Reconstruir el Estado Bitácora Republicana Porfirio Muñoz Ledo No sorprende la actitud derogatoria con que la abrumadora mayoría de los comentarios periodísticos se refirieron a la toma de protesta del pasado 20 de noviembre. Lo que se pretende no es sólo ridiculizar el evento; se busca descalificarlo y en última instancia abolirlo. Vaciarlo de todo contenido ético y político. Presentarlo como una mascarada irrelevante. Minimizar sobre todo la presencia y el significado del principal actor del evento: La entusiasta y esperanzada militancia popular. Muy pocos mencionan que el Zócalo estaba lleno y ninguno se refiere al gentío de las calles adyacentes, menos aún al clima de emoción y respeto que envolvió a la ceremonia. Asoman apenas escuetas referencias numéricas. Casi todos hablan de "miles" de personas y uno alude a "decenas" de miles. Curioso sistema contable, ya que la asistencia estimada fue de medio millón, con lo que habría que multiplicar la unidad escogida por cincuenta veces en un caso y por quinientas en el otro. Podría haberse empleado el método comparativo. Haber traído a la memoria que en 1988 la manifestación más concurrida fue de la mitad de los asistentes de ahora. O bien que ninguna de las protestas tumultuarias de los migrantes en los Estados Unidos rebasó la asistencia del lunes pasado. También pudo haberse mencionado que manifestaciones menos concurridas han derrocado regímenes políticos en varios continentes. Dice una reconocida frase que el desdén es el tributo que la mediocridad rinde al talento. También es cierto que el ninguneo suele ser la respuesta elemental frente a lo indeseable. Quién no recuerda aquella discapacidad voluntaria de "ni los veo ni los oigo". La razón de ese gesto era la misma que la de nuestros actuales depuradores. Fingir una normalidad inexistente y negar la causa del reclamo público: la ilegitimidad de un gobierno impuesto por la violación de un sufragio. Destacan las reflexiones bienpensantes y los consejos hipócritas. Se insiste que en una "joven democracia" los actores políticos están particularmente obligados al acatamiento de las "reglas del juego"; pero no hay mención alguna a la violación de la legalidad ni a la clausura de la transición mexicana por la voluntad arbitraria de Fox. Menos, al reconocimiento explícito que éste ha hecho de su fechoría en la descarada afirmación de que "ganó dos elecciones". No falta quienes derraman lágrimas de cocodrilo por un supuesto extravío de las fuerzas progresistas, al transgredir las fronteras que el poder les ha marcado. Hablan de una "claudicación de la izquierda" frente a la ambición personal. Se aferran al gradualismo acomodaticio que los hizo aceptar las concesiones del antiguo régimen. Olvidan su empeño tortuoso en socavar, hace 18 años, la voluntad mayoritaria de impedir la consumación del fraude. Esa sí claudicación histórica que traicionó al movimiento popular e hizo posible la implantación del neoliberalismo en el país. Ciertamente, la tradición más consistente de la izquierda está cifrada en la creación de instituciones democráticas. En la construcción de un Estado garante de los derechos ciudadanos que en verdad encarne el pacto social. Por ello mismo, en el pensamiento progresista han de prevalecer la honestidad política y el rigor crítico. Aceptar una escandalosa simulación institucional equivaldría en cambio a validar la violación de los principios por los que hemos luchado y echar por la borda el esfuerzo de una generación. En ese sentido dirigí mi alocución a las familias poblanas que rememoraron hace unos días el sacrificio de los hermanos Serdán. Quién lea con atención el libro precursor de Francisco I Madero, La sucesión presidencial en 1910, encontrara la descripción puntual de lo que hoy llamamos "la república simulada": el decorado prolijo de un falso orden democrático dominado por un solo hombre y asentado en la desigualdad y la represión. Por eso la proclama de Madero es equivalente a la expresión "al diablo con sus instituciones". El llamado central de la ceremonia fue la edificación de una Nueva República. Aquella que proteja los derechos del pueblo, defienda el patrimonio de los mexicanos y afirme la soberanía nacional. Ese cambio pasa hoy por el desconocimiento de la legitimidad de las autoridades impuestas al margen de la legalidad y por la movilización popular dirigida a impedir la consumación de más retrocesos políticos y sociales. Debe también encaminarse a través de proyectos de reforma correspondientes a la plataforma de la Coalición por el bien de todos y resumidas en los veinte puntos del programa anunciado por López Obrador. Mientras no ocurran nuevas elecciones que restauren el orden constitucional, el gobierno legítimo puede ejercer, a un tiempo, acciones de gobierno y de contra gobierno. A través de los