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* Hoy es lunes, octubre 09, 2006

Editoriales del 9 de octubre

1:16 p. m.

El IFAI y el IFE

Jesús González Schmal
"Por Esto!"




De los últimos estragos que está causando el foxismo en el ocaso del sexenio, es lo ocurrido en el Instituto Federal de Acceso a la Información donde logra, a cuatro años de su creación, dar el más triste espectáculo de opacidad y manipulación para nombrar a sus nuevos integrantes y excluir a los que debiendo ser ratificados (después del período transitorio, para los próximos siete años), no ofrecían las garantías de incondicionalidad que seguramente se requería a fin de ocultar la información que será solicitada para conocer las entrañas de tan turbio sexenio.

La transparencia, se ha dicho hasta la saciedad, es la mejor medida del ejercicio de un gobierno democrático. Un sistema que se jacte de ser demócrata y no garantice el servicio de transparencia en sus actos, es una simulación que tiene efectos perniciosos y es peor que una autocracia porque supone un engaño y un fraude a la ciudadanía que creyó en las promesas electorales de campaña. La transparencia, cuyo contenido es precisamente el de la información accesible a todos, entraña también el que el órgano encargado de propiciar y cumplir dicho acceso, sea el primero que, en su régimen interno, cumpla con la obligación no sólo de observar la Constitución de la república y su propia ley, sino además, ser el ejemplo de la nitidez y claridad de todos sus actos y determinaciones.

Es el caso que en las propuestas de tres comisionados que concluyeron su periodo de los primeros cuatro años, pero que podían ser ratificados para los siguientes siete, la decisión de proponer o no, a alguno o a todos, para su ratificación, fue hecha por el Presidente de la República en forma discrecional sin el mínimo respeto al principio constitucional que obliga a toda autoridad a fundamentar y a motivar sus resoluciones.

Tal unilateralidad llegó al extremo de nombrar como nuevo comisionado a Alonso Lujambio y, en cambio, negar su ratificación a Horacio Aguilar µlvarez. El primero, en ejercicio de sus indiscutibles derechos, fue asesor en la campaña de Felipe Calderón y había sido consejero del IFE (y por consiguiente estaba impedido para cualquier cargo en la administración cuya elección calificó) y donde destacó en la defensa de los Amigos de Fox para eximir al Partido Acción Nacional de la sanción que lo hubiera llevado hasta la pérdida del registro por haber recibido apoyos económicos del extranjero y de sociedades mercantiles nacionales. El segundo, siendo panista también, es consecuente y profesa los principios éticos en la política, que antepone los intereses de la nación a los mismos de su propio partido.

Por ello es una aportación que debe reconocerse la que hace Aguilar Álvarez al interponer un amparo en protección de sus garantías de legalidad al haber sido destituido del cargo sin que se dieran las razones y la evaluación comparativa con otros comisionados respecto a su calificación profesional y de desempeño. Fácil le hubiera sido plegarse a la decisión del Presidente cual si fuera el monarca que dice la última palabra y cargar en su conciencia, la colaboración pasiva a la arbitrariedad y el daño a una institución tan importante como el IFAI.

La lucha de Aguilar µlvarez se inscribe con otras por las mismas causas de intervención presidencial arbitraria en otros organismos autónomos como la destitución en el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa de la que fuera Magistrada Aurora Cortina, que ha tenido que recurrir a la Corte Internacional de Derechos Humanos donde se admitió su denuncia. Igual ocurrió en el Instituto Federal Electoral que, por designio presidencial, no se reeligieron a dos de los mejores vocales que tuvo el órgano electoral que fueron Jaime Cárdenas y Jesús Cantú y, en cambio, como está ocurriendo ahora en el IFAI, metieron a nuevos vocales como Juan Carlos Ugalde, cuya actuación ha quedado en evidencia en las últimas elecciones.
Los organismos autónomos deben seguirlo siendo. Indebidamente se le dotó al Presidente del derecho a proponer a sus integrantes con facultades del Congreso para impugnar esas decisiones. Ello ha dado lugar a la práctica nociva en la que el PAN y el PRI se coluden en el respaldo a esos nombramientos presidenciales a cambio de un respaldo de posiciones y beneficios. Lo ocurrido en el IFE y ahora en el IFAI es desastroso. Debemos rectificar para que no se expongan las conquistas populares como la ciudadanización de los órganos de control electoral y el que tiene la encomienda de defender el derecho humano a la información.

