoridades carcelarias. Éstas, restringieron las visitas a la totalidad de los reos y atribuyeron su actitud al riesgo de que los familiares de los presos políticos, causaran problema. Instigados por los jefes del Penal, presos comunes, amenazaron al grupo al que el gobierno vincula con la APPO, y el propio director de la cárcel amagó con el desalojo de su protesta. El sábado pasado, esos parientes realizaron una marcha del centro de Miahuatlán al reclusorio, al cabo de la cual se produjo la más reciente escaramuza, por el arrasamiento del plantón (lo que significó que quienes lo practicaban, perdieran sus pertenencias) y un oscuro episodio en torno a un policía - fotógrafo. Dice la autoridad que fue agredido sin más por la turba. Dice el Comité de Familiares, que el espía, descubierto, pretendió huir. Lo cierto es que cinco personas fueron detenidas, originalmente acusadas de "golpear salvajemente con cachas de pistola", al informante gráfico. Pero acaso pareció a algún superior, que esa denuncia era de poca monta y, conforme a una práctica por desgracia frecuente, los detenidos fueron cargados: Es decir se les imputó tener consigo armas y hasta una onza de cocaína, con lo que se les presentó al Ministerio Público Federal. Este nuevo episodio, muestra sin dudas el modo en que gobierna Ruiz, una mezcla de golpes y trampas. Apenas decreció la presencia de la PFP, llamados muchos de sus efectivos, a sumarse a las operaciones militares contra la delincuencia organizada en Michoacán, Tijuana, Sinaloa, y, a partir de hoy, Guerrero, su lugar ha sido retomado por las temibles tropas de asalto locales, que no otra cosa es la Policía Preventiva del Estado. Ese es el principal instrumento, de quien de ganar Madrazo la Presidencia, hubiera sido su Francisco Ramírez Acuña. [+/-] muestra/oculta esta entrada

Por : trueeyes