grupos parlamentarios del Frente Amplio hará llegar al congreso iniciativas de ley en el sentido de las transformaciones que proponemos. Podrían desvalorizarlas diciendo que no tenemos mayoría en las Cámaras y olvidando que ellos tampoco la tienen. Por ese camino desacreditarían pronto la inclinación al diálogo que pregonan. Serán también acciones de gobierno las que tomen las autoridades locales del Frente conforme al programa trazado. El próximo ejecutivo del Distrito Federal ya se ha comprometido a emprender acciones especificas que contrarresten el alza de precios decretado por la autoridad federal. Son innumerables las reformas que pueden emprender nuestros gobiernos estatales y ayuntamientos en el marco de sus competencias. Cambios profundos de rumbo en la política municipal, modificaciones legales y administrativas de trascendencia en las entidades federativas y la convocatoria para revisar integralmente sus constituciones. Subrayo que el punto primero del proyecto presentado alude al proceso para la renovación integral de las instituciones públicas. Conforme al resolutivo de la Convención Nacional Democrática llamaremos a un debate nacional y promoveremos un plebiscito para la elaboración de un nuevo marco constitucional. De poco valdría en efecto volver a naufragar en los laberintos parlamentarios dominados por intereses de corto plazo, en ausencia de una voluntad política fundacional que podría emerger de la consulta ciudadana y ser más tarde procesada por los responsables políticos del país. Ese es el objetivo último que perseguimos. Es claro que no puede ser cumplido en la falsificación gubernamental ni en los bloqueos y pantanos de la vida parlamentaria. Por eso creo en la necesidad de profundizar la crisis y de encontrar las respuestas que el país exige en otro estadio histórico. Resultaría contradictorio ensalzar las virtudes de una nueva constitucionalidad y negarse a respaldar los cambios políticos que la hagan posible. -------------------------> Liquidación de Isosa Plaza Pública Miguel A. Granados Chapa Javier Lozano Alarcón, será el secretario de Trabajo y Previsión Social. A últimas fechas ostentaba una situación ambigua: Aparecía como representante del gober precioso en el Distrito Federal, y al mismo tiempo actuaba en el equipo cercano al candidato primero, y después presidente electo, Felipe Calderón. En los días recientes los rumores palaciegos indicaban que sería secretario de Comunicaciones y Transportes, quizá sólo porque en el sector correspondiente, como subsecretario y como presidente de la Cofetel, ha pasado el período más prolongado de una carrera, caracterizada por la movilidad. Pero resulta que reemplazará a Francisco Javier Salazar, no obstante que en esa área, carece de estudios y experiencia. Ha dicho que aprende pronto. Es cierto. Aprendió a desdecirse en beneficio de sí mismo, de sus jefes y Francisco Gil Díaz. El episodio respectivo figura en el libro Isosa. Fraude transexenal a la nación, del periodista Miguel Badillo, que ofrece: "La historia completa y los documentos" de esa singular compañía, si se cumple el diseño ordenado en Los Pinos, en estos días culminará la liquidación de esa empresa, Integradora de Servicios Operativos, SA, Isosa, practicada por la Secretaría de la Función Pública, más como medio de obturar cualquier ulterior investigación sobre sus operaciones, que como adecuado remedio a una larga cadena de irregularidades. Creada como empresa privada, en combinación con dos fideicomisos relacionados con la operación aduanera, Isosa ha manejado durante los trece años de su existencia, miles de millones de pesos. Se trata de recursos públicos a los que se trata como si fueran privados, por lo que no pudo escrutarlos la Auditoría Superior de la Federación. Desde siempre, sin embargo, en la propia Secretaría de Hacienda, donde fueron creadas esas entidades jurídicas, quedó claro que se cometían deslices de gran alcance, al operar de esa manera. Según Badillo, cuando Francisco Gil Díaz, que en su carácter de subsecretario de ingresos creó los fideicomisos y la Sociedad Anónima, para manejar recursos públicos, dejó ese cargo, pidió a su sucesor Ismael Gómez Gordillo, avalar su funcionamiento. Gómez Gordillo encargó un análisis sobre uno de esos fideicomisos, conocido como Aduanas. 