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“Sufragio efectivo, no imposición"

Andrés Manuel
López Obrador


“...la última de las palabras corresponde al pueblo"

Profirio Muñoz Ledo

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* Hoy es viernes, octubre 27, 2006

Otras columnas de opinión

8:46 a. m.

La Cuarta República

Porfirio Muñoz Ledo
27 de octubre de 2006


El Frente Amplio Progresista presentó ayer un proyecto de reformas fundamentales para la nación que resume las aspiraciones de millones de mexicanos que votaron por un cambio mayor de las instituciones políticas, por una modificación sustantiva del modelo económico y social, y por una inserción distinta del país en el mundo global. La esperanza de todos aquellos que creemos en la necesidad de restaurar la República mediante el ejercicio pleno de los derechos ciudadanos.

El frente no se concibe solamente como una alianza de partidos políticos, sino también como la confluencia de organizaciones sindicales y civiles, de intelectuales, de maestros, de artistas, de científicos, de trabajadores y de jóvenes militantes. Nos proponemos conformar un frente cívico capaz de confrontar la indecible concentración del poder económico y el vencimiento de las instancias nacionales al interés extranjero; de combatir la simulación, la propaganda avasallante del sistema de dinero hegemónico, el fraude electoral y la deserción del Estado frente al imperio de los poderes fácticos. En una palabra, de generar una ciudadanía de alta intensidad que reconstruya desde sus cimientos el edificio republicano.

Nada más lejano a nuestros propósitos que convalidar a un gobierno espurio que no surgió del sufragio libre de los ciudadanos, ni menos cohonestar la violación del voto público y la corrupción de las prácticas e instituciones electorales que lo hicieron posible. El Ejecutivo que pretende establecerse el primero de diciembre carece de la legitimidad que deriva de procesos electorales limpios y equitativos. Esta nulidad de origen no podría ser subsanada por el paso del tiempo ni por el contubernio político. Reconocemos, en cambio, que el mandato popular favoreció a Andrés Manuel López Obrador, por ende, presidente legítimo de México.

El documento que hicimos público es más que una agenda legislativa. Ésta fue presentada en su oportunidad ante las autoridades electorales junto con la plataforma que contiene la oferta programática de la coalición Por el Bien de Todos. Lo que hoy hace el Frente ?que representa la prolongación de esa alianza? es una propuesta política, abierta al diálogo, para superar la profunda crisis que vive el país, por la vía pacífica y democrática.

Asistimos a un proceso de degradación institucional, de regresión autoritaria y de ruptura del pacto social. Se ha entronizado la impunidad electoral y comienza a reproducirse. Estamos cayendo en la pendiente de una transición fallida con el riesgo de amanecer con un Estado fallido y una nación secuestrada.

El ámbito de la legitimidad republicana y la pluralidad política está en el Congreso de la Unión. Ese es el espacio privilegiado para los acuerdos, pero también lo es el vasto espacio de la representación política electa democráticamente, en los gobiernos de los estados, los congresos locales y los ayuntamientos. Reside esencialmente en las comunidades y en los ciudadanos que son el depósito mismo de la soberanía.

Por eso, más que una agenda legislativa, avanzamos una convocatoria nacional para derogar el régimen autoritario disfrazado de diversidad partidista, pero sometido a intereses ajenos al pueblo y al país, y a instaurar un genuino estado de derecho por el único camino históricamente viable: la adopción de una nueva constitucionalidad, conforme a las circunstancias de nuestro presente y las exigencias de nuestro futuro. Este programa representa también un muro de contención contra los intentos de continuar adaptando nuestra legislación a las necesidades de una integración subordinada a la economía de mercado. Un valladar para defender a los ciudadanos contra el abuso y la represión y para salvaguardar la laicidad y la integridad del Estado mexicano.

Los cambios que propugnamos demandan, ante todo, la redefinición del interés patrio. El rediseño de nuestros objetivos e instituciones nacionales requiere adoptar la Constitución de la Cuarta República Mexicana. Cerrar un ciclo histórico y abrir un horizonte más generoso para la nación: más libre, más igualitario y más fraterno.

No deberíamos llegar al aniversario de nuestra Independencia y de nuestra Revolución sin un acuerdo nacional para el futuro, capaz de congregarnos en torno a la preservación de nuestra identidad, la continuidad de nuestra cultura, la recuperación de las potestades nacionales y la realización de nuestras potencialidades nacionales, incanjeables e irrepetibles.

Desde que la idea de revisar integralmente la Constitución comenzó a germinar, más de 200 iniciativas de reforma a nuestra ley fundamental han sido introducidas en las Cámaras del Congreso de la Unión y éstas comprenden más de cuatro quintas partes del texto constitucional. Podría hablarse de una victoria cultural, pero también de una lamentable derrota política; de una atonía de la voluntad transformadora y de una dramática impotencia moral y operativa para regenerarnos.

Reiteramos la propuesta de crear en el seno del Congreso de la Unión, al margen de los debates cotidianos, una Gran Comisión responsable de elaborar el proyecto de un nuevo texto constitucional, que después sería aprobado mediante los procedimientos ordinarios y sometido a referéndum. Muchos pensamos, sin embargo, que las circunstancias actuales nos invitan a establecer una Convención Constituyente, integrada por miembros de las Cámaras del Congreso, de los congresos locales, de los ayuntamientos, de los partidos políticos, de los especialistas y de las fuerzas sociales y económicas.