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Y retiemblan las armas

Estrictamente personal
Raymundo Riva Palacio
09 de octubre de 2006


El conflicto de Oaxaca desató la peor crisis institucional del gobierno, con acusaciones informales al general Vega de insubordinación

Una de las más grandes crisis institucionales, si no la más grave que ha tenido el gobierno del presidente Vicente Fox en su sexenio, se dio en las últimas semanas con Oaxaca como telón de fondo. Preparada desde Los Pinos la intervención policial-militar para terminar con la fuerza un conflicto de cuatro meses, el secretario de la Defensa, general Clemente Vega, dijo que con el Ejército no contaran. No era la primera vez que establecía esa posición. Desde que el clima político subió de temperatura en los prolegómenos del desafuero de Andrés Manuel López Obrador, el general Vega alertó públicamente para no reeditar la vieja lucha entre liberales y conservadores que provocó la división del país, que le sirvió de plataforma para que el día que le pidió el Presidente tropas en caso de disturbios por proceder contra Andrés Manuel López Obrador, le dijera que no.

El general Vega no se negó tajantemente a la instrucción del comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, que es el Presidente, sino que le dijo que para girar esa instrucción a sus subalternos necesitaba una orden expresa firmada por el mismo Fox. El Presidente le dijo que lo insultaba, a lo que el general lo atajó. Cuando llegó a la Presidencia, una de las promesas de campaña que sí cumplió fue ajustar cuentas con el pasado. Aunque nunca se llegó a nada en el sexenio, autorizó a que un fiscal persiguiera militares para acusarlos de genocidio por abusos en la guerra sucia. El general Vega argumentaba que los generales habían actuado siguiendo órdenes del Presidente en turno, y habían pagado -como en la matanza de Tlatelolco- injustamente por conflictos iniciados por los políticos. Nunca más, decía en privado, el Ejército pagaría los yerros de los políticos.

Esa postura, con diferentes matices, fue subrayada durante las reuniones preparatorias para la solución de fuerza en Oaxaca. Inclusive, uno de los argumentos que después fue expresado en diferentes niveles de gobierno por funcionarios de la Secretaría de Gobernación para explicar la acción limitada de la Secretaría de la Defensa en Oaxaca fue que seis de cada 10 soldados eran oaxaqueños, por lo cual no podían exigirles tomar acción contra sus hermanos. En la participación acotada que aceptaron realizar en Oaxaca fue una donde no hubiera contacto físico, y que se enmarcara en tareas de inteligencia. Por ejemplo, el uso de los helicópteros Bell, que pertenecen a la Fuerza Aérea, y que de acuerdo con personas que los conocen están equipados con aparatos para detectar calor, movimiento, diferencias de color e inclusive algunas diferencias de campo magnético.

Como sucedió durante el proceso del desafuero, la postura del general Vega no hubiera pasado más allá salvo que, podría argumentarse, el contexto entre aquel acontecimiento y Oaxaca fue percibido totalmente diferente. A propósito del desafuero, la oficina del secretario de la Defensa hizo saber a través de sus voceros oficiosos que había sido el general Vega, más que nadie, quien con su posición con respecto a los problemas que podrían emanar del proceso judicial contra López Obrador hizo recular al presidente Fox, quien se desistió de seguir con su intención política contra el entonces jefe de Gobierno del Distrito Federal. En el caso de Oaxaca, voceros oficiosos de la Defensa hicieron llamadas el lunes pasado a varias redacciones de periódicos para filtrar que también, en esta ocasión, el general Vega se había opuesto al envío de tropas a Oaxaca para solucionar el problema político. Pero las reacciones fueron totalmente diferentes.

Cuando el desafuero no hubo críticas para el general Vega, sino llamados a su inteligencia, ponderación y fiel de la balanza en un gobierno que a veces parecía dislocado. En el caso de Oaxaca, aunque el argumento central siguió siendo el mismo, no hubo clemencia política para el general. Durante los últimos días, las críticas dentro del gobierno al general Vega fueron sumamente ácidas, llegando a acusarlo de manera informal de insubordinación. En las áreas de seguridad, particularmente, señalaron que inclusive podría entrar en el terreno de merecer una Corte Marcial por desobedecer una instrucción del comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Nada de esto se ha iniciado, y se podría asegurar de antemano que no sucederá. Pero el general Vega acusó el golpe.

De manera discreta, la Secretaría de la Defensa emitió un boletín de prensa el jueves pasado por la noche donde subrayaba que tenían en Oaxaca a 5 mil efectivos "en previsión de cualquier evento" (o sea, no sólo para sus tareas contra el narcotráfico y la guerrilla), y que en caso necesario otros tres batallones con mil 837 elementos "a órdenes superiores podrían desplegarse". En este cáustico pero revelador comunicado, se estableció que el general Vega recibe las instrucciones "directamente del señor Presidente de la República y de nadie más". Aunque este boletín pasó bastante desapercibido en la mayoría de los medios de comunicación, fue el único elemento público del enorme conflicto institucional que vivió el gobierno de Fox la última semana.

