Esta sección no se publicó en la mañana por causas de blogger, pero aquí está de nuevo. Tacos de lengua Sergio Aguayo Quezada El aumento en el precio de las tortillas ha mostrado los titubeos del gobierno federal y el desamparo de los consumidores. Las tortillas aportan alrededor del 50% del total de las calorías consumidas por el 40 por ciento de los capitalinos más pobres (Instituto Nacional de Nutrición, 2002). El taco es ingrediente central de la dieta nacional y símbolo de nuestra identidad y diversidad; en la variedad de los rellenos y las salsas se reflejan las diferencias económicas y culturales de las regiones de México. Salvo la tortilla, ¿qué tienen poco en común los tacos de langosta con frijol y arroz de Baja California, los de cabeza de Arandas, Jalisco o los de canasta del Distrito Federal? El 2007 empezó con el aumento de entre 40 y 100 por ciento en el precio de la tortilla. Con ello salió a la superficie nuestra dependencia alimentaria, la pobreza en que viven las mayorías y la división ideológica --las derechas se invocan las fuerzas del mercado y las izquierdas exigen la intervención gubernamental. El gobierno federal ya fijó postura: como serán las fuerzas del mercado quienes regulen los precios, ya autorizó la importación de una mayor cantidad de maíz. Como la otra columna de la respuesta federal es el combate de los abusos, el 12 de enero entró en escena la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) y su titular, Antonio Morales de la Peña, informó que asumirían "el liderazgo en la protección de los sectores más vulnerables de la población mexicana". De esa voluntad nació el Programa Nacional de Verificación y Vigilancia de Tortillerías que, para ?inhibir y desalentar? el ?incremento injustificado en el precio del producto?, verificará la exhibición y respeto de los precios; garantizará que las básculas no alteren el peso; difundirá información sobre los precios al consumidor; pedirá a proveedores la información que justifique los aumentos; y establecerá compromisos de apoyo con las cámaras y cadenas de autoservicios. El programa es demagógico porque aun cuando la Profeco tenga la voluntad política (algo que está por verse), carece del personal suficiente para llevarlo a cabo. Con un presupuesto para el 2007 de 960 millones de pesos tiene en nomina a 3,438 empleados, insuficientes para controlar a los abusadores. Una referencia indispensable es su batalla del 2005-2006 para controlar a las gasolinerías que nos esquilman vendiéndonos litros incompletos. Para revisar a las 7 mil 200 estaciones de servicio la Profeco sólo tenía 39 aparatos verificadores. Terminaron documentando abusos, es cierto, pero al ser incapaces de erradicarlos se contentaron con poner en su página información sobre cuáles gasolinerías han esquilmado clientes. La Delegación de la Magdalena Contreras capitalina tiene dos expendios: en el de Luis Cabrera aparece un semáforo color verde lo que significa que se puede cargar tranquilamente; el de Avenida San Jerónimo le pusieron un rojo lo que sugiere precaución. Lo que la Profeco jamás aclara es cómo podremos saber si nos entregan litros o kilos completos (¿esperan acaso que vayamos por la vida con un garrafón y una báscula?). En el caso de las tortillas, la Profeco deberá verificar a las 60 ó 70 mil tortillerías que tiene el país. Interpreto su negativa a darme información sobre el número de inspectores como un indicio de que clausurarán algunas como acto simbólico, organizarán ruedas de prensa y terminarán subiendo a su página de Internet información sobre los abusadores. Más de lo mismo. En otras palabras, el gobierno le da al consumidor la información para que se defienda pero lo hace a través de un mecanismo accesible a las minorías. De acuerdo al Almanaque Mexicano 2007 (Aguilar), sólo el 9 por ciento de los hogares tenían acceso a Internet en el 2005, y la educación de quienes lo usan sugiere que tienen los ingresos para resistir el aumento en el precio de la tortilla. Cuesta trabajo imaginarse a los más afectados ?el