Advierten que lucharán contra iniciativas de ley Mítines de electricistas ante las secretarías de Energía y Hacienda GEORGINA SALDIERNA Cientos de trabajadores electricistas realizaron ayer una concentración frente a la Secretaría de Energía, para manifestar su rechazo a cualquier intento de privatizar el sector energético, y advertir que lucharán contra cualquier iniciativa legislativa que vaya en ese sentido. Al celebrarse ayer 46 años de la nacionalización de la industria eléctrica, los integrantes del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) realizaron manifestaciones tanto frente a los edificios de la secretarías de Energía y de Hacienda como en el Zócalo. A la primera dependencia -ubicada sobre la avenida Insurgentes, en las inmediaciones del World Trade Center- llegaron poco después de las 14 horas y se retiraron dos horas después en marcha hasta las oficinas del SME, en las calles de Antonio Caso, en el centro de la ciudad de México. El mitin provocó que se cerraran los dos sentidos de la vialidad y problemas de tránsito. Durante la manifestación, el dirigente del PRD en el Distrito Federal, Martí Batres, señaló que la lucha de los electricistas es la misma que impulsa el movimiento social que apoya al ex candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador. Recordó que desde la Secretaría de Energía el actual presidente electo Felipe Calderón pretendió entregar a las trasnacionales de España y de Estados Unidos el sector energético, pero "no lo dejamos. Ahora nuevamente van de manera servil a agacharse ante Estados Unidos para ofrecer en bandeja de plata la energía del país; sin embargo, no pasarán. Desde ahora les decimos a los inversionistas que no pierdan su tiempo ni su dinero y que no se hagan falsas expectativas, porque no van a poder privatizar esta área, como tampoco podrán imponer a Felipe Calderón en la Presidencia". Esto último arrancó la consigna de los presentes: "¡Felipe va a caer!, ¡Felipe va a caer!, Felipe va a caer!" Por su parte, Humberto Montes de Oca, secretario del Interior del SME, demandó a Felipe Calderón que explique qué hacían sus colaboradores en Canadá, en una reunión en la que se analizó el tema de los energéticos. Seguramente no hacían otra cosa que planificar la entrega de este sector, subrayó. Advirtió que el presidente Vicente Fox está dispuesto a pagar el precio político que podría implicar la privatización del área e inclusive destacó que se quiere dar un albazo en el Senado, donde se analiza este tema desde el martes. ------------> Autonomía y representación Neil Harvey Los conflictos políticos actuales de México reflejan un problema que comparten otros países. Me refiero a la crisis de los modelos de representación política y cómo responder a esta situación. Hay diferencias en la manera de explicar este fenómeno, que se reflejan en los cambios que se dicen necesarios: desde reformas pactadas dentro de la institucionalidad hasta la refundación de la república o la creación de un programa nacional de lucha desde espacios autónomos. Todos estos argumentos tienen que ver con la demanda de democratizar la relación entre la ciudadanía y los políticos que dicen gobernar en su nombre. Desde la presidencia se habla de la necesidad de defender las instituciones democráticas que tanto ha costado consolidar. Desde la convencion nacional democrática (CND) se declara presidente legítimo a AMLO y, a la par, se prepara una campaña de resistencia civil. Y desde el EZLN, el subcomandante Marcos anuncia la reanudación de la otra campaña y nos recuerda de las diferencias entre ésta y el proyecto del PRD y AMLO. ¿Cómo buscan responder el PAN, la CND y la otra campaña a la crisis de representacion política? En primer lugar, con los datos oficiales avalados por el tribunal electoral, Felipe Calderón y el PAN parecen tener ventaja debido a la composición del Congreso. A diferencia de Fox, Calderón tendrá posibilidades de ganar más votos en el Congreso. El PAN controla 42 por ciento de la Cámara de Diputados y 41 por ciento del Senado. En la Cámara baja sólo necesita otros 45 votos para tener una mayoría para aprobar leyes, y otros 127 votos para tener mayoría calificada para pasar reformas constitucionales. En el Senado necesitaría otros 13 votos y 33 votos, respectivamente. Es probable que busque alianzas con miembros del PRI, PVEM y PANAL, poniendo en desvantaja a los partidos del Frente Amplio