Un Presidente que entendiera su papel, lo hubiera destituido. La razón, como expresan en los círculos del aparato de seguridad, es que el desafuero de López Obrador estaba enmarcado en una estrategia meramente política, y que Oaxaca, aunque surgió y creció por incompetencia política de los gobiernos federal y estatal, había rebasado el ámbito de la seguridad pública -como aquí se planteó el miércoles pasado- y estaba convertido, por los componentes integrados a la movilización social oaxaqueña, en un asunto de seguridad nacional. En este sentido, explicaron, la posición del general Vega podía llegar a ser considerada también como rebelión.

La crisis institucional que se vivió no resuelve, sin embargo, el problema que plantea Oaxaca. ¿Actuó bien el general secretario o no? Desde el contexto de la seguridad nacional, en la lógica clásica de obediencia institucional, el general Vega sí incurrió en una insubordinación. Pero, ¿es una buena política utilizar a tropas para resolver un problema donde durante casi tres meses el gobierno federal se lavó las manos? Hay que revisar desde diferentes ángulos la posición del secretario de la Defensa. No fue un problema original de él que un problema político derivara en uno de seguridad nacional. Ética y políticamente, ningún gobierno puede jugar con las Fuerzas Armadas.

Tampoco pueden existir jefes castrenses que actúen en función de los desastres operativos en que incurran los políticos. Quizás la revisión no deba ser en torno a los secretarios de las Fuerzas Armadas, sino a la manera como un gobierno, como el de Fox, generó tantos vacíos de poder que, en sus subproductos, provocó crisis institucionales que aún no terminamos de procesar.

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Abascal, sus tiempos

Bajo Reserva
Los periodistas de EL UNIVERSAL
09 de octubre de 2006


Los tiempos de Carlos Abascal , secretario de Gobernación, y de los dirigentes de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca y la sección 22 del sindicato magisterial son totalmente distintos. Durante la reunión de la semana pasada, no se preocuparon de poner los relojes a la misma hora y los dirigentes oaxaqueños que tienen ocupada la capital volvieron al punto de partida: la dimisión del gobernador Ulises Ruiz , antes que otra cosa suceda.

Los appos y los representantes de los profesores le hicieron el feo a la propuesta de Abascal para que elementos de la Policía Federal Preventiva tomen el control de la ciudad. Don Carlos se propuso incluso para estar presente en la entrada pactada de las fuerzas federales.

Como muchos otros de los puntos del conflicto oaxaqueño, no ha quedado claro qué pasará con las radiodifusoras tomadas por los appos y los maestros. En la Secretaría de Gobernación aseguran que los dirigentes de la asamblea y el magisterio quieren mantener hasta por tres meses más una de ellas: La Ley , lo cual implicaría una negociación con los concesionarios.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene lista la pasarela para el proceso de selección de las ternas para el cambio de seis de los siete magistrados del Tribunal Electoral. El pleno recibirá este miércoles a los 32 aspirantes a integrar el órgano: 16 por la mañana y 16 por la tarde. De ahí saldrán las ternas para la aprobación en el Senado. Algunos llegan con buen cartel entre los ministros del alto tribunal, como Constancio Carrasco Daza , sobrino del diputado panista Diódoro Carrasco , y los juristas Manuel González Oropeza y Elvia Díaz de León . De los tribunales estatales el único que acudirá ante los magistrados es Estuardo Mario Bermúdez Molina , del Tribunal Electoral del DF.

Los diputados de la 60 Legislatura comenzaron a planear? sus viajes al extranjero. La Junta de Coordinación Política, a cargo del priísta Emilio Gamboa Patrón , tiene una lista de invitaciones oficiales para eventos internacionales, que para abrir boca comienzan en naciones de Centro y Sudamérica. Nadie se quiere perder la visa San Lázaro con gastos todo pagado. A propósito, los legisladores podrán tramitar a partir de esta semana sus pasaportes oficiales, que permiten algunos privilegios en el exterior.

Por si fuera poco, los órganos de dirección de la Cámara de Diputados recibieron las primeras peticiones para el pago de gastos médicos de los legisladores, que apenas llevan un mes de labores. Ellos cuentan con un seguro de gastos mayores y con una bolsa anual individual de 60 mil pesos para dentista, oculista y revisiones generales.

No todo es goce de prestaciones en el Poder Legislativo. El diputado priísta Eduardo Sánchez no dejará de empujar una propuesta para la creación de una Comisión de Competitividad, con fuerte dentadura para erradicar los monopolios y hacer más sólida la estructura legal de la Comisión Federal de Competencia. En la sesión plenaria del martes habrá más noticias de este tema.