ama de casa, el albañil o el campesino? consultando en la página de la Profeco qué tan honesta es la tortillería de la esquina. Saberlo tampoco ayuda, pues Profeco no castiga sistemáticamente a quienes incumplen las normas y abusan de los consumidores. Así pues, en el México del siglo XXI los monopolios u oligopolios imponen su ley, el gobierno encubre su impotencia con declaraciones y actos simbólicos y la sociedad tiene pocos mecanismos para defenderse. De acuerdo a Adriana Labardini de Alconsumidor "son contados los organismos civiles que representen los intereses de los consumidores". Es una categoría tan marginal que el consumidor no aparece en las plataformas de los principales partidos políticos (PRI, PAN y PRD). Ante este panorama el Consejo Consultivo de la Profeco debería preocuparse por sugerir reformas al mandato de este organismo público; después de todo tiene a gente tan comprometida y conocedora como Néstor García Canclini, Raúl Trejo Delarbre o Laura Sarvide. Si lo único que el gobierno federal puede o quiere ofrecer son tacos de lengua, al menos debería darlos mejor servidos y aderezados. Felipe Calderón, por ejemplo, podría hacer un informe preciso de los factores que provocaron la crisis actual y el papel jugado por los poderes fácticos. Como se ve difícil que lo haga, la izquierda política y social ya reaccionó apropiándose de la protesta. El PRD anunció una marcha en defensa de la tortilla, un festival del maíz en el Zócalo y la proclamación del dos de febrero como "Un día sin tortilla". Los sindicatos y organizaciones campesinas también anuncian movilizaciones y Andrés Manuel López Obrador declara que el aumento "a los artículos de primera necesidad no le importa al gobierno usurpador ni al presidente pelele, porque tienen el encargo de proteger los intereses de los oligarcas y de la mafia de cuello blanco". Lo que pasa con la tortilla le añade incertidumbre al futuro y reconfirma la indefensión ciudadana frente a las corrupciones privadas y las ineptitudes públicas. La miscelánea "En salud, el oscurantismo mata". Así abre el desplegado de centenares de organismos civiles que condenan las intenciones del secretario de Salud José Ángel Córdoba Villalobos de modificar las campañas de educación sexual para, entre otras cosas, promover la abstinencia y desalentar el uso de los preservativos. Si por el secretario fuera, la política en salud tendría que desechar las evidencias científicas para asentarse en las creencias de los más conservadores. -----------------> Ana Rosa Payán Plaza Pública Miguel A. Granados Chapa Antes que la decisión de Ana Rosa Payán de abandonar el PAN, la votación de 24 a 17 en su comité nacional, respecto de la limpieza de la elección interna del 17 de diciembre en Yucatán es indicativa del Estado que guarda la organización que gobierna a México, y en Yucatán ha estado en el poder desde 1991, cuando ganó la alcaldía de Mérida, y desde hace seis años cuando alcanzó también la gubernatura. Fueron necesarias varias votaciones, tras una discusión de tres horas, para llegar a la decisión de rechazar el pedido de anular la elección. Y es que en el asunto están involucrados no sólo los alineamientos evidentes en la contienda interna por la candidatura presidencial, sino también la idea del partido y de su relación con el poder. Siete votos de diferencia en un total de 41 son pocos sí, como era el caso, se trataba de dilucidar más que un problema de procedimientos uno de principios. Tan era profunda la cuestión que concluyó con la renuncia de Payán a su militancia, y también a su pertenencia al comité y al Consejo nacional y estatal. De esos dos últimos órganos era miembro vitalicia. Rompió por completo con el PAN porque, explicó, no "podría apoyar jamás a un candidato que llegó a través de un proceso tan viciado, donde imperó la presión, la amenaza y la dádiva". Formalmente, tras la negativa de la dirección nacional panista a reponer el procedimiento, asistiría a Payán la posibilidad de acudir a la Justicia Electoral Federal, para reprochar