Progresista (FAP). Por ésta y otras razones, algunos analistas opinan que Calderón no tendrá tanta dificultad en gobernar, a pesar de la forma en que fue decidida la elección presidencial. Sin embargo, ese análisis no toma en cuenta que, según datos oficiales, casi dos terceras partes de los mexicanos que votaron el 2 de julio no votaron por Calderón. Esto es diferente a 2000, cuando Fox ganó con 43 por ciento de la votación, y si agregamos la falta de certeza en los resultados de 2006, es muy probable que Calderón tendrá más dificultades, aun en el caso de que pacte acuerdos legislativos con fracciones parlamentarias. Como Calderón y el PAN defienden la institucionalidad existente no sienten tanta necesidad de emprender reformas de fondo para superar la crisis de representación que se hizo más evidente en 2006 y esto es un limitante que podría impedir la implementación de cualquier legislación que se logre aprobar. Es evidente que la decisión del tribunal electoral no permitió superar las sospechas de fraude. La participación de más de un millón de personas en la CND es señal inocultable del grado de descontento popular. Este movimiento tendrá que demostrar su capacidad de organización en los próximos meses frente a diversos obstáculos. Ahí el PRD y FAP tendrán que demostrar posiciones consecuentes con las de la CND, o verse rebasados por la sociedad civil organizada. Durante muchos años los movimientos sociales han mostrado su capacidad de contrarrestar al autoritarismo en barrios, colonias, escuelas, gobiernos municipales y ejidos, donde, como ciudadanos antes de ser miembros de partidos, han luchado por sus derechos. Los retos de la CND tienen que ver con la construcción de nuevas formas de representación ciudadana que van más allá de los partidos políticos y que empiezan a crear esa horizontalidad que Ilán Semo señala (La Jornada, 23/9/06) como deseo de la mayoría de los mexicanos. Sin embargo, hay que reconocer que el clientelismo y el caudillismo siguen siendo parte de la relación entre políticos y ciudadanos y la CND tendrá que crear nuevos mecanismos de participación para evitar que termine reproduciendo la verticalidad tradicional. Por lo arriba señalado, el planteamiento de la Sexta Declaración de la Selva Lacandona sigue vigente. En términos políticos es un llamado a la organización horizontal. Abrió una nueva forma de resistir al capitalismo, con base en la convergencia de gran diversidad de organizaciones e individuos, con una novedad: los mismos adherentes, y no un liderazgo centralizado, se encargarán de su promoción y difusión. Es un esfuerzo casi inédito, tanto en los movimientos sociales como en los partidos políticos, que pretende superar la crisis de representación política con base en la autonomía y la solidaridad. A mediados de los 80 Ernesto Laclau preguntó si las crisis de los regímenes autoritarios y las transiciones políticas conducirían al restablecimiento de las formas tradicionales de la representación partidista, o, si, por el contrario, podríamos imaginar algo nuevo y distinto, donde una multiplicidad de demandas y movimientos no se encontrarían "representados" por un líder o un partido, y lucharían por una democratización de la sociedad en todos los ámbitos. En tal imaginario, la política no se reduciría a una mera relación instrumental entre representantes y representados. Creo que, si bien no son los únicos, los zapatistas son los que más han contribuido a abrir este otro imaginario político y, por lo tanto, la lucha por la autonomía de las comunidades zapatistas sigue siendo referente indispensable no solamente para la otra campaña, sino también para la reconceptualización de la política en México. -------------> Represión y sobornización colonial John Saxe Fernández En medio de las dudas generadas por las anomalías del proceso comicial de 2006, con un "presidente electo" por obra y gracia de un Poder Judicial que no osa asumirse como tal ante un Ejecutivo electoralmente delincuencial, la busca y el afán de Calderón de asegurar fuentes internas y externas de "legitimación", acentúan los riesgos para la resistencia civil pacífica, para la vigencia del estado de derecho, las libertades y garantías ciudadanas, y para la soberanía nacional. En el ámbito interno, a juzgar por la "paramilitarización" del conflicto en Oaxaca, su falta de solución política y acudir a la represión azuzarían el autoritarismo de sectores