1. El director general de Normatividad de Adquisiciones, Obras Públicas y Gastos, un joven recién egresado de la Escuela Libre de Derecho, llamado Javier Lozano Alarcón, concluyó que "Aduanas 1, es un fideicomiso público, y que su manejo ha violado toda la normatividad aplicable", y sostuvo su afirmación ante Gómez Gordillo quien al compartirla le advirtió: "Ahora prepárate para que se finquen responsabilidades al secretario de Hacienda, al ex subsecretario Gil Díaz, al subsecretario Ruiz Sacristán, al oficial mayor, al director de Aduanas, y a todos los directores de la Subsecretaría de Ingresos, a ti mismo, porque conociste del asunto y a mi, porque ya tengo seis meses como subsecretario y lo he tolerado. A todos nos deben fincar responsabilidades penales". Enseguida, sin embargo, matizó: "No cambies tu opinión. Nada más te pido que te pongas a estudiar rápido, cómo vas a salvar tu responsabilidad y la de Ruiz Sacristán, mientras, yo estudio cómo salvo la mía y la de Pedro Aspe, porque con tu oficio tenemos responsabilidades todos, empezando por ti, porque estás reconociendo que lo conoces desde hace un año, y eso se llama encubrimiento, y como estamos hablando de responsabilidades penales, el señor Gil Díaz es un delincuente, y nosotros somos sus cómplices, por aceptar ser copartícipes. No lo cambies, nada más vete preparando para ver cómo nos defendemos". Lozano corrigió su opinión inicial, y a partir de allí Gómez Gordillo, obtuvo de María Elena Vázquez Nava, la Secretaría de la Contraloría, una suerte de aval, que bautizó las irregularidades del fideicomiso Aduanas 1. Con esa tranquilidad, cuando Gil Díaz volvió a Hacienda, ahora como titular, imprimió nuevo ímpetu a sus creaturas, y ante la insistencia del órgano de fiscalización del Congreso, para conocer las cuentas respectivas, consiguió que el presidente Fox, iniciara ante la Suprema Corte una controversia constitucional, resuelta a favor de la opacidad apenas en agosto pasado. El libro de Badillo es una pormenorizada relación de los pasos dados por Gil Díaz en principio con un buen fin: Modernizar la administración aduanera, ante la inminente firma del Tratado de Libre Comercio, y hacerlo con recursos procedentes de la dinamización de importaciones y exportaciones. Sólo que el mecanismo empleado para ello, ha impedido que se conozca el destino de más de treinta mil millones de pesos. El secreto tal vez quedará sellado con la liquidación de las entidades en cuestión, que según el anuncio de la Secretaría de la Función Pública, debe ocurrir antes de que concluya la presente administración, es decir la próxima semana. Pero no con esa medida quedará cancelada la tarea del periodismo, como el practicado por Badillo, quien siguió el caso hace mucho tiempo y lo hace culminar, por ahora, con documentación relativa a las tareas de Francisco Obel Villarreal Artelo, que fue director operativo de Isosa desde fines de 1997 hasta el 29 de agosto pasado, en que fue asesinado. No obstante que según dictamen del propio secretario de Hacienda es un crimen común, uno de los muchos que se cometen en esa ciudad, la Procuraduría General de la República, no permitió que lo averigüe el Ministerio Público Local, como corresponde, y atrajo la investigación. ------------------> Los dueños de México Estrictamente personal Raymundo Riva Palacio Hace cuatro años, en una comida convocada por Carlos Slim, uno de los comensales le preguntó a la luz del discurso sobre la lucha de clases que estaba empezando a usar Andrés Manuel López Obrador ?a quien apoyaba y asesoraba?, si no temía que en el corto plazo los habitantes de las zonas áridas del oriente de la ciudad de México, indignadas por la iniquidad en que vivían, tomaran por asalto las zonas boscosas y afluentes del poniente de la capital. Slim minimizó la pregunta por considerarla "muy dramática". Pero en vísperas de la elección presidencial, esos síntomas aparecieron de forma intempestiva. Cuando una académica que se ha caracterizado por sus posiciones de avanzada pidió una toalla en el baño en el club al que ha ido por largo tiempo, la encargada, tirándosela casi en la cara, le dijo molesta: "Después del 2 de julio, usted será quien me dé las toallas a mí". ¿Qué sucedió en estos cuatro años? Hay mucha gente polarizada, frustrada y enojada porque consideran que los poderes fácticos de México le robaron la elección a López Obrador, quien hizo de la lucha de clases el eje central de su discurso electoral y construyó sobre él las razones de lo que llama "fraude electoral". Ha dicho que lo derrotaron los ricos y racistas para impedir llegar una opción para los pobres. La retórica ha sido alimento de una desobediencia por lo que a López Obrador le han llovido adjetivos. Hay pocas dudas de una irresponsabilidad social, política e histórica al llevar a muchas personas al extremo de la ley, pero tampoco que no fue él quien creó este conflicto de clases sino, acaso, quien encontró el atajo a un destino manifiesto. La desigualdad es un insulto nacional. Hay un caldo de cultivo fermentado durante largo tiempo del cual son directamente responsables gobiernos y oligopolios de familias empresariales y sindicatos corporativos que han jugado a capricho con el país. La lucha de clases sobre la epidermis es el síntoma de un problema más profundo del estancamiento del desarrollo