jurídicamente a su partido el proceso electoral mismo y la negativas de los comités estatal y nacional a reconocer los vicios que le atribuye. Pero al no anunciar que seguiría el camino judicial la ex directora del DIF federal en los últimos meses del presidente Fox dejó abierto el camino a una participación al margen, y en contra, por supuesto, del que hasta ayer fue su partido, en que militó durante 23 años, casi la mitad de su existencia. Aunque el Partido de la revolución democrática anda en busca de una candidatura que mitigue su apenas perceptible presencia en esa entidad, y en tal posición la ha ofrecido tanto a la priísta Dulce María Sauri (que la rechazó) como ahora a la ex panista, que dará la misma respuesta. Quizá prosperen, en cambio, las pláticas que la ex alcaldesa ha tenido con el Partido verde, que la postularía con ánimo de acrecentar su participación en la escena yucateca, hasta ahora aún más tenue que la del PRD. Es difícil calcular en este momento cómo resolverán los seguidores de Payán el dilema que les plantea su salida. Deben decidir si son más panistas que payanistas o viceversa. O dicho de otro modo, si están dispuestos a votar por Xavier Abreu, el candidato favorecido por las maniobras denunciadas por Ana Rosa, descalificado por su abanderada en los rudos términos transcritos. En el proceso interno votaron por ella unos cuatro mil militantes. Si todos la siguieran en su camino hacia fuera, quizá no le asegurarían la victoria, pero más probablemente evitarían que Abreu retuviera la gubernatura que Patricio Patrón ganó en 2001. Para afinar no un pronóstico, que sería aventurado, sino una percepción lo más apegada posible a la realidad, es menester aguardar la decisión final de Payán y también los términos en que el PAN y el PRI resuelvan la candidatura a la alcaldía meridana. En la capital del Estado se concentra casi la mitad de los votantes de toda la entidad, y las decisiones de los partidos a ese respecto generan efecto indudable en la elección estatal. No siempre el impacto es inmediato, pues Acción Nacional requirió ganar cuatro veces la Presidencia Municipal capitalina antes de ganar la gubernatura. Pero en este caso la suerte de las corrientes internas en los dos principales partidos se reflejará directamente en la elección estatal. Si, por ejemplo, la ex senadora, Sauri, depone el escepticismo que la embarga respecto de su partido y aceptara (o lograra) la postulación al cargo municipal, el PRI habría dirimido así su conflicto interno y quedaría potenciado para recuperar la gubernatura. Exactamente lo contrario ocurrirá en Acción Nacional si la corriente que apoya a Payán es también derrotada en la contienda interna en pos de la alcaldía. La salida de Ana Rosa Payán es un acontecimiento que los panistas no deben minusvaluar, por la personalidad de la renunciante y por la importancia simbólica y real en la historia de ese partido. Víctor Manuel Correa Rachó, militante de la primera hora, desde sus años mozos, consiguió ser el primer panista que gobernara una capital estatal, en 1968. Comenzando por Quiroga, en Michoacán, Acción nacional había regido varios municipios, pero no de la dimensión política y material que el de la capital yucateca. Aunque esa victoria fue semilla que tardó en fructificar, a partir de los comicios de 1990 no ha cesado de dar fruto, pues cada trienio la población meridana ha refrendado a los panistas su gana de ser gobernada por ellos, dos veces por Ana Rosa. La ya ex panista es contadora pública. Ingresó al PAN en junio de 1983 y antes de un año pertenecía al comité estatal, que encabezó diez años después. En 1988, por sí o apoyada en el efecto Clouthier (como ocurrió a Vicente Fox en León) ganó la diputación federal por mayoría, algo que no había admitido el régimen desde 1958, cuando la alcanzó Eduardo Molina Castillo, que dejó su partido tras desobedecer la instrucción de rechazar su curul en congruencia con la descalificación panista a la elección presidencial. [+/-] muestra/oculta esta entrada

Por : trueeyes