De no encontrar una vía pactada para la renovación constitucional, podríamos arribar a un estado de degradación institucional cuya única salida sería la convocatoria, por la fuerza de una vasta movilización popular, a un Congreso Constituyente. El camino de la ruptura del orden social abriría entonces la puerta de la reinvención estructural del país.

Ésos son los verdaderos dilemas de México. Ésa es la tarea que explica la creación del Frente Amplio y encarna nuestro proyecto alternativo de nación. Esos son los desafíos irrenunciables de esta generación de mexicanos. Sepamos honrarlos.

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Soluciones de Fox


Jorge Chabat
27 de octubre de 2006


No cabe duda que quienes afirman que el estudio del lenguaje es fundamental para entender la política tienen razón. Y no sólo porque el lenguaje es poder sino porque las mismas palabras pueden tener diferentes significados para cada persona. Este es el caso de la palabra "solución", la cual para el presidente Fox parece tener un significado diferente al que le damos el resto de los mortales. Desde hace varias semanas que la Presidencia de la República viene insistiendo en que la crisis de Oaxaca se "solucionará" antes de que termine el gobierno de Vicente Fox. Pero cuando uno observa la evolución de las negociaciones entre la Secretaría de Gobernación y la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) y la sección 22 del sindicato de profesores, esa "solución" no se vislumbra y más bien todo indica que este conflicto se va a heredar a Felipe Calderón. Entonces ¿por qué Fox insiste en que habrá una solución? Porque está hablando de algo diferente a lo que cualquier persona entiende por solución.

El presidente Fox lo explicó claramente hace tres días. Dijo que este conflicto se resolvería por la "vía del diálogo y la negociación", tal como sucedió en el tema del EZLN y en el del aeropuerto de Atenco. ¡Sácate las babuchas.! Ahora resulta que la bronca de Chiapas y la de Atenco fueron resueltas. Nomás faltó que Fox dijera que ello ocurrió en 15 minutos. En otras palabras, desde que el subcomandante Marcos vino a la ciudad de México en 2001 y habló en el Congreso se acabó el problema y el lío por el aeropuerto de Atenco se "solucionó" cuando el gobierno decidió echarse para atrás en su intento de llevar a cabo ese proyecto. Frente a tal declaración no queda más que el silencio y la sorpresa. Esto representa la acción de poner parches elevada a política de Estado.

Es más o menos como si ante la aparición de una fuga de agua, el plomero "soluciona" el problema haciendo un canal para que el agua no inunde la casa y salga hacia la calle. Ciertamente, en esta "solución" la vivienda no se inunda, pero decir que se resolvió el problema suena a tomada de pelo.

Evidentemente esta medida no representa una solución de fondo, pero ésa es la política que se ha seguido durante el sexenio que termina: el gran logro es que el país no tronó, aunque los problemas ahí siguen. La fuga de agua persiste pero la casa no se inundó. Las causas de la aparición del EZLN no se han resuelto y ese grupo sigue existiendo, pero no parece que éste va a generar una crisis nacional. El aeropuerto de Atenco no se construyó y el movimiento social que ese proyecto generó sigue actuando, pero no hubo otro Tlatelolco.

Obviamente detrás de esta concepción de la política hay un miedo patológico a utilizar la fuerza pública. El gobierno de Fox, por alguna razón extraña, está decidido a no usar a la policía federal para enfrentar ningún conflicto. Y todo indica que no la usará en el caso de Oaxaca a pesar de que miembros de su gabinete no descartan esa posibilidad.

Sin embargo, es claro que el gobierno federal prefiere seguir "negociando" al infinito antes que sacar a la policía a las calles. Y obviamente si un gobierno anuncia a los cuatro vientos que no va a usar la fuerza pública, a pesar de que hay delitos federales que perseguir, las negociaciones efectivamente seguirán hasta el infinito.

Esta visión del uso, o más bien del no uso de la fuerza pública, prácticamente bajo ninguna circunstancia, lo único que hace es debilitar al Estado. El recurso del diálogo, sin la amenaza del uso de la fuerza, lo único que hace es prolongar los conflictos y no resolverlos, o resolverlos a medias, como ha ocurrido en el sexenio de Fox.

Ello no significa, desde luego, que la fuerza pública debe usarse ante cualquier protesta. Significa sólo que debe usarse cuando se viola la ley para castigar al responsable. Así de sencillo.

En este sentido, la amenaza del uso de la fuerza debe servir para disuadir a quien pretende violar la ley. Pero si quien delinque sabe que no se va a usar la fuerza pública en su contra, y así lo anuncia públicamente la autoridad, es evidente que esa persona va a seguir delinquiendo.

No cabe duda que el conflicto de Oaxaca se complica cada vez más, aunque es probable que en la mente del presidente Fox, éste ya se "solucionó". Tal vez para él, la apertura de unas cuantas escuelas y el evitar que la APPO se apodere del gobierno del país sea una solución. En todo caso, todo sugiere que eso será lo que heredará Calderón: un país parchado, con "curitas" aquí y allá, con soluciones "hechizas", con canaletas de desagüe hechas con latas de atún. La gran pregunta es si Calderón quitará los parches y tomará decisiones estructurales que realmente "resuelvan" los problemas o seguirá dialogando al infinito con quienes violan la ley.


Por : trueeyes




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