del panismo y de los poderes fácticos, que no verían mal recurrir cada vez más a medidas de excepción. En torno a la escena "externa", se identifican al menos dos pivotes del continuismo neoconservador a) la persistencia y profundización de la administración de corte colonial del país, presente desde 1982 por medio del FMI-Banco Mundial (BM)-BID, conllevando una ampliación de las "reformas estructurales" para consumar -y legalizar- la entrega a las petroleras y a la oligarquía del complejo petroeléctrico de la nación; y b) la continuidad en la lesiva capitulación foxista de la jurisdicción territorial de México ante EU, mediante mecanismos de facto del Poder Ejecutivo y empresarial de ese país, como la Alianza para la Prosperidad y la Seguridad de la América del Norte (ASPAN). En áreas tan vitales como el diseño de la educación superior y el manejo y orientación de la ciencia y la tecnología ha sido acreditada la insólita injerencia del BM: documentación oficial al respecto fue analizada por Gian Delgado, del Ceiich-UNAM, en una mesa de análisis sobre "el sexenio de Fox y su continuismo con Calderón", que se realizó el 13 de septiembre en el Centro Benemérito de las Américas, de la delegación Coyoacán (La Jornada, 20/9/06, p.1). La acción del BM en virtualmente todos los ámbitos del quehacer nacional -salud, agro, administración pública, vivienda, infraestructura, y privatizaciones de ferrocarriles, petróleo, electricidad, agua, biodiversidad- se realiza a través de préstamos usados para comprar influencia. Reconocida por Joseph Stiglitz, ex economista del BM, como una política de sobornización, aquí impacta el proceso de toma de decisiones económicas, administrativas y político-judiciales. Es preciso insistir que el BM no es una simple "institución financiera internacional" o "multilateral" dedicada a fomentar el desarrollo. Se trata de una instrumento de Estado y de clase, porque articula los intereses de las multinacionales y sus socios locales y, además, porque está ampliamente dominado por la Casa Blanca, hoy por medio de Paul Wolfowitz, uno de los principales responsables, con Bush y Rumsfeld, de la genocida petroguerra desatada contra la población iraquí y del corrupto programa de "reconstrucción y estabilización". Por ello, es imperativo indagar el impacto del BM en nuestro Poder Judicial en todas sus funciones, incluyendo la electoral, especialmente en el proceso de "restructuración" del IFE y en la modernización del tribunal electoral del Distrito Federal. Y es que inquieta que se someta el manejo del Judicial a operaciones transexenales, adjudicadas como parte del programa "anticorrupción y de transparencia", incluidos en la Country Assistance Strategy del BM. Como muestra un botón: uno de estos préstamos por 30mdd, para "la modernización judicial-estatal de apoyo al acceso a la justicia", del 4 de junio de 2004, cubre de 2005 a 2009 y lo realiza el BM por medio de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia en coordinación con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Banobras. Los planes de modernización en marcha incluyen los estados de Aguascalientes, Baja California, Chihuaha, Colima, Guanajuato, Nayarit, Oaxaca, Quintana Roo, Puebla, Sonora y el estado de México. Así que, en un área tan sensible para la soberanía nacional como es la estructura y dinámica del Poder Judicial, también Wolfowitz et al, por conducto del BM, meten mano. Lo delicado del tema se percibe mejor si se contempla que, por medio de la ASPAN Bush y las multinacionales propician la "integración" no sólo del sector "energético", sino también policial-militar y judicial. El estado de excepción instaurado en EU con la Ley Patriota se implanta de manera casi silenciosa en México y Canadá, usando la ASPAN como catapulta y disfraz, y a través de los artilugios que se emplearían, como se advirtió en el Senado "en caso de contingencias altamente riesgosas", generadas a partir de hechos como "la perturbación grave de la paz pública o cualquier otro que ponga a la sociedad en serio peligro", por lo que sería "imperativo suspender en todo el país o en un lugar determinado las garantías que impidan hacer frente a la situación rápida y fácilmente".Tal sometimiento y sobornización del Judicial es ya, después de la legalización del fraude electoral, una grave amenaza a la soberanía y la paz social. [+/-] muestra/oculta esta entrada

Por : trueeyes