Max Cortázar, del equipo de transición del presidente electo, niega que Felipe Calderón se haya reunido con el venezolano Asdrúbal Aguiar , ex magistrado de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y opositor al mandatario de Venezuela, Hugo Chávez . No sabe, explicó, de dónde salió esa versión.

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El Congreso, instrumento de venganza

Ciudad Perdida
Miguel Angel Velázquez

  • Desde ahí se buscará menoscabar al gobierno de Ebrarad
  • Propuesta calderonista sobre seguridad
La prioridad del gobierno del odio, cuyo máximo apóstol es Felipe Calderón, como ya habíamos señalado en este espacio, es ejercer su gran venganza en contra de los habitantes del Distrito Federal; y el instrumento escogido para saciar el malsano sentimiento, será la Cámara de Diputados.

Desde allí se enderezarán los golpes, que con la complicidad segura y constante del PRI, y la corriente perredista Nueva Izquierda, pretenden dañar la credibilidad que generó la administración de Andrés Manuel López Obrador y menoscabar la fuerza de las acciones del gobierno de Marcelo Ebrard, que está por iniciarse.

Puntualizamos lo anterior, porque desde fuentes muy sólidas, nos enteramos que los azules presentaron, ante ese organismo legislativo -la Cámara de Diputados- una iniciativa de ley con la que se pretende defenestrar a la Secretaría de Seguridad Pública de esta ciudad.

Propone Calderón -y obedecen sus diputados, los del PRI y los de Nueva Izquierda del PRD-, crear dos cuerpos policiacos: uno de corte ciudadano, cuyas cabezas serían empleados de Calderón, y otro metropolitano, ambos por encima de la SSP de la capital.

Con el pretexto de que la inseguridad no se ha podido anular, pero sin considerar que el hecho proviene, en gran medida, del fracaso absoluto del gobierno panista de Vicente Fox, que no pudo crear empleos ni brindar seguridad social, y menos aún educación primaria y media, a la medida de las urgencias de la población, se buscará disminuir a la policía del DF y a su jefe, que si bien es nombrado por quien esté en Los Pinos, siempre será a recomendación de quien gobierne la ciudad de México.

Y como el mando en la policía de la ciudad, a fin de cuentas, dependerá del jefe de Gobierno, Feli-pillo busca emparedarlo entre el organismo ciudadano y el metropolitano, restarle facultades y, con ello, anular el trabajo del que se realice desde la capital.

Entonces no parece casualidad que en la Comisión de Seguridad Pública de la ALDF, así parece que se llama, quedó instalada Carmen Segura Rangel, que a cambio de impunidad seguirá, a ciegas, los ordenamientos de su partido, o para decirlo mejor, de Calderón.

Pero no todo es miel sobre hojuelas para los azules, el asunto en la Asamblea Legislativa por la desvergonzada defensa de la diputada Carmen Segura, que levantó el coordinador panista en la diputación local, Miguel Hernández Labastida, ha traído consecuencias funestas por lo que hace a la unidad partidista.

Carmen Segura se puso el traje de la impunidad que le confeccionaron el senador Santiago Creel, quien a su vez da órdenes a Hernández Labastida, y Felipe Calderón, que sabe que la tiene en sus manos. Por eso, en el reparto de la comisiones legislativas, los creelistas acapararon la mayor parte de las tareas, aún sacrificando a los miembros de El Yunque, que también tienen lo suyo.

Uno de los yunquistas más molestos, por decir lo menos, debido a las decisiones de Hernández Labastida, es Alfredo Vinalay. Este legislador azul renunció a todos los trabajos que le fueron encargados, por el desprecio que se hizo a su corriente, y a él mismo, en el reparto de las comisiones.

La tragedia ha llegado a tal extremo que cuando el hijo de la señora Carmen Segura, Antonio Zepeda, reclamó un lugar en la presidencia de una de las comisiones, Hernández Labastida le respondió, sin el menor asomo de vergüenza, que el lugar ya había sido ocupado por su madre.

Y qué decir de Jacobo Bonilla, con experiencia en los combates legislativos, a quien le tocó, casi de favor, el Comité de Bibliotecas, en comparación con Kenya López Rabalón, cuyo mérito mayor para convertirse en una de la cabezas de la comisión que se encargará de la administración pública local, es nada más ser incondicional de Patricia Garduño, gente ligada a Santiago Creel.

Así se las gastan los azules, por un lado tratarán de convertir la Secretaría de Seguridad Pública de la ciudad en el jamón del emparedado, por la venganza jurada de Calderón, y por el otro, no pueden controlar las ambiciones de Creel, que amenaza con romper la frágil unidad azul. A ver si ahora entendemos.


Por : trueeyes




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