económico que genera iniquidad. Existen evidencias que la concentración de la riqueza y el poder ha tenido impactos altamente negativos en México y, como plantea un documento que será dado a conocer este lunes durante una reunión organizada por el Banco Mundial preparado por su directora en México, Isabel Guerrero; Luis Felipe López-Calva de la Universidad de Stanford y Michael Walton de Harvard, la iniquidad produce una falta de competencia que afecta al mercado y mina las políticas públicas. En el caso mexicano, su argumentación permite pensar que las empresas y los sindicatos más fuertes distorsionaron el diseño de la política nacional y el funcionamiento del mercado. Los autores aportan datos que explican la molestia nacional: En 2000, los ingresos de 10% de la población era 45 veces más alto que los ingresos del 10% más pobre. Y se agrava cuando al complementar esos números con la lista de Forbes que usan pese a sus debilidades metodológicas para ver la extrema riqueza en México, muestran que 10 mexicanos multimillonarios cuyas riquezas provienen de la minería, la banca, telecomunicaciones, cervezas, cemento, comercio, farmacéuticas, bienes raíces, televisión y tortillas, representan de 5 a 6% del Producto Nacional Bruto de los últimos tres años. México tiene más multimillonarios que Gran Bretaña y Japón, y generan ingresos por encima de los 24 mil millones de dólares anuales, lo que significa que su ingreso potencial es 14 mil veces más que el promedio nacional. La riqueza, si se desea ver pragmáticamente, no es algo condenable. El problema, como lo documenta el estudio, es que las concentraciones de la riqueza familiar ?característica de los conglomerados mexicanos?, abre la puerta a la concentración de influencia corporativa a través de estructuras piramidales que sugiere que el control familiar de los activos sea mucho mayor a su propiedad en acciones. En los 90, 100% de las 20 empresas más grandes eran propiedad de una familia, lo que se reproduce en 80% en las 15 compañías que cotizan en la Bolsa, que representan 40% de las acciones. Esta concentración se traduce en opacidad corporativa ?que en otras naciones llevó a la corrupción?, a una reducción en la productividad, falta de competencia, oposición a incremento de impuestos, créditos preferenciales y un sistema financiero estrecho. O sea, a un modelo económico hecho a su medida. Su poder, por tanto, es monumental, y se ve en la manipulación de leyes para controlar precios y obtener protección política y judicial. El documento señala que 24% de las denuncias de abuso de monopolio son hechas contra empresas que controlan los multimillonarios que aparecen en Forbes, y que de 39 casos donde las autoridades declararon abuso de poder en el mercado, los amparos en 12 de ellas terminaron revertiendo el fallo. Entre las distorsiones se encuentra el que para las familias que concentran el poder en México sean siempre mayores las probabilidades de que se les otorgue una concesión y menores aquellas en donde puedan ser sujetas de sanciones. Pero si el corporativismo empresarial es perjudicial para la economía, el sindical no lo es menos, pues la influencia de los sindicatos puede costar enormemente a la sociedad cuando se protegen sectores y por la vía del proceso político. El documento menciona como los sindicatos más significativos el de Pemex, la CFE, el de Luz y Fuerza, el Seguro Social y el de maestros, sectores protegidos donde los trabajadores sindicalizados ganan más que el resto nacional. A través de las presiones corporativas y amenazas políticas, influyen en las negociaciones salariales para crear estructuras ineficientes y corrupción. En el caso de Pemex, se ha documentado cómo el sindicato vende plazas ayuda a mantener en crisis a una empresa que debía ser boyante. O el de los maestros, cuyo sistema de negociación centralizado garantiza beneficios económicos a sus líderes a la vez de pobres rendimientos educativos. Este país es el último lugar en la OECD y de los tres últimos en América Latina. En este sistema no rinden cuentas, pero generan altos costos para el consumidor, como los energéticos, que cuestan de 10 a 60% más que en Estados Unidos, o la electricidad, que está entre las más altas del continente. El monopolio privado y público en México es una lacra social. Su poder frenó reformas, lastimó a la competencia y laceró a la población. La lucha de clases es sólo una expresión del enrarecimiento de una población crecientemente más pobre frente a sectores crecientemente más ricos. Las elites mexicanas han promovido estos monopolios y grupos de poder. Hay que terminar con este sistema de privilegios para unos cuantos, pues de no hacerlo, visto que arrancamos ya los motores, caminamos hacia la confrontación social. [+/-] muestra/oculta esta entrada

Por : trueeyes